La causa que se abrió en septiembre de 2015 por el violento tractorazo de productores rurales llegó a su fin este miércoles con la firma de un acuerdo en mediación penal entre tres dirigentes de Federación Agraria Argentina (FAA) y diez policías que sufrieron lesiones en aquella jornada violenta frente a la Casa de Gobierno, en el último tramo de la gestión de Sergio Urribarri.
Los ruralistas accedieron a pagarle a cada funcionario policial $40 mil en concepto de reparación económica por las heridas que sufrieron. En total, un monto de $400 mil, en un solo pago.

La manifestación fue el 3 de septiembre de 2015 y terminó en una batahola, con policías heridos. Diez de ellos denunciaron a dirigentes de la Mesa de Enlace, que fueron imputados por el fiscal Santiago Brugo por el supuesto delito de instigación a la violencia.

Si bien no participaron de los hechos violentos, sujetos al expediente por ser responsables de la manifestación quedaron Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA) y Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA).

En tanto, fue desafectado de la causa Atilio De Angeli, hermano del senador nacional por Cambiemos, Alfredo de Angeli, ya que no estuvo en la manifestación. Un cuarto productor quedó comprometido con una causa civil por daños y prejuicio. Se trata de Miguel Bowes, dirigente de San Gustavo, departamento La Paz. Los ruralistas estaban representados por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.

Durante tres años la causa penal no tuvo avances significativos, más allá de la toma de declaración de imputados, puesto que las partes comenzaron a negociaron una salida alternativa, como el pago de una reparación económica por daños.

En una primera instancia, los diez funcionarios policiales exigían el pago de $100 mil cada uno, lo que hacía que la cifra llegase a $1 millón. Finalmente, tras tres años de negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo por un monto menor: $40 mil para cada policía. Entre los que recibirán ese dinero está el actual Jefe de Policías de la provincia, Gustavo Maslein, que en la época del tracotrazo era director de Operaciones y Seguridad.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el abogado de los policías agredidos, Marcos Rodríguez Allende, comentó que se alcanzó el acuerdo en el marco de la causa por “el último tractorazo que se conoce en Entre Ríos y que fue importante en cuanto a la gravedad de los hechos”.

En ese sentido, dijo que en aquella jornada violenta hubo dos hechos de relevancia: “La primera fue el intento ilegítimo de querer ingresar a la Casa de Gobierno por la fuerza; y la segunda cuestión que tiene la misma gravedad fueron las lesiones que se les provocó a los funcionarios policiales en virtud no solo de los tractorazo sino también de la tira de huesos óseos”.

“Esta etapa es poner un fin a este conflicto penal, porque entendemos que dado el tiempo transcurrido, por la tarea que hemos desarrollado como querellante particular en representación de todos los funcionarios policiales, y después de haber tenido largas conversaciones, vamos a suscribir un acuerdo o también llamada mediación penal”, agregó el abogado querellante.

En esa dirección, explicó que la mediación penal esta prevista en el Código procesal Penal de la provincia, y que en la causa va a haber dos conclusiones importantes: “Primero, un pedido de disculpa que va a ser público, por parte de representantes de las sociedad rurales; y segundo, una reparación económica, que no es una indemnización como en el derecho civil, es una reparación dentro de las posibilidades de las sociedades rurales”.