El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial rechazó los nuevos aumentos de las tarifas de peajes en las rutas nacionales 12 y 14 (Corredor Vial Nº 18) y en el Puente Victoria-Rosario. El representante de tal Comité, Ricardo Lasca, explicó  cómo se podrían eliminar estos “impuestos al tránsito”.peaje

Tal Comité nuclea a más de 40 entidades del transporte de cargas y pasajeros, productores agropecuarios, profesionales, pequeñas y medianas empresas del comercio y la industria.
“Como en otras oportunidades, en forma sorpresiva y sin convocar a una audiencia pública, el poder concedente, con una actitud claramente  antidemocrática e irresponsable, autoriza un nuevo tarifazo de peaje en las rutas nacionales 12 y 14, medida con la cual solo se sigue beneficiando los intereses particulares del concesionario y generando serios perjuicios económicos y sociales a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto”, afirmaron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.

“Las respectivas autoridades sólo se ocupan de la ecuación económica-financiera del concesionario vial para que sigan obteniendo fabulosas ganancias, con inversión y riesgo ‘cero’, y sin ocuparse para nada de la relación beneficio/costo de los usuarios viales”, cuestionaron.

“Si con fondos del Estado nacional se construyó la autovía del Corredor Vial N° 18, qué necesidad hay de seguir recaudando peaje después de más de 28 años de concesión que solo sirvió para financiar la construcción e instalación de las estaciones de cobro y su fabuloso costo operativo”, se preguntaron.

Ante la autorización por parte del Gobierno nacional “de un nuevo tarifazo” de peaje en las Rutas Nacionales N° 12 y 14, del Corredor Vial N° 18, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) expresó su más enérgico rechazo a este  incremento, como a los anteriores, “por abusivos e inapropiados y por carecer de fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”.

A su vez, lamentaron “esta nueva actitud antidemocrática e irresponsable del Gobierno nacional, que ni siquiera convocó a una audiencia pública donde los usuarios viales pudieran expresar sus reclamos y las alternativas para evitar este nuevo tarifazo”.

“Cabe señalar a los respectivos funcionarios, que los usuarios viales son parte de los contratos de concesión, y quienes realmente en forma injusta y con mucho esfuerzo financian este régimen nefasto de ‘falso peaje’ y de impuesto al tránsito implementado en nuestro país”, sostuvieron luego.

En este marco, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial mencionó una serie de cuestiones que se destallan a continuación:

. Que las tarifas de peaje que se cobran son calificadas de exacciones ilegales, lesivas del interés nacional, carentes de cusa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés nacional y de beneficios abusivos para el concesionario.

• Que la renegociación llevada a cabo en el año 1996 fue totalmente ilegal, ya que generó directamente un nuevo contrato, cambiando elementos esenciales del mismo: a) se hizo sin licitación pública, b) el plazo de concesión se amplió 15 años, c) se cambió el objeto que era de simple mantenimiento y se transformó en la ejecución de obras, d) se modificó la tarifa, e) se cambió la moneda y el sistema de indexación

• Que la nueva renegociación llevada a cabo por el actual Gobierno, prorrogó el contrato hasta el año 2025, también fue prácticamente un nuevo contrato y que tampoco se convocó a Audiencia Pública.

• Que el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta es inconstitucional, ya que fue implementado en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago, y por la doble imposición que genera el pago del Impuesto a los Combustibles y otros.

• Que el actual régimen de peaje directo ha sido un verdadero fracaso en todos los corredores viales concesionados nacionales y provinciales, siendo antieconómico e impracticable por el bajo caudal de tránsito.

En este sentido, solicitaron que “se elimine en las Rutas Nacionales N° 12 y 14 el actual sistema de peaje directo con cabinas de cobro de peaje en ruta, sin rescisión del respectivo contrato,  reemplazándolo por el peaje en la sombra o peaje indirecto, sin cabinas de cobro en ruta ni ‘aduanas interiores’, reasignando parte de los 90.000 millones de pesos anuales que se recaudan en concepto de Impuesto a los Combustibles, atendiendo así las tareas necesarias de conservación y mantenimiento que garanticen el buen estado de transitabilidad del corredor vial en cuestión”.

Como dato ilustrativo, señalaron que “para todas las concesiones viales nacionales y provinciales, no había atraso tarifario. Sin embargo, para el caso concreto de Corredores Viales Nacionales, en estos últimos tres años y medio el incremento llega al mil por ciento”.

En este marco, afirmaron que “la asignación efectiva de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles al objeto que le dio origen permitirá el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peaje”.

“Recuperar las rutas por parte del Estado supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en argentina, y a la vez retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía”.

El representante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, también salió al cruce del incremento del peaje en el enlace vial que une las ciudades de Victoria y Rosario (cuya concesión la tiene Caminos del Río Uruguay): “Si el Puente Rosario-Victoria fue pagado con subsidios del Estado nacional, y de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por qué seguimos pagamos peaje si la construcción de ese puente ya está amortizado”.

Para Lasca, “sería muy fácil” eliminar el peaje: “Que Vialidad nacional se haga cargo del mantenimiento del puente a través de la reasignación de parte del Impuesto a los Combustibles que recauda el Estado (90 mil millones de pesos anuales se recauda en este concepto).

“Es una decisión política hacerlo y terminar de una vez por todas con esta estafa vial. No es un peaje lo que se paga, sino que es un impuesto a la circulación y al tránsito”, aseveró.

Luego cuestionó a “la patria contratista, que ha sido amparada por todos los gobiernos”.

“Nunca hubo un marco regulatorio, lo cual es gravísimo, hubo muy pocas audiencias públicas en algún hecho puntual, que no son vinculantes”, agregó.