La Casa Rosada decidió frenar la auditoría sobre las pensiones y dispuso un análisis caso por caso, en el marco de la intervención que se lleva adelante en la ANDIS. 

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció la suspensión de la auditoría nacional sobre las pensiones por discapacidad, una medida que impacta de lleno en el interior del país. Mientras avanza la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se revisarán más de 111 mil bajas ya aplicadas, muchas de ellas en zonas donde los problemas de notificación fueron críticos.

Provincias en el centro de la medida

Según los informes, en distritos como Chaco, Misiones y Formosa, hasta el 79% de las citaciones no llegaron a destino, lo que dejó a miles de familias sin posibilidad de defensa. Con la suspensión, se detienen las entrevistas presenciales y controles en estas provincias, donde los reclamos eran más urgentes.

Revisión de las bajas y posible restitución

Del total de 128.667 casos cuestionados, 110.522 pensiones habían sido dadas de baja por supuestas irregularidades, mientras que 10.038 fueron renuncias voluntarias. Ahora, se revisará cada situación y, si se comprueba error o falta de notificación, los beneficiarios podrán recuperar el pago de forma retroactiva.

Contexto político y legislativo

El freno a la auditoría llega tras el revés legislativo en el Senado, que declaró la emergencia en discapacidad y limitó los recortes. La decisión también responde al escándalo interno en la ANDIS, originado por los audios de Diego Spagnuolo, que derivó en la intervención del organismo.

Próximos pasos

Por ahora, no hay fecha para reactivar la auditoría. La continuidad dependerá del avance de la investigación interna y de los informes que el interventor de la ANDIS deberá elevar al Congreso y a la Justicia.