Luis Carranza Torres y Carlos Krauth

El reconocido jurista argentino, Jorge Malem, afirma en su artículo “La vida privada de los jueces” que las sentencias judiciales no solo tienen un valor jurídico, sino que también “… cumplen la función simbólica de afirmar, promocionar y reforzar los valores que el derecho defiende”.

Eso implica que, si quien dicta la sentencia no cumple con las condiciones morales que la hacen creíble para los destinatarios, esta pierde su fuerza motivadora. Por esa razón, sostiene, que “los jueces han de tener un especial cuidado en no realizar aquellas acciones que serían consideradas como merecedoras de crítica moral”.

Es en virtud de eso que, a los jueces, se les impone el deber de evitar desplegar conductas que “disminuyan su cargo y su función o que ofrezcan apariencia de parcialidad o impropiedad”, desde que, por lo antes dicho, “es necesario que mantengan una actitud virtuosa…”, porque si ello no ocurre los ciudadanos dejarán de creer en su labor, extendiéndose esta sensación a todo el sistema de justicia.

Hacemos esta introducción porque, lamentablemente, en los últimos tiempos están aumentando las conductas de algunos magistrados -que por suerte no son mayoría- transgresoras de las reglas del comportamiento socialmente esperado de personas que ocupan un rol de poder tan importante en un Estado de Derecho. Se trata de hechos lamentables que no hacen más que agravar la caída en la consideración pública nacional del Poder Judicial.

Precisamente, en los últimos días ha ocupado espacio entre la opinión pública la situación de la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, quien debió renunciar a la presidencia que ostentaba de la Asociación de Mujeres Jueces, a raíz del pedido de juicio político que se le hiciera, como consecuencia de una investigación publicada en la revista ANÁLISIS, por el periodista Daniel Enz.

Según tal investigación, Medina, entre 2016 y 2025, estuvo ausente de su trabajo como jueza durante aproximadamente 668 días hábiles, lo que equivale a más de tres años judiciales completos.

Asimismo, entre 2016 y 2021, bajo el argumento de que se trataba de capacitaciones, actividades institucionales, académicas o vinculadas con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, realizó 28 viajes al exterior, agravándose esto -según la denuncia- por el hecho de que, en todos los casos, no solo cobró su salario íntegramente, sino que además recibió, en alguna oportunidad, viáticos del Poder Judicial entrerriano.

Precisamente, este asunto de los viáticos es otro tema espinoso, ya que en algunos de sus viajes se denuncia que no solo se hacía llevar por un chofer del Poder Judicial entrerriano, sino que los viáticos que cobró serían más altos que los que le podrían corresponderle.

Independientemente del resultado del juicio político, creemos que su comportamiento evidencia un patrón de conducta compartido por muchos funcionarios públicos, que demuestra una actitud de menosprecio por el cargo que ocupan, el que usufructúan como si fuesen sus dueños, o como una suerte de prebenda al que debe sacársele el mayor “jugo” posible, olvidando que deben ejercerlos como servidores públicos de los ciudadanos que, de manera directa o indirecta, los han puesto allí.

Paradójicamente, en los últimos tiempos han sido varios los casos judiciales de magistradas que han tenido que renunciar o enfrentar jurys como consecuencia de conductas reñidas con el comportamiento que se espera de ellos. Basta recordar a la jueza de La Rioja, Norma Abate de Mazzuchelli, acusada de haber pedido coimas millonarias a justiciables, lo que le valió ser suspendida en su cargo de vicepresidenta por la Comisión Directiva de la misma Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, de la que la jueza Medina era su presidenta. No nos olvidamos tampoco de la jueza de Chubut destituida por ser filmada en la cárcel a los besos con un condenado por ella, y ni hablar de la ex jueza Makintach, quien quiso usar su cargo en el juicio por la muerte de Maradona para filmar una serie en la que parece que quería ser la estrella de la producción.

No es algo que guarde relación alguna con el género, ni con determinado nivel de jurisdicción, pues como refiere el periodista Iago Vieyra en una nota de Infobae, el plenario del Consejo de la Magistratura archivó a mediados de octubre de este año 176 expedientes que contenían denuncias contra jueces federales. “En su gran mayoría fueron desestimadas in límine -sin ser analizadas en profundidad- o por caducidad, luego de que pasaran tres años sin avances desde su radicación”, se expresa en tal artículo.

Tal vez casos como el de Medina o Makintach sean solo la punta del iceberg de una corriente de inconductas judiciales arraigadas en ciertos sectores de la justicia, más comprometidos con el desarrollo propio a expensas del erario público que con trabajar por los justiciables. Seamos asimismo claros: el usufructuar ilegal o inmoralmente un cargo, posición u oficio, es una conducta propia de cualquiera (varón, mujer, miembro de la justicia ordinaria o federal) que cree ocupar un lugar “privilegiado” que lo transforma en un ser superior a los demás mortales, olvidando que todos somos naturalmente iguales y que las condiciones particulares que poseemos no nos hacen mejores ni peores, sino que solo nos crean responsabilidades adicionales, las que deben ser debidamente honradas.

En cualquier caso, revelan la pérdida de una vocación de servicio que, estando implicado el impartir justicia, resulta por demás preocupante.

 

(*) Carranza Torres es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas. 

(**) Krauth es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

(Esta columna fue publicada originalmente en el sitio Comercio y Justicia)