La ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos tiene como objetivo promover la fabricación de remedios en establecimientos públicos locales y declara de «interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos».

Fue sancionada el 29 de junio de 2011 y quedó promulgada de hecho el 29 de julio de ese año, cuando se cumplió un mes de que fuera votada por el Congreso. El lunes pasado, casi tres años después, el gobierno nacional, que recientemente ordenó retrotraer el precio de los fármacos a los del 7 de mayo y congelarlo por dos meses, reglamentó la norma con el decreto 10874/2014 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa dispone medidas para garantizar ahorro en los traslados de los remedios y establece una prioridad de hasta 5% sobre el precio del mejor oferente privado para los medicamentos producidos por plantas del Estado.

En este sentido, con la norma se busca generar remedios con precios más competitivos que sirvan de referencia en un mercado hoy dominado por los privados.

En la actualidad existen 39 establecimientos estatales de investigación y desarrollo de medicamentos distribuidos en distintos puntos del país. Según destaca hoy el diario Tiempo Argentino, en conjunto tienen la capacidad para fabricar ocho de cada diez de los remedios que integran el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una agencia nacional para coordinar la producción nacional

Estos laboratorios dependen de los gobiernos provinciales, municipios o universidades. Solamente el laboratorio de las Fuerzas Armadas está dentro de la órbita del gobierno nacional, lo que evidencia la fragmentación del segmento.

Los centros son dispares en cuanto a escalas de producción y tecnología utilizada, aunque cada uno mantiene una orientación determinada. Por ejemplo, mientras que Laboratorios Puntanos se especializa en medicamentos hormonales, Laboratorio de Córdoba prioriza fármacos hematológicos y oncológicos.

Para lograr una mayor articulación entre los laboratorios y así fortalecer una producción local más aceitada y ordenada, el Gobierno busca acompañar la reglamentación de la ley 26.688 con la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que coordine estos establecimientos públicos y determine una estrategia a nivel nacional, con una única política sanitaria.

Sin embargo, la producción de cada establecimiento por lo general está atada a las necesidades provinciales de obtener rápidamente determinada droga para no tener que adquirirla a través de una licitación pública, una alternativa más costosa y con plazos más extensos.

Además, solo cinco de los laboratorios públicos cuentan con la certificación nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) requerida para que un remedio tenga circulación federal, más allá de la provincia en donde fue fabricado. Una Agencia de Laboratorios Públicos también tendría como fin resolver esta cuestión.

La diputada del FPV por Entre Ríos Carolina Gaillard, quien impulsa la creación de la entidad, sostuvo que los laboratorios públicos pasaron de tener una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones siete años más tarde.

Según remarcó el viceministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, la Argentina destina un 32% de su gasto total de salud a medicamentos, una cifra elevada en comparación con Europa, que utiliza entre el 10% y el 13 por ciento.

El funcionario destacó que si bien los medicamentos de producción pública nacional se orientan al consumo por parte de entidades públicas, los menores costos podrían presionar a los laboratorios privados en lo que respecta a los precios, que también venden a ese segmento.

«Si se lograr pasar del 7-8% del mercado general producido por el público a un 20-25%, además lo que se lograría es obtener una posición de negociación más fuerte con esta industria (la privada), que históricamente tomó una posición de amenaza de desabastecimiento. La óptica privada busca únicamente la rentabilidad», sostuvo en diálogo con el matutino.

Sin embargo, apuntó que «esto no implica estar en contra de la industria privada, que por su gran magnitud genera mucha demanda de mano de obra. No es una dicotomía, sino que se debe complementar para que el Estado busque su rol y controle abusos».