La comisaría de La Tablada. (Foto: Comisión Provincial por la Memoria).
La comisaría de La Tablada. (Foto: Comisión Provincial por la Memoria).

A mediados de enero, el teléfono sonó en el despacho del defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano. Del otro lado, con voz temerosa, una mujer describió episodios aberrantes que ocurrían de forma sistemática en una comisaria de La Tablada. Pedía ayuda desesperada.

Cuatro meses más tarde y tras una intensa investigación, ocho efectivos de la Seccional Policial Tercera de La Tablada fueron arrestados por haber abusado y sometido a torturas y humillaciones a mujeres que debían custodiar.

Las entrevistas a tres víctimas en una cárcel bonaerense resultaron claves en la causa y llevaron a la jueza de Garantías Mari Castillo a ordenar las detenciones de los miembros de la fuerza de seguridad bonaerense.

Los testimonios,  describen con detalle los maltratos más graves.

“No nos daban de comer o nos daban comida podrida”, contó S.M.S, una chica de 23 años, madre de dos niñas pequeñas y adicta al paco. “Nos engomaban -no les querían dar agua y las insultaban- y no nos permitían ir al baño”, agregó.

Sin agua y sin comida, la joven y otra mujer comenzaron a gritar. Y el castigo llegó: «Las hicieron desnudar y entrar a un baño pequeño con la puerta abierta. Les ordenaron que se pongan de rodillas y que hicieran flexiones de brazos y sentadillas. Tuvieron que hacer 80 y mientras las amenazaban con tirarles gas pimienta si paraban».

Cuando se cansaban, les decían «flojas», contó la chica. Y siguió: «De pronto aparecen los paleros». Ese término se utiliza en la jerga carcelaria y hace referencia a los policías que, ante una situación fuera de control o en las requisas, ingresan a los calabozos con palos para golpear a los internos.

“Meten a las otras detenidas al baño con nosotras, éramos como 10 en un espacio re chico y nos obligan a seguir haciendo flexiones a todas, desnudas. Habremos estado otra una hora en total. Algunas compañeras no daban más y las obligaban a seguir, apoyándoles los palos con fuerza en las costillas”, relató.

«El subcomisario (Lionel) Gómez era malo”, dijo en medio de su declaración S.M.S. La mención al pasar tenía sentido: Gómez había asumido la dirección de la comisaría en septiembre, el mes en el que -según la Comisión Provincial por la Memoria- habrían comenzado los vejámenes.

Fue el 5 de enero de 2020.

L.V.C, de 45 años, es empleada doméstica. Tiene un hijo de siete años y nunca había estado detenida. Cayó por una causa de drogas. Al igual que S.M.S aseguró que es inocente y, además, que es víctima de violencia de género. «Él sí estaba en esas cosas, pero no podía denunciarlo porque me amenazaba con sacarme a mi hijo. Vivía paralizada por el miedo», afirmó en relación a su expareja.

La experiencia en la comisaría de La Matanza fue aún peor. «Un infierno», resumió antes de dar detalles sobre la jornada del 19 de diciembre de 2019 en la seccional.

«Todo comienza por una chica detenida que dice que otra tenía un teléfono escondido ‘ahí atrás’. Llaman a los paleros que eran muchos y nos empiezan a requisar, nos hacen poner a todas en fila desnudas arrodilladas. Una de administración pelirroja -que no sé cómo se llama porque no tienen identificación y si levantás la cabeza para mirar, te pegan– se hizo pasar por ginecóloga con el mismo guante y ante la vista de todos los paleros nos hizo requisa genital y anal metiéndonos los dedos. Después que terminaron con todas nos encerraron, en mi caso por cuatro días sin agua, sin comida, y con una bolsa para hacer nuestras necesidades”, dijo sobre las crueldades a las que eran expuestas.

No fue un episodio aislado: el maltrato era constante. Las situación era tan apremiante que L.C.V celebró haber sido trasladada a una unidad penitenciaria. «Volví a vivir», dijo en su declaración. Todavía no puede creer lo que les hicieron y asegura que se siente «quebrada anímicamente».

Pidió en la prisión que «por favor le hicieran un chequeo general». Temía haberse contagiado alguna enfermedad durante la requisa «con un solo guante».

Y.G tiene 38 años y un hijo de ocho. Padece severos problemas de salud. Tiene diagnóstico de SIDA y no está medicada desde que perdió a su hermana hace tres años. También padece hipertiroidismo y epilepsia y le dieron un diagnóstico presuntivo de cáncer de cuello de útero.

Fue detenida por una causa de comercialización de estupefacientes. Ingresó a la comisaría el 20 de diciembre.

Al día siguiente, el 21 de diciembre, vivió en carne propia la crueldad de los efectivos. “Ese día volvieron a hacer requisa y entraron los paleros. A mí y a otras compañeras nos hicieron desnudar y hacer flexiones. Con el mismo guante, personal femenino de la comisaría nos metió la mano en los genitales para revisarnos. Les dijimos que se cambie los guantes y nos contestó que solo había uno. No puedo identificarla porque no tienen placa. Yo le dije que tenía SIDA y por eso me dejaron para lo último, para que no contagie pero yo soy inmunodeprimida y puedo agarrarme cualquier cosa«.

Estos son los relatos de los hechos más graves que sucedieron los días 19 y 24 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de este año en la dependencia de la bonaerense. Dan cuenta la brutalidad de los policías que cometieron abuso sexual, maltrato físico y psicológico.

Además de Gómez, fueron arrestados policías Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, y las agentes Maida Celeste Ruiz y Johana Romero, del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Las tres mujeres que se animaron a hablar no son las únicas víctimas. Habría, al menos, 23.

Otros maltratos

La comisión Provincial por la Memoria, parte de la causa, dio a conocer en un comunicado a fines de enero otros maltratos a los que eran sometidas las detenidas.

«Las detenidas pasaban hambre: recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que les acercaban sus familiares, cuando les llegaba. En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas», apuntaron.

«Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente. Permanecían alojadas en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves», continuaron.

También señalaron que «a los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia».