Fuerte rechazo de la Iglesia al proyecto de baja de imputabilidad que se debatirá en Diputados
El Gobierno quiere avanzar con cambios en el régimen penal juvenil.
GROK IA
La Iglesia rechazó el proyecto de baja de edad de imputabilidad del gobierno de Javier Milei
Ante este escenario, Monseñor Braida enfatizó que la respuesta a la problemática de la delincuencia juvenil no puede ser meramente punitiva. «Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves», explicó.
«Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas», afirmó. En este contexto, dirigió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas».
Subrayó que la postura de la Iglesia no es aislada: «Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones».
Instó a evitar respuestas apresuradas ante una problemática compleja: «El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio».
Y reiteró su pedido a Milei y Bullrich: «Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir».
Régimen penal juvenil: el oficialismo va por la baja de la edad de imputabilidad
El oficialismo confía en obtener dictamen favorable para el proyecto, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados.
La centralidad del debate se encuentra en torno a la edad de imputabilidad. Confluyen tres posturas: la del Gobierno nacional, que propuso bajarla a los 13 años, la de un amplio espectro de aliados oficialistas y otros bloques, que consensuan establecerlo en los 14 años, y la de la oposición peronista y del Frente de Izquierda, que quieren conservarla en los 16 años.
En torno a esa discusión se establecerá el dictamen de mayoría, aunque no existe claridad entre los parlamentarios sobre cuánto tiempo tendrán los distritos para adecuarse a la ley.
Si bien la propuesta original del Gobierno planteaba los 13 años como nuevo umbral, el texto consensuado finalmente se inclina por los 14.
Ninguno de los proyectos en discusión contempla partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros de detención para jóvenes.
La postura unánime de todos los bloques apunta a la necesidad de reformar el actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), implementada por decreto en 1980 durante la presidencia de facto de Jorge Videla. También la mayoría de los proyectos piden fortalecer los programas socioeducativos en los centros cerrados de jóvenes, desplegar instancias intermedias a la reclusión como métodos de sanción e invertir en la construcción de infraestructura para los adolescentes.
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