No será un tema a tratar en la actual misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que definirá el desembolso por u$s10.700 millones para marzo. Quizá tampoco para la próxima delegación que comandará Ricardo Cardarelli para mayo y que definirá el segundo desembolso de aproximadamente u$s7.000 millones. Pero será un tema para el segundo semestre del año. Seguramente para el último trimestre. Tanto desde el Gobierno como desde los enviados del FMI comienza ya a hablarse sobre la posibilidad que la gestión de Mauricio Macri finalmente no consiga el tan ansiado y comprometido “déficit cero”.

Y desde las dos partes hay una sensación de que la posibilidad de concretar la meta será difícil en las circunstancias actuales de la economía real del país. Salvo que la actividad comience a recuperarse desde mayo a junio y que en consecuencia los recursos públicos se reactiven. Como esta alternativa aún no se vislumbra, las partes analizan (por separado) una alternativa posible: que se acepte un leve déficit fiscal es año, y que este no supere el 0,4% del PBI. Y que además, este porcentaje debería estar integrado casi íntegramente por “gasto social”. Esto es, los planes asistenciales de todo tipo que el Gobierno de Mauricio Macri aplicará durante todo el año en la Argentina de crisis que le tocará administrar durante este año.

Según los nuevos estatutos políticos internos que quiere manejar el FMI desde que la francesa Christine Lagarde llegó al organismo, las misiones que fiscalicen las cuentas de los países miembros no deben basar los objetivos fiscales en reducciones drásticas y lineales de los planes de asistencia social. En otras palabras, los países que aplican las políticas recomendadas por el Fondo no pueden mostrar menor contención de los sectores postergados por la aplicación de los ajustes fiscales recetados desde las oficinas de Washington. Si para fin de año el Gobierno muestra una distorsión de no más del 0,4% en el déficit fiscal, y si ese porcentaje contiene los planes de ayuda social, confían tanto en el macrismo como en la cúpula amiga del FMI que se podrá negociar un waiver y que el país continuará con la vigencia de su stand by durante 2020, año donde, además, no habrá nuevos desembolsos del FMI y el país debería someterse a cumplir lo firmado en septiembre del año pasado. O, como deslizan algunos dirigentes opositores (comenzando por el kirchnerismo), llamar a una renegociación con el Fondo, un escenario que desde Washington es hoy visto como el averno.

Dudas

El problema que se vislumbre de parte de los visitantes no es el nivel de gasto público y su evolución, donde el Ministerio de Hacienda está mostrando resultados importantes; acompañados por las restricciones monetarias que se ejecutan desde el Banco Central. Las dudas del FMI se concentran en un capítulo particular: la evolución de la actividad económica en el resto del año y sus consecuencias directas en la recaudación impositiva. Lo que ve el FM es que los ingresos tributarios en los últimos meses de 2018 y en enero pasado se mantienen en casi 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Y que, de continuar la tendencia, habría problemas para conseguir los pesos suficientes para sostener el nivel de gastos comprometido.

Si esto se confirma, y si la recaudación no comienza a dar mejores noticias cerca de junio, Argentina debería comenzar a trabajar en nuevas fuentes de ingresos. Para el macrismo pensar en más impuestos (con una presión tributaria insostenible y un año electoral) es una utopía. Le quedaría entonces al país esperar por una recuperación fuerte del nivel de ingresos de dólares, fruto de la mejora competitiva de las exportaciones luego de la devaluación del año pasado. El FMI conoce la situación. Por eso consultó ayer ante el secretario de Agroindustria, Miguel Etchevehere, sobre la cantidad de dólares que ingresarían este año a partir de las exportaciones del campo; número que el exministro ubicó en entre 30.000 y 35.000 millones de dólares.

Sobre el resto de los movimientos de la misión, en su segundo día de recorrida de despachos públicos por Buenos Aires, ayer continuó el cronograma esperado. Cardarelli y sus técnicos se encontraron por primera vez con Nicolás Dujovne, con el que se avanzó en la evolución de las cuentas nacionales. Ayer, al terminar la reunión de Gabinete de ministros, el vocero del encuentro fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Este rechazó que el FMI pidiera una modificación en la carta orgánica del Banco Central y negó presuntas negociaciones con ese organismo respecto de cambiar el sistema de bandas de flotación para el dólar dispuesto por la autoridad monetaria.

En el primer caso, y si bien figuraba en el primer acuerdo firmado con el FMI en junio del año pasado, la idea quedó descartada (por la imposibilidad política de ejecutarla) en el segundo tratado firmado en septiembre del año pasado. Sobre lo segundo, se sabe que el FMI no es amigo del sistema de bandas y que prefiere la aplicación de una política de libre flotación del dólar. Sin embargo, Cardarelli acepta la idea de la ”zona de no intervención”, siempre que se demuestre estabilidad cambiaria y que no se altera el compromiso de estabilidad monetaria.

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