moyaEl juzgado de Garantías de Villaguay denegó el planteo de la querella para que se levante el «secreto profesional». Los abogados apelaron esta resolución. Moya regresó a María Grande

El juez de Garantías y Transición de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el pedido para que se pudiera concretar una medida probatoria clave en la causa penal que tiene como único imputado al cura Marcelino Moya, denunciado por abusos sexuales en la década del 90. Los abogados querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel, representantes de la dos víctimas-denunciantes, impulsaron un planteo para que se releve del secreto profesional a dos médicas: la jefa del Servicio de Infectología del hospital San Martín, Adriana Bevacqua, y a la médica tratante del acusado, Laura Díaz Petrussi. Al no hacer lugar al planteo, decisión avalada por la fiscal Nadia Benedetti, el magistrado echó por tierra la posibilidad de escuchar el testimonio de las profesionales quienes intervinieron en el tratamiento de Moya mientras estuvo internado en la sala de Clínica del nosocomio paranaense.
Según se informó desde la querella, el revés a la petición se fundamentó en que «primaba el derecho a la intimidad y a la confidencialidad». La resolución gener ados, sino también entre las víctimas, porque consideran que dicha declaración podía constituirse en un indicio para determinar que el cura padece una enfermedad de transmisión sexual. «Es una información fundamental porque indicaría que mientras se desempeñó en el clero tuvo una vida sexual activa y quiere decir que estamos ante un sacerdote que debe cumplir con el celibato desde el momento de su ordenación. El secreto profesional también es pasible de ser levantado bajo la responsabilidad del médico si existe una causa penal que se ampare en la doctrina del mal mayor», formuló el abogado Juan Pablo Cosso,
En esta línea, la querella respondió con una apelación a la negativa de esta medida probatoria, al tiempo que se espera un informe pericial psicológico practicado las víctimas que deben enviar profesionales de Rosario. «La decisión del juez nos defraudó muchísimo, incluso la fiscal no nos ha acompañado», reprochó el abogado.
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Moya volvió a María Grande
Después de haber recibido el alta médica, Marcelino Moya regresó a María Grande, su último lugar de residencia desde que la Iglesia lo suspendió en su función sacerdotal. La información fue confirmada a UNO por la titular de la Unidad Fiscal de Villaguay, Nadia Benedetti. El exvicario estaría viviendo en la casa de su madre, mientras se recupera de una larga internación producto de una patología infectocontagiosa, según ha dejado entrever la querella.
La fiscal Benedetti se ha encargado de aclarar en todo momento que el estado de salud de Moya no representa un hecho de interés para la causa, aunque está esperando el resultado del informe de un médico forense que versará sobre el cuadro clínico del sacerdote. Una vez que tenga el estudio podrá determinar el momento en que se le practicaría la pericia psicológica.
Desde que se abrió la causa judicial en su contra, por dos denuncias promovidas en 2015 por un médico y un estudiante de Derecho, el cura solamente fue examinado por un médico forense. Allí se dictaminó que puede comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. De todos modos, la pericia psicológica versará sobre otros puntos, tales como el psicodiagnóstico general acerca de la estructura de su personalidad, si posee tendencia a fabular y cómo afectó en su vida cotidiana el hecho denunciado.
Tampoco se puede descartar un escenario en que el imputado se abstenga de realizar el examen o que directamente responda a la citación y cuando se entreviste con los profesionales no diga nada, se indicó desde la Unidad Fiscal. Por lo pronto, en materia de prueba pendiente esta dependencia aguarda un informe de un tribunal eclesiástico.
El expediente contra el sacerdote payador es por el delito de corrupción de menores agravado, cometido en forma reiterada, cuya pena es de 10 a 15 años de prisión, por hechos que habrían ocurrido entre 1994 y 1997.

Fuente: DIARIO UNO