Por Osvaldo Bodean (*)

Elegante y de contextura delgada, no debería llamar la atención a nadie que los cercanos le digan “Flaca”. Entre esos cercanos se alista Sergio Daniel Urribarri. Personas de su entorno dicen haberlo escuchado llamarla de ese modo a Claudia Mizawak, incluso cuando él ya era gobernador de Entre Ríos y ella Vocal del Superior Tribunal de Justicia. Un trato cargado de afecto y de confianza, comprensible en razón de sus historias vitales acompasadas y entrecruzadas, aunque desaconsejable si se pretende cuidar las formas de la independencia de poderes… Aunque habrá que admitir que las “formas” no valen nada si no exteriorizan el “fondo”…

“La Flaca” asumió en el máximo órgano del Poder Judicial en diciembre de 2007. Jorge Busti la había postulado en el último tramo de su tercera gobernación, a instancias de su súper ministro de gobierno –y también presidente de CAFESG-, Sergio Daniel Urribarri, el mismo que en aquel diciembre accedió al sillón de Urquiza, tras ser “bendecido” como candidato por el dedo de su predecesor, con quien luego se pelearía “a muerte”… Pero esa es otra historia…

Quiere decir que ambos llegaron simultáneamente a la cúspide de dos poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial. ¿“Viajaron” por senderos separados y por casualidad se encontraron allá arriba? ¿O más bien, a juzgar por los antecedentes, ocurrió todo lo contrario: escalaron “juntos a la par”, como diría Pappo?

Un primer capítulo de ese ascenso sincrónico muestra a la aún muy joven Claudia Mizawak defendiendo al entonces también joven legislador Sergio Urribarri, cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, conducida por Oscar Rovira, lo había denunciado por “defraudación” a la administración pública. Años después, en 2004, aquellos servicios tuvieron su primera recompensa política relevante. Siendo él algo así como un “súper ministro”, ella fue la elegida para ser Fiscal de Estado, trampolín desde el cual saltaría, 3 años más adelante, al mismísimo “Supremo” tribunal.

Su postulación para Vocal cosechó no pocas críticas opositoras. Por caso, el radicalismo puso en duda su “idoneidad política-institucional”. El centenario partido sospechaba que Mizawak llegaba al “Superior” para asegurar la impunidad de sus compañeros ante eventuales denuncias de corrupción. En efecto, en un documento publicado en 2007, la UCR hizo notar que “ante el Superior Tribunal de Justicia en general, y fundamentalmente, ante la Sala que pasaría a integrar Mizawak (la sala penal) se sustancian las principales causas donde están involucradas la gestión de Gobierno y las conductas de los funcionarios, lo cual pone de manifiesto que es razonable pensar que la misma Mizawak tendría que juzgar estas causas, especialmente de un Gobierno del que ha venido formando parte desde hace mucho tiempo, por un lado, pero además, porque es de público y notorio, que la Dra. Mizawak ha sido la abogada personal del actual Gobernador…”. Vale aclarar que se referían a Jorge Busti, de quien también había sido abogado…

Lo que vino después ya es asunto más conocido. En su currículum actualizado se podrá agregar que ejerció la presidencia del STJ. Sus críticos incorporarán a su trayectoria aquel voto en favor de la liberación de Juan Pablo Aguilera, el 24 de diciembre de 2018, habeas corpus mediante, con el argumento de que el sistema carcelario no garantizaba una adecuada separación entre condenados y no condenados. O puede que agreguen su más reciente voto en favor de la apertura del jury contra la fiscal Cecilia Goyeneche. O aquella denuncia por sobresueldos que sacudió al Supremo cuando ella lo presidía.

El presente ofrece facetas que invitan a inferir que se consolida su poder y el de su entorno más directo. Por caso, acaba de ser postulada para otra vocalía del Superior Tribunal de Justicia la doctora Gisela Schumacher, quien, además de ser la pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, en su momento integró el mismo estudio jurídico que Mizawak. Es más, ambas han firmado de manera conjunta ponencias sobre cuestiones jurídicas, que han sido publicadas por revistas especializadas.

A ello debe agregarse que, según el relevamiento difundido por la Revista Análisis, familiares de Mizawak ascienden en la estructura política del gobierno entrerriano. Por caso, su sobrino, el contador Ramiro Camino, fue nombrado presidente de ENERSA. Susana y Germán Mizawak, primos de “La Flaca”, también son funcionarios. La primera es gerente de la filial Santa Fe del IAPS, y el segundo acaba de asumir al frente de Sidecreer.

Cuestiones de familia de la Vocal ya habían sido noticia allá por marzo de 2016, cuando la Revista Análisis revelara una llamativa coincidencia: que el padre y la hija de Mizawak integraban dos constructoras con la misma dirección fiscal que las empresas de los hijos y los hermanos del ex gobernador Urribarri, en Capital Federal.

Respecto de Schumacher, una aclaración: nadie duda de sus pergaminos jurídicos. Injusto sería suponer que la acaban de postular sólo por sus vínculos con Giano y con Mizawak. Ahora bien, ¿no hay otras mujeres con similares conocimientos y capacidades en la Justicia entrerriana, con atributos para ser vocales? Me atrevo a apostar que las hay, y no pocas… Algunas de ellas, no muy queridas en el poder por sus implacables fallos en causas por corrupción…

Volviendo al historial compartido de Mizawak y Urribarri, no está de más hacer memoria acerca de la actuación que le cupo a ella como su abogada. Allá por el año 2001, cuando ya el gobierno de la Alianza caminaba por la cornisa, Urribarri conseguía una gran victoria en la Justicia, para sacarse de encima la denuncia por corrupción que había formulado en su contra la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), conducida por Oscar Rovira.

A Urribarri le habían endilgado el manejo fraudulento de millonarios fondos para subsidios. La FIA aseguraba que había desviado el dinero de los subsidios para el pago “de bienes o actividades totalmente ajenas a los fines establecidos por las normas reglamentarias y alejadas de situaciones de gravedad o carencia”.

Justo el día en que se producía el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el Superior Tribunal de Justicia, entre cuyos integrantes ya figuraba Daniel Carubia, le dio la razón a la abogada Mizawak y a la otra defensora de Urribarri, la doctora Rosario Romero –hoy ministra de gobierno-, que habían solicitado que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no fuera admitida como “querellante” en la causa.

Es interesante el argumento al que apelaron en aquella ocasión para sacarse de encima a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Mizawak y Romero plantearon que el querellante sólo podía ser admitido “a partir de iniciada la instrucción formal”, paso que no se había concretado. El ataque a la FIA se volvió jaque mate porque, como quedó expresado en aquel fallo del STJ, no habría instrucción formal posible mientras Urribarri siguiera protegido por sus fueros de legislador. Ergo, aquella sentencia de Chiara Díaz, Carubia y Carlin, que dio la razón a las dos exitosas abogadas, limpió la foja de servicios del dirigente que, poco tiempo después, sería el mandamás del gabinete durante el tercer gobierno de Busti y, más adelante, lo sucedería en la gobernación.

En “el ascensor de al lado” subía “La Flaca”. Hizo escala en la Fiscalía de Estado y finalmente llegó al piso de arriba, la vocalía del STJ, justo cuando su otrora cliente arribó a lo más alto del Ejecutivo.

Ella y él, “La Flaca” y “El Pato”, serían coprotagonistas de la famosa ley de enganche, esa que permite a todo el Poder Judicial entrerriano ajustar sus haberes automáticamente en base a las actualizaciones que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En entrevista a fondo con El Entre Ríos, Mizawak no disimularía su orgullo por haber gestionado el bendito enganche. Aclaró que no fue producto de una negociación secreta ni espuria sino el resultado final de 6 meses de trabajo de la «Mesa del Consenso Salarial», donde confluyeron el sindicato (AJER), la Asociación de Magistrados, dos vocales del Superior Tribunal de Justicia y representantes de los dos ministerios públicos, la Procuración y la Defensoría. Y enseguida alabó a la ley 10068 considerándola sinónimo de «autonomía presupuestaria» e «independencia judicial», porque dejó atrás las desgastantes pujas con los empleados y con el Ejecutivo para actualizar los salarios. «¿Usted sabe lo que es todos los años estar discutiendo cuánto se aumenta y, en tiempos de mayor inflación, cada tres meses?», preguntó…

Por respeto nomás, el periodista que la entrevistó se guardó una contrapregunta: ¿Sabe usted que la enorme mayoría de los “mortales” del pueblo, tanto empleados privados como públicos, no gozan de ningún enganche, y sus salarios –como decía el General- suben por una decrépita escalera de peldaños rotos, mientras los precios lo hacen por el ascensor?

Fue en aquel mismo reportaje cuando sacó a relucir toda su indignación por la denuncia de los “sobresueldos”. Con visible enojo, Mizawak no dudó en calificar como «una injuria gratuita de un abogado local» a la versión sobre el pago de sobresueldos en el mismísimo Superior Tribunal de Justicia, en obvia alusión al Dr. Rubén Pagliotto, e incluso deslizó que el Superior Tribunal estaba “pensando» en una hipotética acción judicial contra el letrado por sus «expresiones injuriantes»…

Aquella acción judicial, al parecer, nunca llegó a efectivizarse. Cinco años después, lo que sí se hizo realidad es que la Vocal, en su carácter de miembro del Jurado de Enjuiciamiento, votó en favor de la apertura del Jury a la Fiscal Cecilia Goyeneche, denunciada –entre otros- por aquel mismo “abogado local” injuriante…

En fin, como diría el “Pampa” José Larralde, “cosas que pasan”…

(*) Periodista – Publicado en El Entre Ríos