Familiares de Gisela López, la joven asesinada en abril de 2016, en Santa Elena, y organizaciones no gubernamentales pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trate el recurso extraordinario federal por el cual se busca revocar una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que confirmó las absoluciones de los únicos acusados del femicidio.

Los únicos imputados del caso y que salieron absueltos fueron Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega.

El caso está en la Corte desde mediados de 2019 y aún no hay novedades sobre su tratamiento por parte de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

La Red de Alerta de Entre Ríos y la Red Infancia Robada acompañaron a familiares de Gisela en una presentación ante la Corte. Se trató de un escrito dirigido a la Secretaría Nº 3 del máximo tribunal nacional donde se encuentra paralizado el expediente caratulado “Saucedo Andrés y Otros s/homicidio agravado (en perjuicio de Gisela Alejandra López) – Altamirano Rocío Marlene s/impugnación extraordinaria”.

La nota fue firmada por Gabriela Monzón, Gabriel López, madre y hermano de Gisela, respectivamente; Silvina Calveyra, titular de la Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos, y Martha Pelloni, referente de la Red Nacional Infancia Robada, consignó Entre Ríos Ahora.

En la misiva solicitan que la Corte se expida con celeridad sobre la causa. “Ha transcurrido mucho tiempo, 4 años y 9 meses; desde que sucedió el aberrante hecho perpetrado contra la joven casi niña Gisela Alejandra López, nuestra hija, nuestra hermana; una joven entrerriana; sin aún encontrar justicia, como la única manera de reparación del dolor latente en nuestras vidas; aunque a Gisela a quién le arrebataron la vida y sus sueños, nunca más la tendremos físicamente entre nosotros”, señalaron.

Tras mencionar que los únicos acusados de la causa transitan libremente por las calles, lamentaron que “los procesos judiciales no son los acordes a las necesidades de la Familia y de la Sociedad en su conjunto ante el reclamo de Justicia, y que quienes cometieron este hecho; se encuentren donde deban estar; en la cárcel, con una condena real y efectiva”.

Gisela López desapareció la noche del viernes 22 de abril de 2016 a la salida de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Padre Fidel Olivera, de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz, a 150 kilómetros de la capital provincial. Dieciocho días más tarde, el 10 de mayo, fue encontrada asesinada en un descampado conocido como El Bajo, sobre la avenida Presidente Perón, cerca de su casa, en el barrio 120 Viviendas.

Un año después se realizó el debate oral y público, al que llegaron como únicos acusados Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, los absolvió al entender que no había pruebas contra los imputados.

El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo ante la Cámara de Casación Penal que el 25 de abril de 2018 anuló la sentencia absolutoria y ordenó hacer un nuevo juicio. Sin embargo, el defensor de los acusados, el abogado Roberto Alsina, presentó un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ, que el 20 de marzo de 2019 confirmó el fallo absolutorio de primera instancia. Daniel Carubia y Miguél Ángel Giorgio fueron quienes votaron por la confirmación del fallo absolutorio de primera instancia, mientras que Claudia Mizawak se había expresado en disidencia, es decir, a favor de que se realice un nuevo juicio.

El 3 de julio de ese año, la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia concedió el recurso extraordinario federal para que el caso por el femicidio de la santaelenense llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia (presidente), Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio.