El Gobierno nacional salió a marcarle la cancha al juez federal Martín Cormick, luego de que hiciera lugar a un amparo y frenara la implementación del Protocolo Antipiquetes. La senadora Patricia Bullrich y su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticiparon que apelarán la resolución. «No daremos un paso atrás», advirtieron.

Este lunes, el magistrado a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, determinó la nulidad de la medida represiva diseñada por la propia Bullrich en su etapa como funcionaria del Poder Ejecutivo. La decisión se dio en el marco de una presentación colectiva realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su argumentación, consideró que «ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos».

 

Siguiendo esa línea, señaló que la Constitución Nacional subraya que «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

La respuesta del Gobierno al fallo contra el Protocolo Antipiquetes

El Gobierno no tardó en salir a responder. Lo hizo, en primer lugar, a través de Monteoliva, quien entró en funciones como ministra luego del salto del Ejecutivo al Legislativo de Bullrich. «Sin protocolo no hay orden, hay caos», dijo en un mensaje de «X».

Luego cargó contra el juez al que acusó de «intentar avanzar» sobre el Protocolo Antipiquetes. «Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina», prosiguió.

 

Respecto a los próximos pasos, la ministra de Seguridad anticipó que se presentarán ante la Justicia en busca de una resolución favorable. «No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar», agregó.

En defensa de la medida «antipiquetes» dijo que tiene «fundamentos técnicos, jurídicos y operativos» que intentarán defender «a toda costa» porque se trata de una herramienta «que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz».

Minutos después la acompañó Bullrich con un mensaje, también vía redes sociales. «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos», aseveró.

En igual sintonía que Monteoliva, cargó contra Cormick. «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización», denunció.

Para la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, los perjudicados «siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz». «Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás», cerró.

El Ministerio de Seguridad también emitió un comunicado al respecto en el que, tomando como base las palabras de Bullrich y de Monteoliva, reafirmaron que se apelará esta decisión de la Justicia. «Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden», señalaron.

defiende la implementación de la herramienta al asegurar que desde que se puso en marcha «permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad».

También negaron que sea una medida que busque «prohibir» sino «ordenar» el espacio público. «Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros», añadieron desde la cartera nacional. «Sin Protocolo vuelve el caos y el desorden. Con Protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos», concluyeron.

Qué establecía el protocolo antipiquetes que la Justicia declaró inválido

El esquema antipiquetes diseñado por Bullrich habilitaba la intervención directa de las cuatro fuerzas federales —junto al Servicio Penitenciario Federal— ante cualquier tipo de corte o bloqueo, ya fuera total o parcial, sin necesidad de contar con una orden judicial previa. El objetivo declarado era despejar la vía pública mediante el uso de una fuerza “mínima y suficiente”, que debía escalar según el nivel de resistencia de los manifestantes.

El protocolo también preveía la identificación obligatoria de todas las personas que participaran de la protesta, así como de quienes la organizaran o instigaran. En ese marco, se autorizaba además el relevamiento de conductores y vehículos utilizados para el traslado de manifestantes, con la posibilidad de aplicar sanciones que incluían la retención o incautación de los transportes.

Asimismo, se establecía la notificación a la Justicia en casos de supuestos daños ambientales, como la quema de neumáticos, y la intervención de organismos de protección cuando hubiera presencia de niños o adolescentes en las movilizaciones. En esos casos, el protocolo contemplaba sanciones para los adultos responsables, un punto que fue especialmente cuestionado por CELS, impulsores del amparo.