“La modificación que se pretende hacer en la ley Micaela está en la Ley ómnibus por lo tanto mientras no sea tratada por ambas Cámaras en el Congreso sigue vigente la Ley Micaela actual», aclaró Néstor García.

El papá de Micaela García, Néstor “Yuyo” García, se refirió a las modificaciones que pretende introducir el gobierno nacional en la Ley Micaela. «Creemos que con un gobierno que desconoce la temática se van a agravar las situaciones de violencia por motivos de género”, afirmó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), García sostuvo que “la modificación que se pretende hacer en la ley Micaela está en la Ley ómnibus por lo tanto mientras no sea tratada por ambas Cámaras en el Congreso sigue vigente la Ley Micaela actual, tal cual la conocemos; jurídicamente es diferente al DNU donde ya entraron en vigencia las modificaciones que propusieron”.

“Entendemos que si bien este proyecto de ley ómnibus pretende modificar seis artículos de la ley lo más grave es la modificación del artículo primero porque se modifica el sentido que tiene la ley. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia  contra las mujeres para todos los que se desempeñan en la función pública, independientemente de su nivel y jerarquía, y abarca a los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que se pretende con la modificación es que la obligatoriedad no esté dirigida hacia todas las personas de la administración pública sino solamente a aquellas personas que trabajen en las áreas de género de os organismos del Estado, o sea personas que ya conocen de la temática y que menos necesitan de la ley Micaela”, explicitó.

Agregó que “otra cuestión que pretenden modificar es sobre qué temáticas se va a trabajar. La temática que establece la modificación es solo trabajar la violencia familiar, siendo que la ley 26.485 establece ocho modalidades de violencia –la violencia familiar entraría dentro de la violencia doméstica- pero el Estado no intervendría sobre la violencia institucional, laboral, política que son otras formas donde se ejerce mucha violencia por motivos de genero desde el Estado”.

Ante esto, aclaró que “la Ley Micaela surge para dar respuesta desde el Estado a la falta de la perspectiva de género de funcionarios del Estado entrerriano que quizás tomando alguna decisión con mirada de genero hubiese podido evitar el femicidio de Micaela, como el juez Carlos Rossi o las personas que no quisieron tomar la denuncia del papá de una nena de 13 años que el día previo al femicidio de Micaela intentó ser violada por Wagner. Por lo tanto, entendemos que las personas que más necesitan de la ley Micaela no estarían abarcadas por la modificación que se pretende hacer. A los efectos prácticos sería como derogarla”.

Consultado por la implementación de la ley, García comentó que “una de las actividades principales de la Fundación es hacer capacitaciones; hemos hecho ocho cohortes para formar capacitadores en la Ley Micaela en diferentes ámbitos, hacemos capacitaciones de Ley Micaela por invitación de muchos Estados municipales y provinciales y organizaciones gremiales. Vemos que falta un montón pero con la implementación de la Ley Micaela la cosa viene cambiando; también notamos una aplicación muy dispar a lo largo del país, hay provincias como Chubut, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, el municipio de Río Grande en Tierra del Fuego, vienen implementando muy bien la ley Micaela, en otros lugares como la provincia de Entre Ríos se trabajó muy poco, algunos municipios muy bien pero desde el Estado provincial se hizo poco y nada por la Ley Micaela. En unos lugares muy bien, en otros con algunas críticas de parte nuestra y en otros se hizo muy poco”.

En tanto, apuntó que “en el Poder Judicial de la Nación se hicieron muchísimas capacitaciones, la crítica que hacemos ahí es que fueron para las personas que voluntariamente quisieran hacerla. No se citaba a las capacitaciones a determinadas personas para que cumplieran con la obligatoriedad, en otros lugares está situación sí se hizo pero la realidad es que voluntariamente en la Justicia se capacitó mucha gente, tal vez no aquellas personas que menos comparten la temática y son las que más la necesitan”.

Ante este contexto, reiteró que “si se llega a modificar la ley, va a quedar totalmente interrumpida”.

Sobre los motivos de la modificación consideró que “hay una cuestión ideológica, han eliminado la palabra género de todos los artículos en el proyecto de modificación, han hecho manifestaciones gente del espacio gobernante en Argentina hoy que no cree en la desigualdad estructural que da privilegios a los varones heterosexuales; por otro lado está esto de no hacerse cargo desde el Estado de determinadas obligaciones”.

“Por ejemplo, en la modificación que pretenden hacer del artículo 6 de la Ley Micaela, la autoridad de aplicación ya dejaría de tener la responsabilidad de hacer la capacitación a las máximas autoridades de cada Poder; también se ve que es un proyecto de ley hecho muy a las apuradas; aunque tal vez hay intencionalidad en esto. Además, en la modificación que se quiere hacer del artículo 4 de la ley, un párrafo entra en contradicción con el siguiente; en el artículo 5 confunde las cosas que se establecieron en el artículo. Y a esta altura viendo cierta animosidad en avanzar sobre los derechos de las minorías y de las personas, hasta se puede pensar que hay una cuestión que no se podrá aplicar porque no está caro quienes tienen que diseñar las capacitaciones, quienes las tienen que implementar; se va a tener que esperar un decreto reglamentario que va a demorar un montón. Estas son cuestiones que la ley Micaela no tenía, no tiene decreto reglamentario porque las cuestiones operativas están resueltas en el articulado de la propia ley, por eso fue de una aplicación rápida”, planteó.

En relación al costo que implica la aplicación de la Ley Micaela, sostuvo que “el gobierno de Entre Ríos el año pasado destinó 3 millones de pesos para las capacitaciones, que para los gastos corrientes que tiene un Estado provincial no es dinero y nosotros cuestionamos que fue demasiado poco. No es una cuestión de dinero, es una decisión política de no avanzar sobre los derechos de las minorías y de las mujeres como minoría relegada en el acceso a derechos y las disidencias aún más”.

“La Fundación dedica gran parte de su tiempo a la Ley Micaela, a capacitar de manera directa en la Ley o a formar personas de los Estados –ya formamos personas de 19 provincias- organismos y organizaciones para que capaciten en la Ley Micaela. Creemos que con un gobierno que desconoce la temática se van a agravar las situaciones de violencia por motivos de género”, concluyó.