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Después de la polémica por la decisión del PAMI de revisar los criterios para la entrega gratuita de medicamentos, el secretario general técnico-médico de la obra social de los jubilados, Rafael Zamora, aseguró que la quita del subsidio social de cobertura al 100% no afectará a “ningún jubilado que lo necesite”.
“Hoy el instituto tiene una cobertura para medicamentos que va desde el 50% al 80%, que es la más alta de la Argentina, o sea cualquier afiliado tiene con su receta esta cobertura. Además, el instituto tiene una herramienta que es un subsidio social para quienes no pueden pagar que cubre los medicamentos al 100 por ciento. Lo que la medida afectó no es a la cobertura sino a los requisitos para acceder al subsidio”, dijo Zamora en declaraciones radiales.
También aclaró que “hay otro tipo de medicación como la oncológica, para el VIH o para la diabetes que están cubiertas al 100% y no están en este subsidio”.
El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, criticó algunos de los criterios excluyentes como el tener cobertura prepaga. Zamora prometió que “el instituto va a hacer un estudio socio ambiental y si la persona lo necesita va a seguir teniendo la cobertura” e insistió en que la medida que “sólo afectara a la gente que pudiendo pagar porque tiene medios socioeconómicos para hacerlo recibían el subsidio”. El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró que revisar los criterios para la entrega de medicamentos gratis “es realmente la justicia social”.
El PAMI revisará los casos de 200.000 jubilados beneficiados por el subsidio social para medicamentos cuyos ingresos superan el techo establecido por la nueva normativa anunciada por ese organismo la semana pasada, decisión que desató una polémica y el rechazo de la oposición. Hoy el beneficio que le garantiza la gratuidad de los medicamentos a los jubilados de PAMI es percibido por 1,6 millones de sus 5 millones de afiliados, pero el cruce de información a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) detectó que 50 de los beneficiarios eran propietarios de aviones y 2.000 de ellos cuentan con embarcaciones a su nombre, según datos oficiales.
Estos datos llevaron al organismo a establecer nuevos parámetros para el acceso al beneficio que fueron equiparados a los establecidos para la tarifa social de servicios públicos. Los afiliados de PAMI que soliciten el subsidio deberán demostrar ingresos iguales o inferiores a una jubilación mínima y media, no poseer más de un inmueble, no estar afiliado a una entidad de medicina prepaga y no contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad, entre otros requisitos.
“En realidad es una medida que tiene que ver con lo tradicional del PAMI que es la corrupción. Un programa que es la entrega de medicamentos por vías de excepción, con el 100% de descuento, hasta 2012 se realizaba con el control previo de un informe social del jubilado al que se le entregaba. Luego dejó de hacerse por falta de trabajadores sociales y esto generó que muchos a quienes no les correspondía el programa igual lo recibían”, señaló Semino.
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad apuntó que “no obstante, en algunos casos las cuestiones observadas son poco serias, por ejemplo, el tema de establecer el grado de riqueza por si tiene o no una prepaga es incorrecto. Hay algunos que cobran la mínima y los hijos con mucho esfuerzo pagan una prepaga, que incluso eso ayuda al PAMI al eximirlo de algunos gastos”.
Semino aseguró que “más allá de la corrupción, el principal problema del PAMI es el contrato con la industria del medicamento, que de hecho se está negociando en estos días”, en referencia al convenio que el PAMI firma cada año con los laboratorios para definir las condiciones de la cobertura de los medicamentos. “Se trata de un contrato que no tiene controles, y con el cual se maneja todo el sistema de salud en Argentina, porque maneja un tercio del mercado y pone los precios. Me parece que más allá de la corrupción y lo que se puede haber generado, entonces, el gran problema a resolver es el de la industria del medicamento”, subrayó el defensor del Pueblo de la Tercera Edad.