Marcelino Moya es juzgado por abuso de menores y este jueves serán los alegatos.

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Luego de la etapa de testimonios que se produjo la semana pasada, este jueves será la hora de los alegatos en el juicio por abusos y corrupción de menores que se sigue contra el cura Marcelino Ricardo Moya.

Será desde las 16 en los Tribunales de Concepción del Uruguay, donde los jueces María Evangelina Bruzzo, Alberto Seró y Fabián López Mora, escucharán a los defensores, Néstor Paulette y Darío Germanier; a los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra y a los abogados querellantes Juan Cosso y Florencio Montiel quienes adelantaron a ANÁLISIS DIGITAL que se sumarán al pedido fiscal de una pena de cumplimiento efectivo que va entre los 15 y 20 años de prisión por corrupción agravada de menores en concurso real con abuso sexual simple. El caso se conoció en junio de 2015 por una denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS.
Durante dos días de la semana pasada se escuchó el relato de 17 testigos y víctimas en el juicio oral al cura Marcelino Moya, sobre quien pesan dos denuncias por abuso sexual y corrupción de menores mientras fue párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Villaguay.

En la primera jornada, los denunciantes Pablo Huck y Ernesto Frutos relataron las situaciones vividas que los convierten en víctimas de los abusos del sacerdote, quien estuvo presente en esa etapa del debate oral, no público, pero que luego decidió no presenciar el resto de las instancias de testimonios.

Los querellantes adelantaron que se sumaron a los adelantos de pedidos de pena que formularon los fiscales Juan Manuel Pereyra y Mauro Quirolo: entre 15 y 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por corrupción agravada de menores en concurso real con abuso sexual simple.

El caso

El caso se conoció en junio de 2015 por una denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS, donde Marcelino Ricardo Moya fue denunciado por los dos hombres que, en su niñez y adolescencia (años 1995/1996), formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay.

El cura había llegado a principios de los ’90 a Villaguay. Era un personaje expansivo, que generaba empatía y que supo cubrirse de una pátina de cura bueno, que se ganaba el aprecio de todos con sus incursiones en festividades gauchescas en las que despuntaba como payador.

Las víctimas relataron a ANÁLISIS como fue cada uno de los abusos que padecieron. El primero contó que fue abusado por lo menos dos veces por semana y durante casi dos años en la habitación del sacerdote, en el primer piso de la parroquia de Villaguay, como así también cuando hicieron viajes a Viale, para realizar tareas religiosas.

El otro contó que hubo un intento de abuso, también en la habitación del cura, pero éste reaccionó y empujó al sacerdote, tras lo cual se fue de la iglesia y nunca más volvió, pese a que también era monaguillo.

Dos años después de la denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunto la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes y elevó el expediente a juicio oral.

La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado y confirmó la elevación a juicio.

La causa nuevamente fue recurrida y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.

Ante el tercer rechazo que acumula el cura Moya en la justicia, extrañamente, su defensor, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral sobrevendría la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Ilarraz.

La Iglesia, ni bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico, que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995. Pero la averiguación interna jamás avanzó.

Moya es el tercer cura católico juzgado por abusos en Entre Ríos. Fue denunciado en junio de 2015, tres años después del escándalo mundial que significó el caso Justo José Ilarraz. También hay que mencionar en ese grupo de religiosos señalados por abusos al cura Juan Diego Escobar Gaviria de Lucas González y a las monjas carmelitas de Nogoyá.

Análisis Digital