El Consejo Empresario de Entre Ríos manifiesta su preocupación y rechazo por la intervención y el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentín S.A. Las intromisiones excesivas del Estado en ámbitos del sector privado son perjudiciales para las instituciones democráticas y republicanas que rigen al país, así como para la economía.5edece438645f_1004x565 (1)

La iniciativa privada es insustituible, incluso en contextos adversos como el que atraviesa el mundo a causa de la pandemia. Los privados, la iniciativa que los motoriza y la búsqueda de la rentabilidad que persigue cualquier persona a la hora de trabajar, no pueden ser reemplazadas por el sector público. Debe ser facilitada para que el progreso económico se transforme en desarrollo.  Es función del Estado promover este desarrollo impulsando la creación de empresas, no interviniéndolas.

Es parte del riesgo empresario atravesar por momentos de estrés financiero, así como es posible también que Directores de empresas incurran en conductas tipificadas por la ley penal de nuestro país. En caso de que eso ocurra, debe acarrear sanciones penales para los empresarios o para los funcionarios de turno que se vieron involucrados. Pero esto no puede ser justificativo de la nacionalización de una deuda privada, a través de una intervención que se extralimita y entromete en la órbita del poder judicial y que finalmente busca la declaración de utilidad pública de una empresa a los fines de ser expropiada. Máxime cuando existen otras empresas que operan en nuestro país con interés de adquirir a la concursada.

En este marco no se comprende el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, tomando por decreto la Dirección de una empresa privada concursada y planteando un debate sin precedente en la opinión pública en un contexto de pandemia.

Desde el Consejo Empresario de Entre Ríos se espera la reflexión de todo el arco político nacional y provincial a los fines de generar una salida a esta situación que no sea la expropiación y nacionalización de la deuda de una empresa concursada que puede ser vendida en el mercado, salvando la fuente de trabajo y resguardando la seguridad jurídica y las arcas públicas.