La diputada provincial, Gracia Jaroslavsky, presentó un proyecto de ley que establece que “se garantice el acceso inalámbrico gratuito a Internet a todos los estudiantes primarios y secundarios que estén matriculados en el sistema público de educación de la provincia de Entre Ríos” y también a “los maestros, profesores y demás personal que lo requiera en el cumplimiento de sus tareas”.jaroslavsky_gracia_grande_1
La legisladora afirmó que “la evolución y las necesidades de interconexión venían creciendo a un ritmo vertiginoso cuando el cisne negro de la pandemia por el Covid-19 irrumpió en la vida de todo el planeta y lo que era un avance de acuerdo a la demanda se ha convertido en una obligación de los Estados para asistir a la ciudadanía”. Fue en este marco que presentó un proyecto de ley para que se garantice el acceso inalámbrico gratuito a Internet al estudiantado y al personal docente.

Para Jaroslavsky, si bien una de las metas como política pública de los Estados debe ser “proveer de internet libre y gratuita entendiendo a éste como un servicio público, hoy -ante la emergencia- debemos al menos garantizar los derechos de la población en algunas áreas primordiales como es el acceso a la educación”.

El principal objetivo del proyecto de ley es “reducir la brecha digital existente” y se apunta a “facilitar el acceso a las plataformas digitales implementadas para encuentros virtuales y a diferentes modalidades de aprendizaje y/o realización de trámites virtuales y/o reuniones de trabajo y planificación, según sea necesario, garantizando el ejercicio pleno de los derechos a la educación”.

La idea que “los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar tengan garantizado el servicio gratuito de Internet y puedan acceder a las propuestas educativas en el marco de la modalidad virtual de clases que rige actualmente a causa de la pandemia por el COVID-19”.

Para poder cumplir con la norma, “el Poder Ejecutivo deberá llamar a licitación pública a los proveedores de internet registrados en el ámbito de la provincia y/o en su caso celebrar acuerdos temporales con empresas que brinden servicios de telecomunicaciones por un plazo no mayor de seis meses”.

“Los gastos que se demanden serán imputados a partidas extraordinarias o de excepción, según corresponda”, indica el proyecto en el que se agrega que “la autoridad de aplicación será la Secretaria de Modernización del Estado en articulación con el Consejo General de Educación”.

En los fundamentos del texto, Gracia Jaroslavsky afirma que “hay muchas voces en el mundo que comienzan a pregonar la idea de que el acceso gratuito a Internet debería convertirse en un derecho humano básico al que todos deberían poder acceder sin supervisión alguna y sin censura”.

“La evolución y las necesidades de interconexión venían creciendo a un ritmo vertiginoso cuando el cisne negro de la pandemia por el Covid-19 irrumpió en la vida de todo el planeta y, lo que era un avance de acuerdo a la demanda, se ha convertido en una obligación de los Estados para asistir a la ciudadanía”.

En este sentido fue que manifestó que “quienes no tienen posibilidad de conectarse a una red de internet ven cercenados sus derechos a la educación, la salud, la información”.

Al dar cuenta de la “enorme brecha digital que tiene el país”, Jaroslavsky sostuvo que “según la Prueba ‘Aprender’, el 19,5% de los alumnos de Primaria y el 15,9% de los de Secundaria no cuentan con acceso a Internet en el hogar”, lo que claramente “limita las oportunidades pedagógicas en este contexto de pandemia”.