¿Es conveniente avanzar en el juicio político contra Norberto Oyarbide? Con ese dilema se está enfrentando hoy Cambiemos, luego de que el cuestionado juez federal presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada trascendió que estarían dispuestos a aceptarla, lo cual empezó a generar ruido entre los aliados de Mauricio Macri.

La que volvió a diferenciarse ayer y metió presión a su jefe político es la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Por las redes sociales, la diputada nacional reaccionó con dureza contra las intenciones oficiales: «La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina, el juez más corrupto de la Argentina, prueba su acuerdo con (Daniel) Angelici. Veremos que hace el presidente. Esto se llama impunidad».

La reacción de Carrió llegó pocos minutos después de que se conociera que Oyarbide entregó su dimisión al ministro de Justicia, Germán Garavano. Coincide en un momento de avance de las acusaciones del Consejo de la Magistratura y de la Justicia contra el juez federal.

La semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello citó como testigo Oyarbide para que confirme o desmienta si mantuvo una reunión con el presidente de Boca, Daniel Angelici. El fiscal federal Federico Delgado había solicitado la citación a declaración a indagatoria a Angelici por el supuesto delito de «tráfico de influencias», en consonancia con las denuncias de la diputada Carrió.

En el Consejo de la Magistratura, por su lado, Oyarbide es cuestionado por mal desempeño por suspender en diciembre de 2013 el allanamiento a la financiera Propyme, de Guillermo Grepp, en una causa por lavado de dinero. El levantamiento de esa medida procesal ocurrió tras recibir el llamado de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, por lo que todo el procedimiento quedó bajo sospecha de corrupción.

Adriana Donato, quien lleva adelante las actuaciones contra Norberto Oyarbide en el Consejo de la Magistratura, admitió «que se estaba avanzado en la causa» sobre el rol de Oyarbide en la investigación a la financiera Propyme, pero se mostró menos optimista en torno al proceso de destitución del juez.

Norberto Oyarbide presentó su renuncia ante el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Ministerio de Justicia

«El juicio político siempre implica un riesgo. Necesitamos nueve votos para someterlo al tribunal de enjuiciamiento y eso se sabe una vez que todos votamos. El otro riesgo es que el jurado de enjuiciamiento, después del proceso, sume cuatro voluntades» para destituir al magistrado, precisó Donato. «La historia nos muestra que esto no siempre se consigue», remató en declaraciones en radio La Red, en diálogo con Luis Novaresio.

«No sabemos con certeza absoluta el resultado final. El jurado lo único que determina es el apartamiento del juez, no es una sanción en sí misma», añadió.

«EL JUICIO POLÍTICO SIEMPRE IMPLICA UN RIESGO. NO SABEMOS CON CERTEZA ABSOLUTA EL RESULTADO FINAL»

Frente a esta posibilidad de no conseguir los votos necesarios, la presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura advirtió: «Sé que la sociedad reclama un juicio político porque creen que (Oyarbide) debe ser sometido y perder la jubilación especial. Pero, ¿nos podemos seguir arriesgando a tener estos jueces que evidentemente no son los que la sociedad quiere?».

Aún con estas aclaraciones, Donato opinó que hay suficientes elementos recolectados para que Oyarbide «no pueda ser juez», por su falta de «decoro en episodios como el anillo o Spartacus» y por su labor cuestionada en varios procesos judiciales. «No es el perfil de juez que uno quiere», concluyó.