Marcelo Ramírez y Analía narran el calvario que viven desde que una vecina llamó al 911 para acusarlos de tener Covid 19 y generó un operativo de seguridad que violó todas las normas

Marcelo Ramírez y su esposa Analía viven un calvario desde el 21 de marzo. Ese día comenzó una historia con un hecho absurdo que derivó en una saga de violencia, maltrato, impotencia y tensión. Y hoy embargada por el miedo. Comenzó con la denuncia de una vecina al 911 el segundo día de vigencia de la cuarentena: aludía a que Analía, que hacía un mes había regresado de sus vacaciones en Brasil, estaba infectada de coronavirus. Ese llamado disparó una intervención policial que suma folios en una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación por abuso y amenazas de los agentes. La cusa que está en plena instrumentación mientras la pareja reclama la permanencia de una custodia.

Lo paradójico del caso, según narra Ramírez, quien también es policía, es que su cónyuge terminó presa en la comisaría 2ª durante de diez horas por estar supuestamente enferma de coronavirus, operativo en el que no intervieno ninguna autoridad sanitaria para verificar la veracidad del contagio denunciado. Y al final fue imputada por lesiones leves ocasionadas a la vecina que llamó al 911, las que tampoco fueron constatadas por personal médico. Y como si todo esto no fuera suficiente, antes de que Analía obtuviera la libertad Ramírez recibió la amenaza de un jefe de la policía comunitaria para evitar que haga alguna acción legal. «Si hacés alguna denuncia te armamos una causa», asevera Marcelo que le dijo en diálogo con La Capital.

No obstante esa intimidación, Marcelo y Analía formularon la denuncia correspondiente por el mal accionar policial del que afirman haber sido víctimas, por lo que a dos meses del hecho la causa se encuentra en una fiscalía y su desarrollo en tiempos de cuarentena «demanda un mayor tiempo porque cada agregado se hace vía on line, a tal punto que estamos muy preocupados porque la custodia que teníamos ya no estál», avisóRamírez, quien informó que su abogado patrocinante es Adrián Ruiz.

La sucesión de los hechos

Marcelo es un policía que trabaja en el Gran Rosario y vive con Analía en un edificio ubicado en Avellaneda entre San juan y San Luis. Ellos narran que regresaron de vacaciones desde Brasil por vía terrestre y el 15 de febrero ingresan al país haciendo migraciones en Puerto Iguazú, pero que debido a un desperfecto en el auto tuvieron que permanecer hasta en Posadas para llegar en grúa a Rosario el 25 de febrero.

Casi un mes después, el sábado 21 de marzo, Analía es denunciada por una vecina al 911 que aseguraba que recién había llegado de Brasil infectada de coronavirus. La policía comunitaria se presenta en la puerta del edificio buscando a la esposa de Marcelo y él baja al ingreso para explicar el error elemental de fechas, ya que hacía casi 30 días que estaban en Rosario.

Una historia compleja que comenzó el 21 de marzo y aún continúa.

Una historia compleja que comenzó el 21 de marzo y aún continúa.

Pero a las pocas horas, cuando se cruzan nuevamente con la denunciante en la escalera del edificio, la vecina sale corriendo gritándole que estaban infectados y enseguida unos cuatro patrulleros se agolpan en la calle. «Al ver desde arriba que estaba ella hablando con los policías de cuatro móviles en la puerta, nos dimos cuenta que volvió a llamar al 911 y por eso bajamos inmediatamente con los papeles para demostrar que era falso lo que decía, que no habíamos llegado recién a la ciudad, y cuando mi señora le quiere dar la boleta de la grúa para que compruebe la fecha, ella se tira para atrás diciendo que estaba infectada y que la había empujado por la escalera. En ese momento las policías meten a Analía adentro del móvil, mientras yo me quedo pidiendo explicaciones de por qué la llevaban. Cuando ella quiere filmar la manera en la que la estaban llevando, le sacan el celular, la esposan y en la maniobra la lastiman. En ningún momento activaron protocolo sanitario para verificar si había contagio como se debe hacer, no la revisó ningún médico, y desde las 10 de la mañana hasta las 21 nos hicieron vivir un calvario», describe Ramírez con marcada angustia e indignación.

«Fue tan indebido el procedimiento, que cuando la detienen y la suben al patrullero una de las agentes de la policía comunitaria le dice a su compañera: ‘Boluda, ¿y el testigo?’. Entonces fueron a buscar a una chica que trabaja en la granja y la obligaron a estar, pese a que ella les decía que no había visto nada», amplía.

Un calvario en la comisaría

Analía relata con detalle cómo fue su periplo dentro de la comisaría 2º, en la que fue despojada de sus pertenencias y de su ropa, y agrega con mucha bronca que tras revisarla e insultarla la llevaron a un calabozo en el que ya había un hombre alojado. Allí permaneció más de dos horas hasta que su esposo logró hablar con la subjefa del lugar para que resuelva la flagrante infracción reglamentaria.

Cuando la esposa de Ramírez fue retirada y llevada a la cocina de la seccional, se demayó debido a que padece de crisis de pánico, una patología que comenzó a sufrir en 2013 cuando perdió un embarazo de casi seis meses por el trauma que le generó la tragedia de la calle Salta, sector en el que vivía por entonces y recibió en su departamento de un edificio aledaño la onda expansiva de la explosión.

Tras ocho horas en la seccional policial y casi dos horas más en el patrullero cuando la detuvieron, Analía fue notificada de que había sido imputada por lesiones leves según la denuncia de una vecina, por lo que el hipotético contagio de coronavirus ya había desparecido como causal del extraordinario despliegue.

Sugerencia y amenaza

Ramírez cuenta que en ese momento se presentó «el jefe de la Policía Comunitaria Diego Santamaría junto a un supuesto abogado de apellido Urquiza para pedirme que no haga ninguna presentación judicial por el operativo, porque caso contrario me armarían una causa», asevera.

Pero Ramírez y su esposa no se dejaron amedrentar y presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Acusación y por este motivo hoy todavía padecen amenazas e intimidaciones para que desistan de avanzar con la causa, situación que generó la necesidad de una custodia policial. Sin embargo, esta comenzó a relajarse en los últimos días y por ello el temor de la familia.

LA CAPITAL