El ministro de Economía y Producción explicó que Entre Ríos está excluida de la comunicación “A” 7.782 del Banco Central, que redujo el acceso de las provincias a compra de dólares para cancelar vencimientos.

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Ballay indicó que la Comunicación “A” 7.782 extendió al sector público, en este caso a las provincias, “el límite que tenían las empresas privadas para acceder a dólares a valor oficial para pagar su deuda en el exterior”.

La normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entró en vigencia el viernes último y, por lo que resta del año, estableció que las provincias solo pueden acceder a un porcentaje de los dólares para cancelar vencimientos y el restante deberán afrontarlo con sus propios fondos o reestructurar sus bonos, todas éstas cuestiones reglamentadas en la norma que regula el acceso al dólar oficial para el pago de deuda en moneda extranjera del sector privado.

Sin embargo, el ministro de Economía y Producción aclaró que allí aparecen “algunas excepciones en esta norma, como la de endeudamientos originados a partir del 1 de enero de 2020 y que constituyan refinanciaciones”. Del mismo modo, recordó que el gobierno de Entre Ríos refinanció su deuda “en marzo de 2021, es decir, en fecha posterior a la estipulada”.

Agregó que otro aspecto de la excepción lo constituía que “esa refinanciación haya permitido alcanzar ciertos parámetros, uno de ellos es que el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superara el 40 por ciento del monto de capital que vencía”. En ese sentido, explicó que el bono original del gobierno entrerriano terminaba de amortizarse en febrero de 2025 “y para ese momento la provincia debía cancelar servicios de capital por 500 millones de dólares”. Con la reestructuración, “el título actual tendrá un vencimiento de capital a esa fecha de aproximadamente 191 millones, o sea el 38 por ciento de los 500 millones originales”.

“La reestructuración nos benefició en aquel momento y ahora también. Entre Ríos está por debajo del 40 por ciento (200 millones de dólares) y por ello, entendemos, entra en esa excepción de la norma”, afirmó Ballay.

Igualmente, adelantó que “se está estudiando con el agente financiero y el estudio jurídico que nos acompañó en la emisión y reestructuración, porque es un tema muy sensible”.

Además, apuntó que “se entiende que existe otra variable entre las excepciones que también nos beneficia: aquellos bonos refinanciados o aquellos títulos nuevos, que no es nuestro caso, deben tener una duración mayor a dos años. La vida útil de nuestro título superó los dos años, así que tenemos dos elementos esenciales para presentarnos ante el Banco Central y solicitar dólares entendiendo que tiene la obligación de concedérnoslos. La interpretación que hacemos es que nuestro caso es distinto al de Córdoba, por lo cual no se judicializaría”.

El titular de la cartera económica aclaró, no obstante, que al Banco Central se le pueden hacer consultas vinculantes, que es un paso previo a la judicialización. Estas consultas se harán en los próximos días”.

“Entendemos que, al haber refinanciado con posterioridad a enero de 2020, estando por debajo del 40 por ciento antes mencionado, y habiendo extendido la duración del bono por más de dos años, deberíamos tener acceso a la compra de los dólares al tipo de cambio oficial, para los servicios de deuda del año”, concluyó Ballay.