El Ministerio de Seguridad realizó un seguimiento de los expedientes por narcotráfico y detectó que la mayoría de los casos se descartan antes del juicio.foto0_1_279927_1

Varios fueron los procedimientos antidrogas realizados en los últimos meses con altos niveles de incautaciones. Sin embargo, los trámites judiciales parecen no tener la celeridad de los operativos. Un informe desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación revela que solo el dos por ciento de las causas por narcotráfico llegan a una sentencia. No es un fenómeno aislado. Algo similar ocurre con los casos de corrupción; de ellos, apenas el ocho por ciento alcanza la etapa del juicio. El trabajo fue realizado por el equipo de la Coordinación de Vinculación Científica y Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Javier Parysow y con la dirección de Mariana Souto.

La evolución de los casos de infracciones a la ley antidrogas (la 27.737) fue objeto de un trabajo, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, en el que se analizan las sentencias del período 2014-2016 vinculadas con el narcotráfico y emitidas por todos los tribunales federales y del fuero penal económico.

En el ciclo estudiado, que servirá como base técnica para futuros análisis, se iniciaron 127.750 causas por drogas y hubo 2.555 sentencias judiciales, es decir, el dos por ciento del total. De ese número, el 76,8 por ciento tuvo condenas, con lo que se llegó a penas de prisión para 3.336 acusados.

El 36 por ciento de las causas fueron iniciadas por tenencia para consumo personal, por lo que fueron descartadas en los tribunales de primera instancia. Entre esas sentencias, se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2009, publicó el diario La Nación.

La importancia en la resolución de los expedientes de narcotráfico es clara: los vendedores minoristas y organizaciones más complejas siguen con su trabajo de comercialización y reclutamiento mientras se mantienen en las calles. Un ejemplo emblemático es el caso de Los Monos, cuyos jefes llegaron a juicio por narcomenudeo recién en estos días, luego de varios años de concentrar la atención pública y de condenas por homicidios resueltas este año.

Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15 mil sospechosos arrestados cada año por infracción a la ley de drogas, pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos ocho mil de los doce mil alojados en penitenciarias de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisión federales tiene una de las explicaciones en ese bajo nivel de 2 por ciento de causas que llegan a juicio, consignó La Nación.

“La relación entre causas iniciadas respecto de las sentencias analizadas oscila entre un 10 por ciento y un 0,24 por ciento (en los diferentes distritos del país), siendo el promedio nacional cercano al dos por ciento”, se afirmó en un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Entre las razones detectadas por los funcionarios nacionales se encuentra el peso que tiene en los expedientes la tenencia para consumo personal, que es descartada en la instrucción, el colapso de los juzgados y las fallas en los procedimientos que derivan en nulidades.

Más allá de esa escasa cantidad de casos resueltos en los tribunales, las autoridades nacionales también hicieron foco en las condenas observadas en aquellos expedientes que finalmente derivaron en un juicio. Y en ese caso, los funcionarios a cargo de la seguridad nacional esperan que en posteriores informes se alcance un mayor volumen de condenadas por organización de un grupo narco, que hoy no supera el 1 por ciento de los casos.

El 30 por ciento de las condenas fueron dispuestas por tenencia de droga para comercio y el 28,3 por ciento, por transporte de sustancias ilícitas. El 17 por ciento de los expedientes comenzaron por tenencia simple y por comercio minorista se originó el 10 por ciento.

Eso tiene que ver con el narcomenudeo y operativos de controles viales, por lo que las autoridades esperan ahora revertir esa tendencia al apuntar las investigaciones hacia otros sectores más importantes de la red logística del narcotráfico, publicó La Nación.

“Este es un nuevo índice que sirve como herramienta de gestión contra el narcotráfico. En la medida que se refleje nuestra política se irán viendo los golpes a las organizaciones y, en consecuencia, sentencias más fuertes. Este índice toma sentencia de causas iniciadas incluso en 2011, por lo que el impacto de nuestra política podrá verse recién en las estadísticas de 2020”, comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El promedio de las condenas fue estimado en cuatro años, con algunas penas que llegaron a los 12 años de prisión.

Esa fotografía de las causas de narcotráfico fue presentada al presidente Mauricio Macri y al ministro de Justicia, Germán Garavano. Los ministros de Seguridad de todas las provincias también recibieron ese documento el jueves pasado, en el Consejo de Seguridad Interior.

Operativos sin violencia

Las causas iniciadas en los tribunales analizados tuvieron tanta participación de las fuerzas de seguridad federales (34 por ciento), provinciales (53 por ciento) y la Aduana (13 por ciento). Y esa radiografía permite a las autoridades incluso verificar las formas de los procedimientos, con mayoría expuesta en casos de narcomenudeo, ya que en el 30,7 por ciento de los expedientes que llegaron a juicio se trató de operativos contra bocas de expendio de drogas.

El 20 por ciento fue iniciado después de inspecciones rutinarias de vehículos en las rutas. Esa situación en particular se visualizó en mayor medida en la región del litoral, donde la mitad de los procedimientos que llegaron a juicio se originaron en un control vial, mientras que, en las zonas más cercanas a Bolivia, en la ruta de la cocaína, esos operativos representaron el 29 por ciento de los casos,

Solo en el dos por ciento de esos casos se registraron algún episodio de violencia contra las fuerzas de seguridad.

Esa es una diferencia notable con relación a lo ocurrido en otros países donde el narcotráfico tomó completamente sus barrios más humildes. Los operativos antidrogas en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo, tienen en general un fuerte componente de violencia que aun, pese a la penetración narco local, no es observada aquí, consignó La Nación.

“Este trabajo científico sirve para evaluar objetivamente la política de lucha contra las drogas del ciclo cuasi abolicionista y se servirá para comparar la decisión de ir a una Argentina sin narcotráfico que tomamos en este gobierno”, comentó Gerardo Millman, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Con esos datos las autoridades confirmaron también que el perfil promedio del sospechoso llevado a juicio señala a un hombre de entre 25 y 49 años (en el 72 por ciento de las condenas), de nacionalidad argentina (77 por ciento). “El cruzamiento de diferentes variables a la fecha permite concluir que los esfuerzos en materia de persecución penal y policial en el período evaluado suelen concentrarse en dos extremos diferenciados: la comercialización minorista en conglomerados urbanos y el tráfico en zonas de frontera”, se consignó en el informe oficial. Tampoco se castiga la corrupción.

Datos

* La baja efectividad judicial en casos de narcotráfico replica lo observado en causas de corrupción. Un informe realizado por el Consejo de la Magistratura reveló en julio pasado que fue condenado solo el dos por ciento de los acusados por defraudar al Estado.

* Ese documento señaló, además, que uno de cada tres de los políticos acusados fue absuelto por la prescripción de los expedientes, es decir, por demoras en las investigaciones a lo largo de todo el proceso, en especial, en la instrucción de los jueces de primera instancia.