El hombre de las cicatrices, el único ocupante de «La Casa del Pueblo», la casa número 37 de la manzana 102, Playón Este de Villa 31 bis, salió a decir que no quería problemas con nadie. Oriundo de Perú, con un habla nerviosa y quebrada, tenía el cuerpo lleno de viejos ataques a cuchillazos, una docena de tajos secos en la cabeza y otra docena sobre la espalda, entre tatuajes hechos con aguja tumbera. Evitaba dar su nombre mientras baldeaba el cemento pelado con el torso desnudo a pesar del frío, ante la docena de policías, incluidos dos altos comisarios y funcionarios del Gobierno nacional, liderados por el fiscal federal Jorge di Lello y su equipo. «Mire, yo alquilo hace tres meses. Acá lavo, cocino, tengo problemas psiquiátricos, yo no quiero ningún tema con la Justicia», decía el hombre de los tajos, rodeado por dos perros bravos, un mestizo con sangre pitbull y un rottweiler. Que simplemente estuviese ahí, en la casa número 39, básicamente fue una sorpresa.

El jueves pasado, luego de cuatro años de inteligencia y unificación de expedientes a lo largo de Comodoro Py, Di Lello ordenó bajo la firma del juez Ariel Lijo el mayor operativo contra los narcos de las villas 31 y 31 bis. Con la actuación de más de 500 policías de divisiones como Antidrogas Urbanas de la PFA, el GE-1 trece hombres resultaron detenidos, la amplia mayoría paraguayos, con el hallazgo de cocaína, armas de guerra y material para 16 mil dosis de paco.

El fiscal Di Lello, Diego Fernández del programa de Mejoras del GCBA y el comisario Osvaldo Mato.
42 puntos fueron allanados; «La Casa del Pueblo» fue parte de la lista. Era, en cierta forma, un clásico local inevitable. Su estructura arruinada de dos pisos, con un pasillo de apenas medio metro de ancho que conecta cinco cuartos llenos de mugre y humedad que recuerdan a los peores pabellones de la vieja cárcel de Olmos fue durante años el territorio controlado por César «El Loco» Morán, el sanguinario capo peruano hoy preso en Devoto, el aguantadero de sus soldados, como el presunto sicario Juan «Piedrita» Arredondo, procesado por un brutal raid de asesinatos por encargo. Allí, Arredondo fue detenido en septiembre pasado, en un operativo a cargo de la División Homicidios de la PFA.

Di Lello sospecha que también funcionaba como un punto de venta al por mayor de droga. El control de Morán todavía es un rumor en el aire. Tras el operativo del jueves pasado, un grupo de delincuentes intentó recuperar sin éxito la casa de la manzana 109. La lógica es sencilla, la misma que en todas las villas porteñas: la verdadera commodity no es el paco, sino el lugar donde se vende y que el adicto conoce.

Di Lello y su equipo entendieron que lo que debería ser la recuperación estatal del tercer territorio con mayor índice de homicidios de toda la Ciudad, a manos de traficantes sanguinarios, no tenía que ser una militarización burda e insensible, no servía un golpe de botas con una carrera de hamsters detrás de kilos de droga y soldados que eventualmente serían reemplazados, de la aparición cíclica de capos como Morán o «Ruti» Mariños, largamente buscado por el juez Sergio Torres. Había que trabajar con la gente y recuperar el tejido social. La visita de esta mañana, una recorrida de la que fue parte Infobae, fue un reconocimiento para generar ideas y comenzar a reconstruir.

Ante la comitiva, Di Lello fue al menos claro en una charla previa en su despacho antes de partir a la Villa. «La batalla contra la droga está perdida en cuanto a la droga misma. Tenemos que llegar para quedarnos y sacar el dominio territorial a los narcos. El marco es la seguridad permanente, un plan de largo plazo para consolidar al Estado en los sectores más humildes, hacer un lugar en el que sea posible vivir. Esto es un fenómeno complejo, y es a largo plazo», dijo el fiscal.

En el proceso participarán entidades estatales como la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, que ya prepara una propuesta formal para Di Lello. Por parte de la Secretaría del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvo presente Gabriel Oliverio, su director nacional de enlaces jurisdiccionales y una figura también de la Secretaría que será instrumental en el proceso de la Villa 31: Elizabeth Caamaño, su subsecretaria de Participación Ciudadana.

Desde el Gobierno porteño, Diego Fernández está a cargo del programa de Mejoras de la Villa. Hubo éxitos en el área: su antecesor, Gonzálo Mórtola, hoy en la AGP, tendió once kilómetros de infraestructura con cables y pavimento y creó lazos con delegados vecinales, que son la llave al entramado de las comunidades peruanas y paraguayas de los asentamientos de Retiro. En cuanto a la PFA, hay un grupo clave: el Cuerpo de Prevención Barrial, liderado por el comisario Osvaldo Mato.

Tras los allanamientos del jueves, se formó el Cuerpo de Permanencia, que fusiona a personal de Gendarmería y Prevención Barrial. Por lo pronto, quienes conocen el proceso de cerca hablan de dos claves básicas para que la idea de Di Lello no fracase. El primero es el control de la noche en la Villa, particularmente en el Barrio Chino y el Playón Este. La fiscal Estela Andrades, que metió preso a «Piedrita» Arredondo, entendió por inteligencia policial de la zona que todo el movimiento de drogas y armas entre aguantaderos es nocturno, así como la llegada de adictos de otras zonas. La otra es al menos obvia. Una fuente en el proceso lanza: «Que el Gobierno no se borre y saque recursos a mitad de camino y que cuide a la gente que va a trabajar en la zona. Si no, va a ser un fracaso».

Hubo presuntos dealers interesantes detenidos el jueves pasado. El paraguayo Marcos Britez Duarte, de 27 años, era buscado por el Juzgado Federal Nº9 por una causa previa. Cayó con casi un kilo de paco en total, incluídas dos rocas que llegaban a 600 gramos. En total, casi seis mil dosis con un valor villero de $200 mil pesos. En la casa 38 de la manzana 105, territorio paraguayo, Fabio Sanabria, de 34 años, alias «El Tuerto» invirtió en calidad de vida: un aire acondicionado y un colchón de marca con sommier, más un nuevo piso de cerámica y baño con azulejos. Todo su monoambiente olía a cemento fresco. En su pared trasera tenía una segunda puerta, que no le sirvió para huír cuando la PFA llegó para buscarlo. Se sospecha que sería uno de los jugadores de mayor peso en la banda paraguaya que más control tiene sobre la droga en la Villa, «Los Sampedranos».

Frente a la cancha de la Plaza de los Lápices, sobre la manzana 105, un punto donde se congregan chicos de todo el barrio, dos puntos fueron allanados. El «kiosco de Don Ramón», donde se cree «Los Sampedranos» ocultarían estupefacientes. A menos de cincuenta metros, en el otro extremo de la cancha, «Hugo» tenía su bunker, de piso de cemento pelado, una habitación de apenas tres por tres metros con una puerta de metal y una mínima ventana.

Sobre la manzana 109, el corralón ilegal «Tarzán» quedó clausurado. Era otro viejo favorito de la Justicia federal, allanado ya por los jueces Sebastián Casanello y Norberto Oyarbide. Funcionaba también como bailanta. Tras el allanamiento, su frente fue pintado de blanco. Solía tener a la versión Disney de Tarzán, junto a la bandera paraguaya. Su regente, Francisco Acosta Fouz, está preso en Marcos Paz por abuso de arma de guerra. «Sería una pantalla para ocultar la comercialización de droga y un refugio de vendedores», dice un documento de la causa.