El Gobierno Nacional estableció la obligatoriedad de un Bono de 24 mil pesos a pagar por los empleadores del sector privado en diciembre de 2022, a lo que se agregó otro de 26 mil pesos, pactado por UATRE (trabajadores rurales) y el Gobierno, reglamentado en la Resolución 230/22 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.dinero

Consideramos oportuno recordar que el acuerdo salarial fijado antes de los bonos mencionados, estableció entre diciembre del 2021 y el mismo mes del 2022 un ajuste salarial del 109 %, lo que significa 10 puntos por sobre la inflación anual.
Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) queremos dejar bien en claro que para nada es nuestra intención cuestionar el merecimiento de cualquier mejora salarial, ya que todos somos víctimas de esta inflación exorbitante que se devora nuestro trabajo. Sin embargo, nos vemos en la obligación de manifestar nuestro rechazo a la Resolución Nº230/22 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), por surgir de una decisión arbitraria e inconsulta que lesiona el ordenamiento jurídico vigente.
La CNTA conformada por representantes del Ministerio de Trabajo, representantes de los trabajadores y representante de las patronales, tiene por objeto propender a lograr diálogos, negociaciones y acuerdos entre las partes que la conforman para establecer las remuneraciones mínimas de los trabajadores agrarios.  Sin embargo, echando por tierra los principios morales y de buena fe que deben integrar las negociaciones entre las partes, la mencionada resolución surge de un acuerdo paralelo entre funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores, a la que los representantes de las patronales no fueron invitados.
Lo irracional de la medida, contrapuesta con la realidad crítica en la que se encuentran la mayoría de las unidades productivas del país por estar atravesando el tercer año de escasez hídrica, queda minimizado frente a lo peligroso que resulta que se rompan acuerdos y normas pre establecidos que le dan razón de existir a entidades como la CNTA.
Si permitimos este atropello, estaríamos avalando la posibilidad de que se sigan vulnerando las normas que preservan los derechos de cualquier ciudadano.