“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”. El ultraderechista Javier Milei dejó clara su postura sobre la crisis climática antes de ser electo presidente de Argentina en noviembre. Milei asumirá el cargo el 10 de diciembre, dos días antes de que termine la conferencia mundial sobre el cambio climático que inicia este jueves, la COP28. La llegada al poder de un presidente que niega la evidencia científica sobre la crisis abre una incógnita sobre el futuro de la agenda ambiental, que ha estado impulsada por gobiernos de diferente signo político en los últimos años y apuntalada por la movilización social.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP28, inicia este jueves en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Las partes participantes –casi 200– se reunirán para avanzar en los debates y las negociaciones para hacer frente a la crisis climática. Argentina ha enviado una comitiva de 11 personas, representantes del Gobierno saliente del peronista Alberto Fernández. Entre los objetivos de la comitiva está hacer un balance del cumplimiento de los compromisos asumidos por el país para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero en el Acuerdo de París y debatir el financiamiento global para alcanzar esas metas.

Al regresar al país, tendrán un nuevo presidente, un mandatario que contradice a la comunidad científica internacional y rechaza que la actividad humana esté calentando la atmósfera, el océano y la tierra a un ritmo sin precedentes. Milei, líder de La Libertad Avanza, que ganó la segunda vuelta de las elecciones con el 55,6% de los votos el 19 de noviembre, cree que el cambio climático es “otra de las mentiras del socialismo” y rechaza el Acuerdo de París, que Argentina firmó en 2015, porque él no adhiere, asegura, al “marxismo cultural”, publicó El País.

Las posturas del ultra tienen eco en las de otros miembros de su partido. La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, repudió en la campaña la creación de parques nacionales y el diputado electo Bertie Benegas Lynch sostuvo que “el problema del medio ambiente se resuelve con derechos de propiedad”. “¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario, porque hay un uso económico”, fue su razonamiento. También se espejan en las del republicano Donald Trump, que fue electo presidente de Estados Unidos en 2016 diciendo que el calentamiento global era una mentira y sacó a su país del Acuerdo de París; o en las del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuya política ambiental estuvo marcada por el desmantelamiento de los instrumentos de vigilancia de la Amazonia.

La comunidad científica, sin embargo, ha alertado de que el cambio climático es “una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta” y la “ventana de oportunidad” que la humanidad tiene para asegurarse “un futuro habitable y sostenible para todos” se “cierra rápidamente”, según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU. Las emisiones de efecto invernadero no se están reduciendo de la forma rápida y profunda que sería necesario para que el calentamiento se mantenga por debajo de los 2 °C en este siglo.

Argentina ratificó en 2016, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri, el compromiso de reducir un 15% las emisiones del país entre 2020 y 2030. Cuatro años después, con Alberto Fernández como presidente, modificó la apuesta y se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 26%. El país ha definido la lucha contra el cambio climático como “una política de Estado”.

Frente a los esfuerzos que esgrimen los gobiernos, las protestas ciudadanas han puesto el foco en el descontento social que causan en las comunidades proyectos mineros, petrolíferos y agroindustriales. En Añelo, el municipio en el epicentro de la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta, en Neuquén, los vecinos han denunciado la falta de agua. En la ciudad costera de Mar del Plata, se presentaron amparos judiciales para impedir la exploración y explotación petrolera en el mar. En Río Negro, ambientalistas y vecinos salieron a la calle para rechazar un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Porque en la práctica, el país sigue apostando por la agroindustria, el petróleo y la minería para atraer dólares y sanear una economía en crisis.

Aunque la partida destinada a temas de ecología y medio ambiente fue de 93.000 millones de pesos en 2023, un análisis presupuestal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) concluye que “no existe un plan genuino para la transición energética” en el país. La organización destaca un dato: por cada peso invertido en “energías renovables y eficiencia” se destinan 184 en la generación “con energías sucias”. En los últimos años, se ha profundizado, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y se ha abierto el paso a la explotación offshore, en el océano Atlántico.

“Ojalá pudiéramos no depender de esos recursos y dejarlos bajo tierra. Estamos en la transición para que sea así”, argumenta la secretaria para el Cambio Climático, Cecilia Nicolini, que encabeza la comitiva argentina en Dubái durante la COP28. Nicolini defiende la búsqueda de un “equilibrio” entre “el crecimiento” del país” y el desarrollo de “fuentes más limpias y renovables”, pero aclara: “No atender la agenda climática significa exponernos a mayores riesgos, más vulnerabilidades y más pérdidas económicas”. Las consecuencias están a la vista: el país sufre todavía las consecuencias de una sequía histórica que dejó pérdidas por más de 20.000 millones de dólares, según el Gobierno.

No hay certezas sobre la continuidad que dará el próximo Gobierno al trabajo hecho en la última década. Nicolini expresa la predisposición de “hacer el traspaso” para que las políticas “tengan continuidad”, pero no ha estado aún en contacto con el equipo de La Libertad Avanza. Consultado por EL PAÍS, el partido del ultra no han confirmado su presencia en la COP28 ni han respondido si harán una transición con el equipo que regrese de la cumbre el 12 de diciembre.

Es posible que esto recaiga sobre el abogado Rodríguez Chirillo, quien fue confirmado esta semana “al frente de la cartera de Energía” del Gobierno entrante. Es una posibilidad porque el Ministerio de Ambiente desaparecerá, según prometió Milei durante la campaña. Esa es una de las pocas propuestas que se le conocen al presidente electo al respecto. El tema estuvo prácticamente ausente en la campaña electoral. Fue la ciudadanía, de hecho, la que sugirió que en el segundo debate presidencial se introdujera un bloque sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. En esa ocasión, Milei aseguró que él no niega el cambio climático, pero rechazó que la actividad humana produjera el calentamiento global: “Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”.

Preocupación de los ambientalistas

“Esperemos que sea solamente una postura de carácter ideológico, una postura declarativa de campaña, y esperemos que Argentina no vaya por ese camino porque va a ser un camino aislado del mundo”, señala Andrés Nápoli, abogado y director de FARN. Nápoli manifiesta “una clara preocupación” sobre el enfoque de la agenda ambiental en los próximos cuatro años, pero se muestra cauto: “Habrá que ver a partir del momento en el que asuma hacia dónde orienta todo esto. Hoy por hoy nos estamos guiando por comentarios de la campaña”. Es legítima la incertidumbre porque el ultraderechista ha modificado sus posturas en las últimas semanas y los anuncios del partido han sido erráticos tras el triunfo del 19 de diciembre.

Nápoli señala que Argentina tiene un “desafío global”, que es “plantearse procesos de transición energética”, y una oportunidad para “desarrollar energías renovables”. Pero para afrontar el desafío y aprovechar la oportunidad, asegura, deberá tener “necesariamente” un “organismo institucional con fuerza para articular políticas”. Si no, cree, “es muy probable que Argentina pierda oportunidades”: “Oportunidades de financiamiento, oportunidades de establecer un liderazgo en materia de transición energética y socioambiental, oportunidades de aliarse con países”.

A Flavia Broffoni, politóloga y activista climática, no le preocupa tanto que Milei niegue el impacto de las actividades humanas en el cambio climático. “Sí me preocupa la cuestión de represión institucional”, dice. Para Broffoni, el Gobierno de Milei, que ha defendido la mano dura en las calles, “va a poner más en riesgo las comunidades en resistencia”. Esas comunidades están, por ejemplo, en el norte de Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, que configuran, junto a zonas de Bolivia y Chile, el llamado triángulo del litio: allí se encuentran las mayores reservas de ese mineral en el mundo, cuya demanda crece entre países como Estados Unidos o China.

“Nos vamos a rasgar las vestiduras por si Milei sale del Acuerdo de París, así como lo hicimos con Trump, y en términos empíricos eso no implica nada diferente de lo que viene ocurriendo”, dice la politóloga. Para ella, la cumbre es un “placebo” porque crea “la idea de que se está haciendo algo” y, en su opinión, no es así. La politóloga llama a tener “una conversación honesta”: “Hablar de ambiente es hablar de los ejes productivos de nuestro país, la agroindustria, la industria minera y petrolera, que son la fuente de degradación más profunda de los territorios”. “Pero en un contexto en el que la única fuente de ingreso de dólares para pagar deuda externa son estos tres sectores es imposible hablar de una transición productiva hacia otras fuentes”, agrega.

La politóloga cree, de todos modos, que el desafío del próximo presidente parte de una pregunta “más simple”. “¿Cómo vamos a garantizar alimento y agua limpia en este contexto de colapso ecológico a la población? Es mucho más básico que la sofisticación del despliegue renovable. En un contexto de aumento de la temperatura global como el actual, ¿cómo vamos a hacer para evitar que los incendios se terminen de comer a los humedales y los bosques? ¿y cómo vamos a hacer para producir alimentos con temporadas de inundación y sequía profunda?”. Las respuestas deberá darlas el próximo presidente.