Un episodio ocurrido en las últimas horas volvió a encender las alarmas sobre la falta de control en la actividad pesquera en Entre Ríos. Durante la noche, personal de abigeato interceptó un camión en la cabecera del puente que transportaba una importante carga de pescado en condiciones que generan serias dudas sobre su legalidad.
El vehículo, perteneciente al frigorífico Don Quito, vinculado al empresario santafesino Elbio Uleriche, trasladaba alrededor de 11.000 kilos de pescado provenientes de la zona de Villa Paranacito. Según trascendió, la mercadería habría sido reunida durante el fin de semana, período en el que no está habilitado el acopio, lo que agrava aún más la situación.
Al momento del control, el transporte no contaba con la documentación exigida por la provincia de Entre Ríos. En su lugar, presentó una guía emitida en Santa Fe, un elemento que resulta inconsistente tratándose de un recurso extraído en territorio entrerriano.
El caso pone en evidencia un escenario preocupante: la circulación de grandes volúmenes de pescado sin los controles adecuados, en un contexto donde las restricciones buscan preservar el recurso y ordenar la actividad. La magnitud del cargamento y las condiciones en las que era trasladado refuerzan las críticas sobre la debilidad en los mecanismos de fiscalización.
En este contexto, crece el reclamo para que el gobierno provincial mantenga un control mucho más riguroso sobre la salida e ingreso de pescado hacia zonas de industrialización dentro y fuera de Entre Ríos. No se trata únicamente de una actividad económica: detrás de cada kilo hay pescadores que, de manera ancestral, viven de lo que produce el río, pero también trabajadores de plantas y frigoríficos que sienten el impacto cuando el recurso se desvía sin control hacia otras jurisdicciones.
La facilidad con la que se estaría permitiendo la salida de pescado entrerriano genera un doble perjuicio: afecta el equilibrio natural, que depende de capturas reguladas y kilajes controlados, y golpea de lleno a la economía local. En tiempos donde soplan vientos de menor protección, el episodio obliga a replantear el rol del Estado en la defensa de los recursos propios.
Mientras se aguardan definiciones sobre las responsabilidades y eventuales sanciones, el hecho ya impacta en el sector, donde crece la preocupación por la competencia desleal y el riesgo ambiental que implican estas prácticas.