Siete policías fueron imputados este domingo de haber robado más de 75 mil dólares de una vivienda donde realizaron un allanamiento con el objeto de resguardar a tres niños que afrontaban un posible riesgo originado en un problema familiar. Los uniformados, seis que prestaban servicio en la comisaría 15ª y un miembro de un grupo de irrupción, fueron imputados por el fiscal José Luis Caterina como coautores del delito de “hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica”.

Por su parte, una de las imputadas también fue acusada encubrimiento agravado por ánimo de lucro y otro de los imputados, precisamente el subjefe de la seccional 15ª, también deberá responder por la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil que le incautaron al allanar su casa. En ambos casos, el juez Rodrigo Santana les dictó prisión preventiva —en modo domiciliario para la mujer— hasta el próximo 26 de julio. Y para los cinco sospechososos restantes, el magistrado ordenó la libertad bajo reglas de conducta por al menos dos años a cinco de los efectivos detenidos quienes además deberán pagar una fianza de 500 mil pesos.

En ese marco el juez también dispuso «la intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los imputados» por parte de la fiscalía, a quien los imputados deberán solicitar los permisos para que puedan realizar movimientos bancarios que «resulten necesarios y justificados».

Irrupción

Los policías fueron imputados por su participación en una secuencia ocurrida a mediados de abril pasado, cuando la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino al anoticiarse sobre una situación de riesgo que atravesaban tres menores de edad a raíz de una situación familiar.

Luego de unos días de abordaje de la situación los funcionarios del MPA supieron que la familia estaba en una casa de zona sur cuyos vecinos habían referido la posible tenencia de armas de fuego en manos de una personas que podría estar atravesando una crisis de salud mental. En ese marco el fiscal Caterina ordenó ingresar a la casa, en barrio La Guardia, y por cuestiones de jurisdicción del procedimiento participaron, entre otros efectivos, personal de la comisaría 15ª.

El procedimiento ordenado por la Justicia tenía la misión de resguardar a los niños y sacar de la casa las armas de fuego, si fuera cierto que había, pero no decía nada de la búsqueda de otros objetos de valor. Sin embargo uno de los policías preguntó si había dinero y los moradores de la vivienda le entregaron 76.900 dólares. Desde entonces, según se establecería luego de la investigación, los uniformados comenzaron a alterar o inventar datos acerca del allanamiento ante testigos.

En ese marco, también falsearon las posteriores actas de actuación. Por ejemplo ninguna de las testigos mencionadas en las actas pudo ser ubicada, ya que los domicilios que aportaron no existen. Tampoco coincidían los DNI con los nombres.

En cuanto a una de las imputadas, si bien no está acusada del hurto —no estuvo en la escena— se le achacó haber ayudado al subjefe de la comisaría y al resto de sus compañeros a mantener todo en secreto omitiendo denunciar lo que sabía, a cambio de haber recibido parte del dinero.