El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná denegó el beneficio de la prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Roberto Coronel, quien alegaba un agravamiento de su salud en prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná denegó el beneficio de la prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Roberto Fabián Coronel, quien alegaba un agravamiento de su salud en prisión. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario que provea un colchón en buen estado para mitigar sus dolencias de espalda.

Según la resolución a la que accedió AHORA, la decisión fue tomada por la camarista Noemi Berros, quien valoró para rechazar el arresto domiciliario los argumentos esgrimidos por el Fiscal General, José Ignacio Candioti.

La jueza rechazó el pedido de la defensa.

El procesado, Roberto Coronel, quien permanece alojado en la Unidad Penal N°1 de Paraná desde hace un año y ocho meses, había solicitado nuevamente el beneficio de arresto domiciliario por razones humanitarias y de salud. El hombre que era miembro de la Policía de Entre Ríos con grado de Sargento es considerado uno de los administradores de la banda liderada por Leonardo Airaldi.

Claudio Berón, defensor de Coronel, presentó un escrito solicitando el arresto domiciliario, argumentando que las condiciones de su privación de libertad estaban agravando su integridad física.

El defensor solicitó la medida por cuestiones de salud.

El imputado padece varias hernias discales, con antecedentes de cirugías de columna realizadas en 2016 y 2017. Actualmente, sufre dolores intensos debido a las malas condiciones de los colchones proporcionados por el penal y la falta de tratamiento necesario por parte del Servicio Penitenciario.

Por otra parte, Coronel sufrió una infección en el oído derecho, que lo obligó a ser trasladado a un médico privado tras varios reclamos en la unidad penal. El médico constató una otitis supurante que provocó la perforación de las membranas timpánicas, resultando en una hipoacusia con una discriminación de 65 db. Se le prescribieron audífonos, que aún no habían sido colocados y debían ser tramitados en la obra social.

El defensor Berón destacó que la concesión del arresto domiciliario era necesaria para garantizar el acceso a la salud del procesado.

El Fiscal General, Candioti, emitió un dictamen desfavorable. Sostuvo que la situación de salud de Coronel “dista de ser encuadrada en alguno de los supuestos previstos en el artículo 32 de la Ley 24.660”.

El fiscal Candioti se opuso al beneficio.

Resaltó que no advierte que el procesado curse una enfermedad cuyo tratamiento o recuperación resulte dificultoso dentro de la cárcel, ni que sea terminal o incurable.

El Tribunal coincidió con la valoración del Fiscal General. La resolución, firmada por la Juez de Cámara Noemi Berros, recordó que la prisión domiciliaria es una excepción al principio general de que la prisión debe cumplirse en establecimientos penitenciarios y no es de aplicación automática.

Tanto el Fiscal como el Tribunal ponderaron información del Legajo de Salud de la Unidad Penal, donde la médica había dejado constancia de la falta de “adherencia” de Coronel a los tratamientos.

Se destacó que, en cuanto a la otitis sufrida, el procesado se había negado a ser atendido en el penal, exigiendo ser trasladado al Hospital San Martín, donde le indicaron el mismo tratamiento. Finalmente fue derivado a una consulta particular. Respecto a su diabetes, se constató que Coronel decidió bajar la dosis de metformina por su propia cuenta sin consultar a un profesional, lo cual es de vital importancia para obtener resultados

En cuanto a la hipoacusia, se consideró que la colocación de los audífonos prescriptos permitiría paliar la disminución auditiva.

El Tribunal concluyó que, en razón de los argumentos esgrimidos, el encarcelamiento preventivo del imputado continúa siendo apropiado, temporal y materialmente, a los fines de llegar a la efectivización del juicio oral.

La causa

El caso ya está cerca de ir a juicio. El principal implicado es el productor agropecuario de Diamante, Leonardo Airaldi, y otras 14 personas, por conformar una organización dedicada al narcotráfico.

La acusación apunta a una banda que funcionaba en las ciudades de Diamante y Paraná. Los hechos investigados se habrían desarrollado entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, día en que se llevaron adelante los allanamientos de la Dirección Investigaciones de la Policía provincial.

Según el requerimiento fiscal, Leonardo Roberto Airaldi era el organizador, proveedor y financiador de la red narco. Se le atribuye haber elaborado o diseñado una estructura funcional para facilitar delitos de tráfico de drogas, distribuyendo tareas y administrando recursos humanos y materiales. La Fiscalía sostiene que Airaldi dirigía a sus asistentes y colaboradores mediante órdenes emitidas por diferentes vías. También aplicaba y disponía de recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas. 

El fiscal califica su conducta como particularmente grave, equiparándola con el crimen organizado. Airaldi era investigado desde principios de 2019 por su supuesta vinculación con la droga, hipótesis surgida de notas periodísticas y testimonios anónimos de vecinos de Las Cuevas que indicaban haber visto avionetas sobrevolar su campo.

La investigación se inició en diciembre de 2018 con una presentación de la Prefectura Naval Argentina ante la Fiscalía Federal, que dio lugar a una investigación preliminar por parte del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos. Se señalaba que personas descargaban bultos arrojados desde barcazas que navegaban el río en la zona costera e islas del departamento Diamante. Posteriormente, sucesivas escuchas telefónicas y tareas de campo fueron reforzando la sospecha inicial.

En octubre de 2021, las actuaciones se acumularon con otras, y la investigación quedó a cargo de personal de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que ya venía realizando tareas en una causa previa donde un vecino de la zona rural de la estancia de Airaldi manifestó que dentro de la propiedad habría una pista de aterrizaje. En tareas de investigación presencial pudieron observar una posible pista de aterrizaje dentro del predio del imputado, lo cual se condecía con un informe de Prefectura que adjuntaba una imagen de una avioneta saliendo de la zona.

La fiscalía considera que las pruebas, principalmente las numerosas intervenciones telefónicas transcriptas, permiten comprender el alcance de las conductas imputadas, evidenciando la existencia de una red de narcotráfico donde cada integrante tenía un rol específico bajo el liderazgo de Airaldi. Se señala que la organización operaba de manera dinámica, sistemática y compleja, buscando garantizar el flujo constante de estupefacientes.