OCA, pendiente de decisión de AFIP para evitar quiebra
A sólo 48 horas del cierre del plazo para lograr un acuerdo con sus acreedores para renegociar una deuda de $4.500 millones, el destino del correo privado OCA -y sus 6.500 empleados- sigue siendo una gran incógnita.
Pero este no es un detalle menor, ya que el 80% de la deuda concursada es con el organismo de recaudación que comanda Leandro Cuccioli. Esto le da un poder trascendental para definir el futuro de la empresa, en el cual la quiebra aparece como una amenaza muy concreta.
El artículo 32
“La AFIP está obligada por la ley a otorgar el 32. Si no lo hace, manda a OCA a la quiebra”, añadió Farcuh. Se refiere al artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario que autoriza al jefe de la AFIP a otorgar planes especiales de regularización de deudas para empresas en situación de crisis, como el caso de OCA. Pero Cuccioli se niega a otorgar esa facilidad y exige que toda la deuda se pague en sólo 12 cuotas. En cambio, acceder al artículo 32 le permitiría a la empresa contar con 96 meses para pagar la deuda impostiva y 48 meses para la parte de seguridad social, incluyendo aportes.
Además, si esto se aprobara se destrabaría un embargo sobre $1.000 millones que los accionistas de OCA pretenden destinar a un plan de puesta en valor de la compañía, que permitiría el ingreso de nuevos inversores y la preservación de las fuentes de trabajo. Los proyectos incluyen un relanzamiento del negocio de distribución de paquetes, buscar sinergias en comercio electrónico e incursionar en el segmento fintech. Además, le permitiría cobrar acreencias contra el Estado por unos $500 millones que se usarían también para comenzar a cancelar pasivos.
Como la AFIP se viene negando a estos pedidos, Farcuh asesorado por sus abogados, presentó un recurso de amparo ante el juzgado de Lomas de Zamora donde se tramita el concurso. Pidió que se mantenga el statu quo hasta tanto la AFIP se expida definitivamente y justifique su decisión.
Así, se aseguró que el jueves aunque venza el plazo para acordar con los acreedores, la empresa no quede automáticamente en situación de quiebra.
“Es evidente que la solución sólo puede llegar por la vía política. El Gobierno está empecinado en que a OCA le vaya mal. Tiene la posibilidad de salvar a la empresa con sólo apretar un botón, pero no lo hace. No tiene en cuenta que hay casi 10.000 empleos, entre directos e indirectos, que están en riesgo. Si se lo piensa en la cantidad de familias que representa, son casi tantas como la población de Tandil donde nació el Presidente Macri”, plantea Farcuh.
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