El diputado provincial Néstor Loggio y su par Silvia Moreno (Frente Creer), acompañados por la totalidad de la bancada, presentaron un proyecto de ley para garantizar accesibilidad al cannabis con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor en Entre Ríos, en consonancia con la nueva reglamentación de la ley 27.350 que propone el Gobierno nacional e impulsando una nueva adhesión provincial.20200215conicetcannabismedicinalafpnagjpg-916069
La iniciativa crea el régimen para el acceso “seguro e informado al cannabis terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados, con el fin de garantizar y promover el cuidado de la salud integral de las personas a las que se les indique el uso de la planta de cannabis y sus derivados con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor”.
El proyecto autoriza a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados, con recomendación médica para su uso terapéutico, a todas las personas, humanas y jurídicas habilitadas por la norma.
Esta autorización habilita a que las personas físicas puedan cultivar para sí o para un tercero beneficiario que acredite receta médica. También autoriza al Estado provincial, municipios y comunas; organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno; laboratorios públicos; universidades públicas; centros de investigación; asociaciones civiles; fundaciones; mutuales y cooperativas vinculadas a la materia.
Un dato para destacar es que la ley faculta al Gobierno provincial a constituir empresas del Estado o sociedades mixtas para producir cannabis.
La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Salud, en coordinación con el de Producción. Salud deberá crear un Registro Provincial de Usuarios y Cultivadores Medicinales y el Registro Provincial de Farmacias. También tendrá que otorgar la Certificación de Acceso al Cannabis Medicinal (CACM) que servirá de constancia.
Todas las personas humanas, asociaciones civiles y fundaciones que cultiven para sí o para un tercero beneficiario tendrán derecho a solicitar y recibir una certificación oficial de parte del Estado Provincial que valide la autorización de su cultivo de cannabis con fines terapéuticos, médicos o paliativos del dolor. Para ello será requisito presentar una recomendación médica para uso medicinal, terapéutico o paliativo de cannabis y sus derivados.
Habrá también una habilitación para cultivar para un tercero, que deberá acreditar recomendación médica.
La iniciativa contempla también la creación del Programa de acceso al cannabis de Entre Ríos, como marco para la generación y el diseño de las políticas públicas que se implementen para desarrollar e implementar acciones de promoción y prevención dirigidas a los usuarios medicinales y terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados y crear un registro voluntario de profesionales de la salud formados en el uso de cannabis medicinal, terapéutico y paliativo entre otros objetivos.
De la misma manera, se instituirá un Consejo Consultivo Honorario que tiene por objeto velar por el cumplimiento de la norma, integrado por 19 representantes (con paridad de género) del Ministerio de Salud; del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB); Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); de la Dirección provincial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); un representante de la Uner, la Uader y la UTN (tres en total); uno del Conicet; uno del Ministerio de Gobierno; uno de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; dos de la Cámara de diputados y otros tantos del Senado (uno de la oposición y otro del oficialismo) cuatro de la sociedad civil y un referente del Colegio de Farmacéuticos.
• Fundamento
Loggio y Moreno apuntaron entre los argumentos para impulsar el proyecto el incesante reclamo social por una reglamentación de la normativa nacional que permita libremente el autocultivo de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, medicinales o paliativos del dolor, como el reconocimiento de un amplio abanico de condiciones de salud.
Como correlato de esta realidad, citaron la existencia de gran cantidad de municipios en todo el país que, a través de ordenanzas locales, permiten y habilitan el cultivo de cannabis con fines medicinales y científicos.
De esto “surge la imperiosa necesidad en nuestra provincia de contar con un marco regulatorio amplio, que satisfaga las exigencias y demandas de la comunidad de manera efectiva, integral y sin cortapisas, atentos a que la prohibición y restricción del acceso al cannabis por parte del Estado y sus agencias es una clara violación de derechos humanos básicos y fundamentales”, consignaron Loggio y Moreno.
“Las personas usuarias de cannabis con fines médicos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo que se ven afectadas por una patología de salud, la falta de información confiable, derivados de cannabis de dudosa procedencia y por la criminalización por parte del Estado”, reseñaron luego.
“El Estado debe erigir como máxima el acceso seguro al cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativo del dolor, asegurando en primer término mediante la permisión del autocultivo”, argumentaron, sosteniendo la necesidad de que la autoridad pública avance hacia un nuevo paradigma, emergiendo como “una figura de acompañamiento, y garante de que la venta de productos a base de cannabis por parte de farmacias consten con niveles de calidad y control, como asimismo que informen debidamente al paciente de todos los componentes del producto”.