Identificaron un centro clandestino de detención en la calle Bacacay

El juez Daniel Rafecas identificó como centro clandestino de detención a una casa ubicada en Bacacay, que comparte manzana con Automotores Orletti, y que había sido mencionada por sobrevivientes. Al igual que éste, el espacio sirvió de escenario para secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico militar y estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado, al menos, en 1976. El magistrado dictó orden de no innovar. 

Desde el Juzgado Federal número 3 confirmaron que el centro clandestino de detención, tortura y exterminio funcionó en lo que hoy es una «casa de familia» ubicada en Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, y comparte manzana con «Automotores Orletti», el ex centro clandestino que funcionó en 1976 bajo el mando de militares y civiles de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado por el que pasaron, entre tantas otras, víctimas del Plan Cóndor. Habría funcionado al menos a comienzo del año 1976, según apuntan los elementos que figuran en la causa.

La mención a la existencia de una base en la calle Bacacay que habría funcionado con anterioridad o en forma simultánea a “Orletti” se registró desde el comienzo de la investigación, pero los datos que figuraban en el expediente «eran insuficientes para identificar el inmueble», informó Rafecas. A las descripciones de los testimonios, la referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surge en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. En uno de ellos se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex SIDE junto a los represores ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz.

«La noticia es muy buena», evaluó Pablo Llonto, abogado querellante en la causa, quien lo consideró como «una demostración de que los juzgados de instrucción pueden hacer muchas tareas de investigación durante la cuarentena» que obligó a establecer una feria judicial en la que la inmensa mayoría de las tareas se deben realizar por la vía remota.

Los testimonios definitorios

El dato crucial para la confirmación de que la casa de Bacacay 3570 funcionó como centro clandestino es un croquis de la vivienda. Un plano que repitieron, de manera casi idéntica, dos personas. Una de ellas es María Ester Poggi, quien compró en 1977 el inmueble junto a su esposo. Tras adquirir la vivienda, el matrimonio le hizo reformas. Fue durante esa contrucción que descubrieron que la casa tenía un sótano, donde encontraron «unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, y también zapatos de hombre».

Poggi declaró en la causa en septiembre de 2019. Entonces, realizó un croquis de cómo era la casa de Bacacay originalmente, previo a las modificaciiones estructurales que le realizaron con su familia. El plano a mano alzada coincidió plenamente con el que realizó Emma Lebozec», una de las sobrevivientes, describieron desde el juzgado federal 3. Emma Lebozec ampliará su testimonio la semana que viene.

En tanto, en mayo pasado declararon dos sobrevivientes –a través de videoconferencia–  y aportaron datos que sumaron peso para confirmar el uso de ese inmueble. Una de ellas fue Ana Larrea de Jaroslavsky, quien desde París situó la cocina de la casa en el mismo lugar en donde la ubican Poggi y Lebozec, que es en fondo. «Situa el baño también, habla de un patio de tierra y cemento y de un sótano, al que describe como una especie de ‘cueva'», ampliaron.

Una última confirmación provino de un dato que una víctima que ya falleció aportó hace tiempo –su testimonio quedó registrado en un video–. Se trata de Mercedes Naveiro, quien cuando tuvo que describir el lugar en el que había permanecido cautiva, detalló que era una casa que tenía dos cocinas. Desde el despacho de Rafecas se intentó confirmar este dato con Poggi, quien coincidió.

Un nuevo expediente

Los avances se dieron en el marco del tramo vinculado a Orletti que Rafecas dirige dentro de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. El lugar sería escenario de secuestro de muchas víctimas que hasta el momento desconocían su lugar de cautiverio. Naveiro falleció sin saber en dónde la habían torturado. Lebozec y Larrea de Jaroslavsky lo saben ahora.

Rafecas tampoco descartó que el sitio haya servido también para las operaciones de Plan Cóndor, «no sólo por su vinculación con ‘Automotores Orletti’ sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos», puntualizaron fuentes cercanas al juez.

De la instrucción se desprende que «las víctimas eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello», difundieron desde el Juzgado.

Tras la confirmación, el magistrado dictó la prohibición de innovar sobre el inmueble y ordenó una identificación por video y fotografías de los ambientes del lugar que pudieran ser reconocidos por testigos. Además, seguirá tomando testimonios. Según aportaron desde el despacho judicial el «descubrimiento da inicio a una nueva investigación en la cual habría estado comprometido el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dirigida por aquellos años por el fallecido General Otto Carlos Paladino».