Juicio a la carmelita: ¿otro aplazamiento?
El proceso debió concretarse en marzo último y fue aplazado para junio, pero ahora los abogados defensores pidieron un nuevo examen médico de la religiosa, que está recluida en un convento de la provincia de Buenos Aires, para determinar si está en condiciones de viajar a Gualeguay donde se realizarán las audiencias.
En principio, el juicio estaba previsto que arranque el martes 12 de marzo, pero los abogados de la religiosa, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, pidieron un aplazamiento en razón de un desmejoramiento en su estado de salud. Luego de una evaluación encargada al Departamento Médico Forense del Poder Judicial, y en función de la recomendación de reposo para Toledo, el tribunal dispuso que el juicio arranque el 11 de junio, y se extienda durante los días 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 28 de junio en Gualeguay. El tribunal que está previsto que presida las audiencias del juicio está compuesto por los jueces María Angélica Pibas, Darío Crespo y Javier Cadenas, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.
Pero el inicio del juicio vuelve a zozobrar.
El Tribunal recibió una petición de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli: que la religiosa sea sometida a una nueva evaluación médica.
El texto de la petición, a la que accedió Entre Ríos Ahora, dice: “Venimos por el presente a manifestar que conforme se nos informara desde el convento Hijas de San José de la ciudad de Buenos Aires, nuestra asistida presenta un cuadro extremadamente complejo de salud, sumada a su enfermedad crónica de base (cáncer), se le ha detectado diabetes y posiblemente deba ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Solicitamos en consecuencia que tal como se hiciera en la anterior oportunidad, se encomiende la revisación clínica de nuestra pupila, dictaminando sobre la posibilidad y conveniencia de someter a Luisa Toledo al desgastante stress que implica todo juicio penal, atendiendo al agravamiento de su estado delicado de salud”.
Toledo fue denunciada por dos exreligiosas del convento de Nogoyá por privación de la libertad y aplicación de tormentos.
Sin control
Marcelo Albarenque, hermano de una de las víctimas denunciantes, dice: “El convento era peor que una cárcel para las religiosas. En una cárcel, uno sabe las normas de funcionamiento, recibe control, existe el Patronato de Liberados, existe el Ministerio Fiscal, el Juzgado de Ejecución de Penas, la visita de familiares, la alimentación, la educación, la salud, Todo eso estaba vedado a las monjas. Era peor que una cárcel. Acá, en este convento, no hay control. El monasterio de Nogoyá está adherido a las constituciones de las carmelitas de 1990, que son más rigurosas, de corte medieval. La única auditoría que por Código de Derecho Canónico debe recibir es la del ordinario del lugar, en este caso el obispo de Paraná. Pero sistemáticamente, Tanto Mario Maulión como Puiggari han omitido este deber de vigilancia”.
Al respecto, revela que Maulión -que fue arzobispo entre 2003 y 2010-, hoy arzobispo emérito de Paraná, supo en su momento de las vejaciones que ocurrían hacia el interior del convento carmelita de Nogoyá y no actuó. “Dos de mis hermanos le contaron lo que hasta ese entonces sabíamos. que era un 5% a un 10% de lo que ocurría. Luego, nos enteramos de cuestiones más escabrosas, y entre ellas, la privación de la libertad o el impedimento de salir del claustro cuando las religiosas lo pedían. Pero a pesar de saber todo lo que ocurría, Mario Maulión no hizo nada. Puiggari, tampoco. Cuando mi hermana logra salir del convento, se reunió con ella, la escuchó durante muchas horas en su residencia de calle Etchevehere. Mi hermana le dio el detalle de todo lo perverso que se vivía ahí adentro. A las dos o tres semanas, cuando se vuelven a encontrar, él le pregunta si quería retractarse de algo de lo que había dicho. Mi hermana le dijo que no se iba a retractar, sino que tenía más para contarle. Después de mucho esperar, no logramos nada del obispo”, recuerda.
-¿Qué tipos de castigo les aplicaban a las religiosas en el convento?
-Podría hablar durante mucho tiempo de las cosas escabrosas que pasaban ahí adentro. Pero dicho por las propias monjas que lograron salir, afortunadamente, le peor tortura es la psicológica. En lo físico, también. Hubo privación del contacto familiar, privación del aseo -pasaban hasta una semana sin bañarse-, la obligación de pasar en su celda, un espacio de dos metros por tres metros, sin luz del sol, durante una semana, alimentándose a pan y agua. El uso del látigo y el cilicio, fuera de las previsiones normativas, el arrodilarse durante dos o tres horas, escuchando reprimendas de las superioras. Esos eran los castigos. A una de las chicas la obligaba a formar la cruz con la lengua en el piso, a cortar el pasto con sus propios dientes. No se me ocurren perversiones más graves que esas. Y esto ocurría en un convento.
-¿Puiggari sabía y no hizo nada?
-Puiggari sabía todo. Pero miente. Está claro que la principal responsabilidad de lo que ocurría en el carmelo era de la superiora del convento, Luisa Toledo, una persona que está a punto de someterse a un juicio oral, salvo que encuentren una nueva acción dilatoria. La responsabilidad de Puiggari es la de contralor del convento. Nunca lo ejerció. Dos años antes de que el caso tome estado público, en 2016, mi hermana sale del carmelo y lo puso en conocimiento a Puiggari de todo lo que pasaba. Pero Puiggari no hizo nada.
El caso
La causa del convento carmelita, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.
Zanjada esa cuestión, los defensores reprocharon la calificación legal que hizo la Fiscalía del hecho imputado a la monja Toledo, “privación ilegítima de la libertad agravada”, por entender que “el encuadramiento que ha dado la Fiscalía a los hechos imputados (sin perjuicio de la discusión que luego haremos sobre la descripción del mismo), son absolutamente improcedentes, no solo por no adecuarse típicamente la conducta endilgada, sino porque surge clara la falta de adecuación de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo escogido”.
“La complejidad de la causa hizo incurrir en diversos errores involuntarios a la Fiscalía. Dichos yerros terminan acarreando la nulidad de la remisión, y así lo solicito”, plantearon.
La monja Toledo fue separada de su cargo al poco tiempo de que se conocieran el escándalo del convento.
Ahora reside con la Congregación de Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, una orden religiosa fundada por el monje alemán Andres Amrhein en 1885, que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”,contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Finalmente, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
Entre Ríos Ahora
