El referente portuario, acusado de asociación ilícita y lavado de activos, pasó por varios exámenes médicos y era trasladado hacia su casa del Cordón, donde tiene previsto arribar a las 7 de la mañana.

El titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios (CTP) y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez, salió del penal de Ezeiza esta medianoche y tiene previsto llegar a San Lorenzo a las 7 de la mañana para someterse al régimen de prisión domiciliaria, de acuerdo a lo acordado con la Justicia, que lo investiga por asociación ilícita y lavado de activos, según le confirmaron a La Capital.

Juárez dejó durante la mañana del sábado el penal de máxima seguridad para ser trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian donde se le realizaron diversos estudios durante varias horas para verificar su estado de salud. “Especialmente los médicos trabajaron para elaborar un diagnóstico certero sobre sus problemas coronarios y luego permaneció en observación”, explicó uno de sus asesores legales Javier Rabadé.

   Luego señaló que “los médicos que lo atendieron aseguraron que los resultados de análisis y estudios específicos estaban bien, pero decidieron hacer una interconsulta con una clínica ubicada en Monte Grande”, a donde fue trasladado poco después del mediodía.

   Más tarde, tras nuevas revisiones de especialistas, volvió a la sede administrativa del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza donde realizó un trámite final de rigor que le permitió emprender el regreso a su domicilio en San Lorenzo. Según le confiaron a La Capital, los trabajadores portuarios permanecían en alerta simplemente para saludarlo a su paso hacia su vivienda de Hugo Parente 1025 de San Lorenzo, donde deberá permanecer munido de una tobillera que garantizará que permanezca en su residencia.

   Juárez estuvo alojado en el penal de Ezeiza los 23 días que transcurrieron después de su detención cuando fue aprehendido en medio de un operativo cinematográfico desplegado en distintos puntos de Puerto San Martín, San Lorenzo, Roldán y San Luis.

   Se lo acusó por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, extorsión y lavado de activos ilegales en una causa que comenzó a principios de 2018 tras una denuncia anónima por narcotráfico.

   Desde su llegada al penal evidenció algunos trastornos en su salud relacionados a antecedentes de dolencias cardíacas crónicas como hipertensión y un aneurisma de aorta.

   Los defensores del gremialista esgrimieron entonces la necesidad de que se le otorgue la prisión domiciliaria mientras continúe el proceso y luego apelaron ante la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín el auto de procesamiento por diversos “errores técnicos” que ocurrieron durante el desarrollo de la causa y comprometieron el derecho de defensa.

   La medida se fundamenta en que al inicio del expediente se incorporó un requerimiento fiscal por sospechas sobre narcotráfico. Cuando esa acusación cayó por ausencia de pruebas, el juez federal de Campana que entiende en la causa, Adrián González Charvay, dijo que habría otros delitos de índole económico, pero no realizó requerimiento fiscal sobre esa situación.