Comenzó el juicio a Toledo

La ex priora del convento declaró en la primera audiencia. (Fotos: Ricardo Santellán)

 

Comenzó este martes en los Tribunales de Juicio y Apelaciones de Gualeguay el debate oral y público de la causa en la que está imputada por privación ilegítima de la libertad la religiosa Luisa Esther Toledo, quien fue al momento de los hechos priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, conocido como el Convento de las Carmelitas Descalzas. La imputada declaró en la primera jornada, tras el desarrollo de los alegatos de apertura. También una de las víctimas contó cómo fue el calvario que vivió en el Convento.

En agosto de 2016, la edición papel de la Revista ANÁLISIS denunció una serie de hechos que tuvieron una importante repercusión pública. Se trató de las torturas y la privación ilegítima de la libertad que sucedían en el convento Carmelitas Descalzas de Nogoyá. La denuncia periodística derivó en la intervención del Poder Judicial y el fiscal Federico Uriburu dispuso de una investigación que terminó con la elevación a juicio contra la ex titular del convento, Luisa Esther Toledo, por la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad.

El Tribunal de Gualeguay está integrado por los magistrados Darío Crespo (quien lleva adelante la dirección del debate), y los vocales Javier Cadenas (segundo voto) y Alejandra Gómez (tercer voto).

El Ministerio Público Fiscal estuvo integrado por el fiscal Rodrigo Molinas y el fiscal general coordinador Jorge Gamal Taleb; mientras que la defensa particular de la imputada es ejercida por los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

A las 9.15 se constituyó el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, y dio inicio al debate en torno a la causa 186/18, caratulado “Luisa Esther Toledo S/Privación ilegítima de la libertad”, dos hechos.

Las audiencias continuarán mañana y pasado; luego se retomarán los días 14, 18, 19, 25, 27 y 28 de junio.

Alegatos de apertura

En los alegatos de apertura, el MPF puso el acento que se está ante delitos graves vinculados con los Derechos Humanos, porque al menos dos víctimas han sido reducidas en su estadía en el convento a la condición de siervas. “Pero no como siervas de Dios, sino de la voluntad caprichosa de la madre superiora”, destacó Taleb.

“Se afectaron bienes jurídicos esenciales de la persona humana. Tan esenciales que son aquellos bienes jurídicos que nos definen como sujetos de derechos, me refiero a la libertad y a la autonomía de la voluntad, que son el fundamento de la dignidad humana”, recalcó citando el libro “Metafísica de las costumbres” de Immanuel Kant, escrita en 1797 sobre filosofía jurídica y ética.

Con respecto a la hipótesis acusatoria, el fiscal Taleb destacó en relación a la víctima Silvia Graciela Albarenque, que la imputada Luisa Toledo en su condición de priora, superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, la privó ilegítimamente de su libertad, sin su consentimiento a partir de 2007 y hasta el 1° de abril de 2013, cuando permitió que la madre de la víctima la retirara de ese lugar. “Durante su penosa estadía contra su voluntad en ese convento, Toledo le infringió tratamientos corporales que son calificados como verdaderos tormentos y que se los aplicó contra su voluntad y contra las reglas de la propia orden de las Carmelitas Descalzas. Les aplicó azotes mediante ´disciplinas´ (son una especie de látigo hecho de cáñamo usado para infligir un castigo mediante la autoflagelación, generalmente en la espalda o en las nalgas) o látigos; el uso de cilicios (que son fajas de alambres que se usan apretando partes del cuerpo de la víctima como mortificación), y obligarlas a que permanezca encerrada en las celdas individuales que son los lugares de descanso donde permanecen parte del día”, describió Taleb.

“Todo esto fue hecho en contra de la víctima, a quien se le anuló la personalidad mediante manipulaciones extendidas en el tiempo, durante ese lapso de seis años que permaneció retenida en contra de su voluntad”, aclaró el fiscal.

“Además, la obligaba a usar unas mordazas de madera, con el cual cubría su boca para imponerle el voto de silencio durante días, y en algunos casos el uso de esas mordazas llegaba a durar una semana”, expresó la fiscalía.

“Los encierros en las celdas individuales también se prolongaban durante tres o cuatro días y la víctima perdía noción temporal al estar encerrada en ese lugar y solo estaba a pan y agua”, enumeró otra forma de tormento y mortificación.

“Todo esto provocó un estado de profundo deterioro psicológico en Silvia Albarenque, que incluso tuvo en ese lugar intentos de suicidios, llegando azotarse su propia cabeza contra el suelo con la idea de poner fin a su vida”, por la anulación de la personalidad que había logrado llevar a cabo Luisa Toledo contra la víctima.

Taleb destacó que las víctimas manifestaron en reiteradas oportunidades (de manera verbal y escrita) su deseo y voluntad de retirarse del Convento, pero sus pedidos nunca fueron siquiera escuchados o tenidos en cuenta.

“En relación a Roxana Andrea Peña, la otra víctima, se le imputa a Luisa Toledo también haberla privado ilegítimamente de la libertad, durante su desempeño en el cargo de priora. En este caso, la privación de la libertad sucedió en el año 2015 y 2016, cuando Peña le hizo saber su voluntad de hacer abandono del lugar”.

El fiscal Taleb dio cuenta que Luisa Toledo no solo les negaba la salida del convento, sino que por el solo hecho de manifestar querer abandonar el lugar, les imponía diversos castigos y tormentos, utilizando látigos, cilicios, mordazas y más encierro.

En el caso de la víctima Roxana Peña, le hacía padecer vejaciones adicionales. En este caso, “permanecer durante horas sobre sus rodillas, rezando; lo cual le producía intensos dolores físicos debido a este comportamiento, que además no tenía la voluntad de la víctima”.

“Además, la obligaba realizar distintos oficios en la huerta del Convento, pero le escondía las herramientas y la obligaba a usar sus propias manos. También la vejaba al obligarla a realizar la señal de la cruz sobre el suelo con el uso de su lengua”.

“Todas prácticas que son tormentos físicos y morales que no están previstos en el estatuto de la Constitución de los años 90 de las Carmelitas”, aclaró el fiscal.

Para el MPF la calificación legal de esta conducta se encuadra en el Artículo 142° del Código Penal, es decir, la privación ilegítima de la libertad, agravada por dos circunstancias: el uso de violencia y también por la circunstancia temporal prevista en el inciso 5 de haber durado más de un mes.

Y concluyó que acreditarán todo esto “a través de las prácticas probatorias que se realizará a lo largo de este juicio oral, donde se incorporarán datos probatorios trascendentales para comprobar en grado de certezas la responsabilidad de Luisa Toledo. Estas pruebas estarán integradas por las declaraciones de las víctimas, que son relatos desgarradores acerca del martirio, del calvario y del infierno en la tierra que les hizo vivir Luisa Toledo a las dos víctimas. También escucharemos a los familiares de las víctimas, quienes darán cuenta del estado en el que ingresaron al Convento y cómo se retiraron de ese lugar. Escucharemos a especialistas en salud mental que trataron a la víctima y a varios párrocos que estuvieron muy cercanos a la huida de la víctima Peña. También escucharemos el relato del periodista Daniel Enz, que contará cómo fue la investigación que le demandó años y cuyo resultado permitió revelar y romper con el silencio y que hoy nosotros estemos acá procurando Justicia para recomponer la situación de las víctimas”.

Taleb finalizó su alegato de apertura del siguiente modo: “Este proceso penal debe permitirnos poner la mirada pública y el uso de la razón en normas y discursos de instituciones que tienen carácter opaco. Esto ya es positivo. Sí y solo sí, logramos acreditar la auditoría responsable de Luisa Toledo, entonces, no ya el proceso penal sino el Derecho Penal tendrá un efecto positivo adicional: será librador y reparador para las víctimas en la medida que le permitirá explicar este penoso suceso de su vida ya no por la culpa propia sino por el comportamiento defectuoso de su autora, y desterrar del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá las prácticas medievales y aberrantes que son contrarias al estado actual de la civilización, al Estado de Derecho de la República Argentina y al sistema universal de los Derechos Humanos, que valen para todos”.

La defensa particular

El abogado Miguel Ángel Cullen tuvo a su cargo el alegato de apertura por parte de la defensa técnica de la imputada.

Cullen y Toledo

“Este juicio va a tratar de observar una mirada racional, utilizando el uso de la razón sobre instituciones opacas, medievales, aberrantes que contrarían el estado actual de la civilización. Y eso es, precisamente, lo que nosotros venimos a demostrar”, introdujo. “Precisamente porque nosotros desde lo racional jamás vamos a comprender a una Carmelita. Porque desde lo racional no vamos a entender ver la obra de Dios en un pájaro. Porque desde lo racional no vamos a entender cómo una persona va a estar rezando permanentemente. Porque desde lo racional no vamos a entender una Constitución medieval con normas del año 1.500; pero que están aprobadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina”.

“¿O acaso ahora pretenderemos cambiar la religión? ¿O acaso ahora pretenderemos desde lo racional cómo debe profesarse el vínculo con Dios? Eso es precisamente lo que no debemos permitir de un Estado, porque está protegido por la Constitución de la Nación”.

“Prefacio de la constitución: la talla de los santos que el Carmelo ha dado a la Iglesia son un reflejo palpable de la perfección de las leyes, con que se sacrificaron”, destacó Cullen.

“Claro que son instituciones medievales, porque vienen de ahí y las constituciones que se están utilizando son del año 1.580 (…) Todo lo que aquí se ha dicho, los tormentos, el cilicio, la mordaza, la privación de la libertad no existieron. Probaremos con claridad que una de las presuntas víctimas –por Roxana Peña- se fue por su voluntad, yéndose por su voluntad, tomando las llaves de una puerta que atendía a los proveedores”, desafío Cullén; y aportó: “Y probaremos que la segunda supuesta víctima, Albarenque se fue cuando la congregación de forma democrática autorizó su salida con el objeto de darse un estudio médico psiquiátrico que era lo que se aconsejaba”.

“Aquí se quiere entablar un juicio basado en la razón. La razón que precisamente niega la posibilidad de un milagro, niega la posibilidad de la intervención divina. No estamos frente a un juicio racional, ni siquiera frente a un juicio contrario al estado actual de la civilización. Estamos frente a un juicio contra la Iglesia Católica, donde se quiere poner en el banquillo a quien ha sido elegida por sus pares, a través de un voto democrático como priora del Convento. Así eligieron a la madre Luisa Toledo; sino que se llama la Madre Isabel porque es su nombre dentro de la grey católica”.

“No hay ninguna forma que este proceso pueda continuar hacia un final plausible, si nosotros no nos despojamos precisamente del uso fanático de la razón”.

“Si solo nos guiamos por la razón, anularemos la posibilidad cierta de poder acercarnos a la maravilla de la vida contemplativa. No hay un proceso más complejo que éste. Un proceso que intentaremos de aplicar normas racionales, que tienen que ver con la vida civil, a costumbres y a formas de relacionarse con Dios, que vienen expresadas desde una constitución que es de 1.580, pero que por costumbres nos debemos remontar a la mismísima Virgen María”, advirtió Cullén. “Por eso, esperemos que no nos ciegue la razón en este proceso; que tengamos la virtud y el corazón para entender que como seres humanos -y ahí sí apelando a los tratados internacionales de Derechos Humanos-, tenemos la libertad de tener un vínculo con el creador de la manera que creamos conveniente”.

Y así solicitó “la absolución de Luisa Toledo y no cuestionar más a las Carmelitas Descalzas”.

La imputada Luisa Toledo

La imputada Luisa Toledo declaró ante el Tribunal, y sostuvo que “como priora soy como una madre y como tal estoy pendiente de cada hija y lo que le pase”, y eso está reglamentado. “Están los días que se toman y se lo toma en un lugar muy privado y cada una se lo tiene que dar, es un acto de penitencia que hacemos por la Iglesia y la salvación de las almas”, admitió.

Luego explicó que “el cilicio se lo coloca cada hermana en su habitación, en privado y llevar un cilicio extra lo debe autorizar la madre superiora, que debe evaluar si tiene o no fiebre” y aclaró que esos tormentos “no lastiman nada. Cada una se la da como quiere”.

Luego explicó como es el sistema cuando una integrante pide salir del Convento y los pasos administrativos que se deben dar, hasta que el propio Papa es quien decide.

También admitió que en el Convento hay “penitencias. Pero no penitencias de bestias, sino vigilada”. Y aclaró: “El cilicio, la disciplina (una especie de látigo) no duele ni hace nada y después está en cada religiosa hacer silencio. En mi vida no hay penitencias porque tenemos amor”, destacó; para aclarar más adelante: “El cilicio es un alambrecito muy finito que vamos engarzando. Cada hermana se lo coloca en la pierna por media hora. La lectura espiritual también es otro momento que se lo coloca y que dura 40 minutos”.

Con respecto al instrumento al que denominan “disciplina”, describió que es como un trenzado de piola, “al que se le aplica cera derretida. No mata a nadie”, insistió y reiteró que “una penitencia, una mortificación la hacemos por amor”.

Cuando la Fiscalía intentó profundizar en preguntas, la imputada Luisa Toledo se refugió en su derecho constitucional de guardar silencio.

Una de las víctimas

La ex carmelita S.A. fue la primera víctima en declarar. Contó de manera conmovida cómo fue el calvario que vivió en el Convento; las innumerables oportunidades en las que manifestó por escrito y de manera oral que quería irse y que nunca se lo permitieron.

Además, describió con precisos detalles los padecimientos que le hizo vivir la priora Luisa Toledo y los tormentos a los que era obligada a realizar.

La Fiscalía le exhibió los instrumentos de tormentos y mortificación y reconoció a cada uno de ellos, explicando cómo se utilizaban, por qué e incluso en algunos casos quiénes los fabricaban como el caso de la mordaza, que había sido construida por una hermana que trabajaba en la carpintería.

Atravesó durante su testimonio varios momentos de angustia, que lo sobrellevó con dignidad y entereza, y sus palabras fueron más que elocuentes para describir que en el Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá se vivía un verdadero infierno en la tierra.

Por Nahuel Maciel

(Enviado especial de ANÁLISIS)

Fotos: Ricardo Santellán.