Trata: condenaron a 10 años de prisión al policía que explotaba a su esposa

Este martes el tribunal oral federal de Paraná condenó a 10 años de prisión por trata de persona a Ángel Gerardo García, el policía que durante 10 años explotó prostituyó a su esposa, en Santa Elena, departamento La Paz.

El tribunal unipersonal estuvo a cargo del juez Roberto López Arango, en tanto que el fiscal general José Ignacio Candioti tuvo a su cargo la acusación, y el abogado Manuel Valle ejerció la defensa de García.

Durante el juicio la víctima declaró con una psicóloga y en un testimonio estremecedor ratificó todo lo sufrido a lo largo de su relación con García. También dieron sus testimonios la hermana y la madre de la mujer, quienes comprometieron al acusado.

El caso

Entre el año 2009 y 2019 el policía ofreció en reiteradas ocasiones a su pareja con fines de explotación sexual, aprovechándose para ello de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, por necesidades económicas, carencia de empleo u oficio, la circunstancia de estar a cargo del cuidado de sus hijos y con una escasa instrucción. Asimismo, se valió de haber sido pareja, posteriormente esposo de la víctima y de su calidad de funcionario policial. Es más, ayer la víctima declaró que García la prostituía con otros policías que eran compañeros suyos.

La mujer denunció su caso a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata el 10 de abril de 2019. El hombre, oficial de la Policía provincial, la sometía a la explotación sexual. Días después de la denuncia lo detuvieron y ella fue rescatada.

En aquella denuncia telefónica, la mujer contó que su hermana le envió mensajes de texto donde le hacía saber sus padecimientos y la explotación a la que era sometida por su marido. Y pedía ayuda.

En la investigación desarrollada en el Juzgado Federal de Paraná, se estableció que la mujer fue trasladada en diferentes y reiteradas ocasiones para que mantuviera relaciones sexuales con diferentes hombres, intimidándola mediante el ejercicio de la violencia y las amenazas reiteradas hacia ella y sus hijos para obligarla a prostituirse, tales como que en caso de no hacerlo sus hijos no tendrían para comer o mostraría videos en los que ella aparecía manteniendo relaciones sexuales con hombres.

En su testimonio, la víctima dijo que poco después de comenzar la relación con García, en 2009, tuvieron inconvenientes económicos y el hombre le dijo que la llevaría con un amigo que le iba a pagar para que mantuviera relaciones sexuales con ella. El victimario la llevó a una choza donde había tres pescadores, donde fue sometida por algunos de ellos. Ella le dijo a García que no quería hacer eso nunca más. Se mudaron a La Paz porque allí lo trasladaron al oficial de Policía.

En 2011 volvió a forzarla para explotarla con hombres. En una ocasión la llevó a la localidad de Esquina (Corrientes) donde iba a estar con un hombre que pagaría 1.000 pesos además del alquiler de la cabaña. García nunca la dejaba sola y ella jamás tuvo acceso al dinero. Cada vez que planteaba que no quería seguir siendo explotada sexualmente “era una guerra”, según describió la mujer, y sufría amenazas.

En 2015 el hombre la trasladó bajo amenazas de muerte a Goya (Corrientes). La llevó a un pool y le dio para beber un trago dulce con alcohol, que le hizo perder el conocimiento. Una semana más tarde la mujer se enteró de lo que había ocurrido porque García le exhibió un video que había filmado, en el que la mujer mantenía sexuales con un hombre mientras ella lloraba.

“Las situaciones de explotación sexual sucedieron en numerosas ocasiones”, sostiene la imputación fiscal, y detalla que una de ellas ocurrió en el Parque Urquiza de Paraná, donde el cliente prostituyente le pegó con un cinturón porque ella no hacía lo que pretendía, lo que motivó que García lo amenace con su arma. También sucedió en una vivienda de la capital provincial donde clandestinamente se jugaba a las cartas y estaba a cargo de un tal Juan. También se detallan viajes por Concordia, Villaguay t Rosario del Tala.

“García no le permitía salir sola, las compras las hacían sus hijos, nunca fue a buscarlos a la escuela ni participó de ninguna reunión de padres. García se enteraba cuando iba al Centro de Salud cerca de la casa, no tenía acceso a dinero ni a DNI”, se fundamentó en la acusación.

Asimismo, una prueba fundamental que será expuesta en testimonios en el juicio es el informe de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la provincia, que tuvo a su cargo la contención y las entrevistas a la mujer. Concluyeron que su relato fue coherente, con detalles de todas las violencias padecidas (física, sexual, psicológica, económica y de explotación sexual). Afirmaron que la mayor preocupación de la víctima era la manutención de sus hijos y subrayaron que el grado de sometimiento al que se encontraba expuesta la víctima implicaba una situación de alto riesgo.

También se remarcó que cada vez que la explotaba, la hacía llamar por un nombre de fantasía pamela, “lo que constituye un accionar característico del prostituyente destinado a sustituir la identidad de la víctima”, consignaron las profesionales que intervinieron en el caso.

Fue muy importante, además, la declaración de la hermana de la víctima y denunciante en esta causa, quien en su momento había dicho que solo podía verla dos veces al año, con García al lado. Si él salía a fumar, ellas tenían que salir. Si él iba al baño, en la planta alta, ella tenía que acompañarlo. No salía sola nunca, la única vez que lo hizo fue al dispensario y a los 10 minutos él llegó rompiéndole la puerta del consultorio.

Esta circunstancia fue acreditada por el testimonio de la médica, quien dijo que a la víctima se la veía con la autoestima muy baja, que el marido no la dejaba, era muy controlador. “Teníamos que dejar de hablar. Decía que quería ver lo que le hacía. En 20 años nunca vi una situación así”, afirmó la ginecóloga, quien está citad a declarar en el juicio.

Por último, la declaración de la madre de la víctima, quien entre otras cosas relató que en una oportunidad, cuando le recriminó a García lo que le había hecho a su hija, el hombre se arrodilló, le reconoció todo lo que hizo y le pidió perdón.

Para la acusación en este caso se comprobó la violencia simbólica (las características del vínculo muestran el poder que García impartía hacia los integrantes de la familia, en especial hacia ella, dejándola en un lugar subordinado); psicológica: (la víctima no podía disponer en de nada que no fuera decidido por su marido ni salir si no era en su compañía); económica y patrimonial (García manejaba todo, obligándola a una dependencia absoluta); y sexual (era obligada no se podía negar a mantener relaciones sexuales con él).