Durante los primeros cinco meses de este año, un grupo de policías cobró 27 millones de pesos por servicios adicionales para la custodia de camiones blindados que en realidad nunca se prestaron. Esta es la hipótesis central que investiga la Fiscalía, a partir de la denuncia formulada por la propia Policía de Entre Ríos, al advertir ciertas inconsistencias e irregularidades.

Luego del análisis de pericias, documentos y testimonios, en los últimos días se sumaron cinco imputados más a los cinco acusados inicialmente.

Uno de los imputados es quien se desempeñaba como jefe del servicio adicional, el comisario inspector Fernando Oscar Urquía, área que funciona en la órbita de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública. En la parte administrativa, también aparecen involucradas dos personas: la sargento de la sección Cobradores de esta División, Vanesa Marina Paola Bértoli, quien cargaba los datos en el sistema.

En la lista de imputados por presuntamente cobrar los adicionales no prestados están, además de Bértoli, se encuentra Julia Evangelina Sangoy y Mauricio Javier Colignon y Walter Ramón Broder. Los nuevos acusados son Pedro Alberto Arena, Gabriela Yolanda Arena, Walter Sebastián Dettler, Maximiliano Felipe Monzón y Sergio Gustavo Sánchez.

El caso salió a la luz por la denuncia radicada en la Fiscalía de delitos contra la administración pública, a cargo de Gonzalo Badano, por la División Asuntos Internos de la Policía provincial, que advirtió la situación irregular a partir de un policía que había pedido el traslado de esta área por haber observado cosas que no le parecían bien.

Paralelamente, se tramita el expediente administrativo interno en la fuerza de seguridad. Los primeros cinco acusados en la causa fueron puestos a disponibilidad, mientras que los nuevos acusados siguen cumpliendo funciones debido a que no está confirmado si tuvieron la misma participación que los demás, o un rol menor, según se informó desde la Policía.

La suma de los 75 millones supuestamente desviados surge a partir del análisis de las pruebas presentadas, sobre los adicionales que se pagaron se cargaron al sistema y efectivamente abonaron a policías, por el servicio de custodia y transporte blindado de valores del Banco de Entre Ríos.

En las últimas semanas, la discusión en la causa pasó por la cuestión de las pericias a los celulares. Inicialmente, la jueza Paola Firpo habilitó que se periten los teléfonos oficiales que fueron secuestrados, pero no los personales de los efectivos policiales porque consideró que se iba “a la pesca” en busca de datos. Esta medida fue revertida en la instancia del Tribunal de Juicio y Apelaciones, que concedió la pericia solicitada por Badano. La información que pudiera surgir de los celulares podría demostrar (o no) si había comunicación entre los implicados sobre la maniobra investigada y si existían retornos de quienes cobraron el dinero hacia los otros intervinientes en el proceso de carga de adicionales.