En una sesión corta y con consenso, Diputados aprobó la Emergencia Alimentaria
Movimientos sociales realizaron una vigilia durante el debate. El proyecto podría abordarse en el Senado el próximo miércoles.
Mientras en los alrededores del Congreso, organizaciones sociales reclamaban por la efectiva sanción de la ley, adentro los legisladores debatían sobre un proyecto que llegó con el consenso de la oposición y que si bien, en un primer momento el oficialismo se mostró reacio, a último momento, aceptó dar el debate y aportar sus votos para habilitar la sesión especial -que requería el voto de los dos tercios de los presentes por no haber pasado por comisión- y aprobar la emergencia.
El titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, celebró ante todo el orden en el que transitó la sesión, y dijo: «Inclusive no compartiendo cosas que se han dicho, hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad» y agregó: «No venimos con baldes de combustible, todo lo contrario, y dejamos de lado cosas que no eran propias del tema».
Respecto de la emergencia alimentaria, el diputado cordobés señaló que «es cierto que el Gobierno podría haber hecho por DNU la prórroga, lo discutimos, pero el proyecto viene a plantear la prórroga hasta 2022 y nos parecía adecuado que esa definición la tome el Congreso».
Por su parte, el jefe del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, elogió que el oficialismo acompañe la iniciativa e indicó que este proyecto viene a «dar una respuesta por parte del Estado frente a una demanda que surgió de diversos sectores». Además, remarcó que «los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales sino con políticas económicas».
En tanto, el titular del Bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner, expresó «si hoy estamos debatiendo acá es porque necesitamos instrumentos que lleguen de manera institucionalizada a los sectores más vulnerables».
Otro de los que tomó la palabra fue el diputado de Consenso Federal, Marco Lavagna, quien señaló: «El problema que tenemos ya no es de coyuntura, es un problema estructural que a lo largo de los años se va complejizando. Primero decíamos que la pobreza estructural era del 18 por ciento, luego del 20 y hoy estamos hablando de una pobreza estructural que está un poco más arriba del 30 por ciento».
El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la emergencia alimentaria, indicó: «Estamos planteando esta ley porque el país está en emergencia. Cualquier política pública para combatir el hambre llega tarde. Algunos se regodean por dar quórum o hablan de que esta ley es un problema fiscal, esto es un problema de fondo que hay que solucionar».
«Llegamos hasta acá con la unidad de todas las bancadas opositoras. El hambre del pueblo no puede ser la variable de ajuste. Quiero decirle a Pichetto que tiene razón esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri», concluyó.
A su turno, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que al principio de la sesión intentó sin éxito que se trate también la emergencia jubilatoria, expresó: «Por supuesto que vamos a acompañar una ley para paliar el hambre de los argentinos, pero desde las PASO los especuladores se la están llevando en pala. Esta ley es un paliativo. Hay que discutir medidas de fondo. Es irreconciliable el interés de los grandes banqueros con el de las mayorías».
Tras la votación en general, la norma pasó a votarse en particular donde el artículo 4 recibió una pequeña modificación en su redacción. Donde el proyecto original decía que se iba a disponer de «un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición», la nueva redacción incluyó «de los créditos presupuestarios vigentes».
Según había explicitado ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso en su informe sobre el impacto fiscal, si el incremento de las partidas se calculaba sobre los créditos vigentes al 31 de agosto -de los programas sociales afectados- el costo de la medida ascendería a $10.489 millones.
Además, la iniciativa votada faculta al jefe de Gabinete a actualizar las partidas trimestralmente, tomando como referencias mínimas el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la variación de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. También, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
