Esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Sebastián Casanello recibió en su escritorio de parte del fiscal Federico Delgado un pedido de procesamiento para cuatro efectivos de la Policía Federal: el agente Diego Luis Martínez, el cabo Gustavo Alejandro Gigena, el cabo primero Alberto Martín Pardo y César Gabriel Navarro, miembros del Cuerpo de Tránsito. El delito que originó el pedido de Delgado es uno de los puntos más oscuros de las fuerzas de seguridad: la exigencia de coimas a ciudadanos y el posterior encubrimiento entre agentes. El fiscal José Campagnoli de Nuñez-Saavedra, parte del fuero de instrucción, fue quién generó e instruyó el expediente.

El hecho que lo disparó ocurrió el 20 de marzo del año pasado en la intersección de Blanco Encalada y Migueletes. Dos jóvenes descendieron en una moto Yamaha. Detrás de ellos, estacionó Martín Pardo en su moto policial, vestido con su uniforme, que les pidió documentos y los inspeccionó arbitrariamente: los jóvenes tenían un trozo de marihuana en una mochila. Poco después llegaron Gigena y Martínez en otra moto, también uniformados.

«Los dos van presos», se lo escuchó decir a Pardo, según el pedido presentado por Delgado al que accedióInfobae. Lo que sigue en el escrito presentado por el fiscal federal es un síntoma al menos deprimente. Al oír la amenaza de cárcel, uno de los jóvenes «se habría afligido, situación que fue aprovechada por el segundo policía que llegó al lugar para separarlo y entablar una conversación en la que finalmente le refirió que ambos se ayudarían y ‘¿te animás a dos lucas?‘. Luego, se acercó Pardo y le preguntó ‘¿cuánto vale tu libertad?‘». El joven en su moto informó «que no podía entregar esa suma de dinero. Al no poder llegar a un acuerdo, Pardo se acercó nuevamente y le dijo ‘y mil pesos, te animás’, al tiempo que le recordó que en caso de no entregar el dinero iban a ir presos». Finalmente, según el pedido de procesamiento, fueron al domicilio del segundo joven involucrado, donde los policías se habrían llevado los mil pesos pactados.

Una denuncia de los dos jóvenes en la Comisaría N°51 contra los tres policías en Blanco Encalada y Migueletes fue lo que, precisamente, llegó al despacho de Campagnoli. Los jóvenes también afirmaron en su denuncia que los policías se llevaron su marihuana, sin librar ningún acta o procedimiento formal. Uno de ellos hasta los fotografió con su celular, imágenes que aportó a la causa.

César Navarro es apuntado por la Justicia como el encubridor principal de este presunto pago ilícito, ya que «desde su función policial que desarrolla en el Cuerpo de Policía de Tránsito tomó conocimiento sobre la denuncia realizada» y «se comunicó con Martín Pardo para informarle que habían llamado los internos de la Comisaría 51ª, preguntando sobre qué personal de ese cuerpo estaba en esa jurisdicción. Es decir, queproporcionó información útil para que el autor del hecho pueda cubrir su delito«.

Lo cierto es que ni el Ministerio de Seguridad ni la PFA le negaron información a la Justicia. «El Departamento del Cuerpo de Policía de Tránsito de la Policía Federal informó sobre los motociclistas de esa fuerza que el día 20 de marzo del 2015 estuvieron cumpliendo funciones y la zona por donde debían desplazarse. Entre los agentes mencionados se encuentran Martínez, Gigena y Pardo«, asegura el pedido de procesamiento. Por otra parte, información satelital provista por la cartera de Paseo Colón ubicó también a los policías en la zona. Dice el documento: «Durante el momento en que se desarrollaron los hechos, el sistema satelital de ubicación -GPS- que tienen instalados algunos vehículos de la Policía Federal, determinó que allí estuvieron las motos con dominio 221-HRJ (interno 3853) y, en las cercanías, el dominio 774EEV (interno 3341). Esta información es realmente incriminatoria para los imputados», contrastada a las planillas de Tránsito.

Sin embargo, el pedido de procesamiento no se limita a los policías de calle y a Navarro. Hay un pedido de indagatoria mayor formulado por Delgado a Casanello: es a Adrián Hugo Ferraris, comisario de la División Protección Federal Motorizada. El documento apunta:»Tan sólo dos días después del hecho, Martínez se contactó con Pardo a efectos de unificar una versión de lo sucedido, la cual brindarían al comisario Adrián Hugo de Ferraris, quien ya estaba al tanto de todo lo acontecido. Es decir que la información rápidamente escaló hasta los mandos superiores de los imputados, quienes desde un primer momento supieron la verdad sobre la ocurrencia de los hechos, aunque sin embargo optaron por ocultar esa información a la Justicia«.