En Córdoba, la provincia donde Milei consiguió más votos, la marcha fue multitudinaria.

El reclamo en contra del ajuste al presupuesto universitario se convirtió en la mayor protesta de los últimos años y reunió a sectores disímiles en defensa de la universidad pública. Cientos de miles de manifestantes, muchos de ellos con libros en sus manos, colmaron las calles del centro de Buenos Aires y de las principales ciudades de todo el país.

Una multitudinaria manifestación protagonizada por estudiantes, docentes y autoridades de universidades públicas, con el respaldo de sus pares de instituciones privadas, alumnos secundarios, centrales sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos marchó esta tarde en Buenos Aires desde el Congreso Nacional a la histórica Plaza de Mayo para reclamarle al Gobierno del presidente Javier Milei la asignación al sistema universitario, de ciencia y tecnología de un presupuesto acorde con la inflación anual, cercana al 290%, y una mejora salarial para los trabajadores del sector, que en solo cuatro meses del año sufrieron una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%.

“En defensa de la universidad pública argentina” fue la consigna de una masiva movilización, con una concurrencia que, según la Universidad de Buenos Aires, fue superior a las 800.000 personas solo en la Ciudad y que superó el millón con las protestas que se sumaron en las principales ciudades de distintas provincias para expresar el descontento con la política educativa dispuesta por Milei desde que en diciembre pasado llegó al poder, llevando como propuestas en su campaña electoral duras críticas al funcionamiento de las universidades nacionales, su financiamiento y el supuesto adoctrinamiento político que reciben los estudiantes en las aulas.

La manifestación comenzó alrededor de las 14.30 y culminó pasadas las 18, cuando sonó el Himno Nacional Argentino en la Plaza de Mayo. Allí, sobre un escenario montado frente al Cabildo, rectores de universidades, dirigentes gremiales de la educación, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida pronunciaron distintos discursos. “Defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es de las grandes conquistas de nuestro pueblo a la que no vamos a renunciar”, dijo Pérez Esquivel, uno de los cinco argentinos que obtuvieron el Nobel, todos graduados de la universidad pública.

Antes de finalizar el acto, los organizadores leyeron un documento que llevó la firma del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes llamaron a la masiva movilización. “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, fue el título del escrito, en el que alertaron que la “universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional” y pidieron “a la ciudadanía trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, afirmó el documento.

Un reclamo que desbordó la Plaza

“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, fue el canto más repetido en las calles del centro porteño por personas de todas las edades, muchas de ellas con libros en sus manos, tal como indicó uno de los sectores que convocó a movilizarse. Libros de autores como Rodolfo Walsh, el educador brasileño Paulo Freire, el sociólogo Pierre Bourdieu, el novelista británico George Orwell o el filósofo alemán Karl Marx, en lo que pareció una afrenta directa a las ideas económicas y libertarias de Milei.

La de hoy fue la tercera movilización masiva que se expresa en contra de las políticas de gobierno del presidente Javier Milei, luego de la realizada en enero por la CGT y la tradicional marcha del 24 de marzo en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia a 48 años del último golpe de Estado sufrido por la Argentina.

Muchos de los manifestantes caminaron por donde pudieron hacia el Congreso y la Plaza de Mayo en columnas encabezadas por banderas que representaban a sus universidades, escuelas, institutos de investigación y hospitales. Lo hicieron vistiendo guardapolvos blanco, ambos médicos, camisetas de la Selección, tomando mate y, la gran mayoría, con carteles escritos y pintados a mano con frases como: “Cuando se nace libre, estudiar es el mayor acto de rebeldía” o “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo”.

La marcha, que también convocó a estudiantes secundarios, algunos de ellos acompañados por sus madres y padres, cuestionó, entre otros puntos, la pretensión por parte del Gobierno de “achicar el sistema universitario público con políticas privatizadoras”, un objetivo que para los asistentes quedó en evidencia cuando Milei decidió prorrogar para este año la vigencia del presupuesto 2023 para la educación superior sin contemplar una actualización por inflación y “mostrar a las universidades como centro de corrupción” cuestionando el manejo de los fondos a su cargo. A modo de ejemplo, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, en la que se graduó buena parte de los funcionarios que integran el gabinete nacional, entre ello el ministro de Economía, Luis Caputo, autor del ajuste de fondos, vio reducida sus gastos de funcionamiento en términos reales del 80%.

En las últimas semanas algunas facultades de universidades públicas, a las que asisten unos dos millones de alumnos, trabajan 150.000 docentes y otros 60.000 no docentes, debieron restringir el consumo de la electricidad debido al aumento general de las tarifas de los servicios públicos, que en algunos casos tuvieron un alza del 400%. Si no cambia la situación, algo similar se vivirá con el gas en pleno invierno porque no podrán encender las calderas. Así fue que en las últimas semanas se vieron clausurados los ascensores y se dictaron clases a oscuras, iluminados con una vela o la luz de los teléfonos celulares.

Los rectores de las más de 70 universidades públicas de todo el país, agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron que solo tienen presupuesto para que las casas de altos estudios funcionen, con estas restricciones, hasta mediados de año. Luego, tendrán que cerrar, algo que el Gobierno consideró “una amenaza política”. A eso, además, vinculó la participación y adhesión a la movilización de dirigentes opositores como Cristina Fernández de Kirchner –salió al balcón del Instituto Patria, a dos cuadras del Congreso Nacional, para saludar a quienes iban a la marcha–, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, sumado a referentes de la CGT y la CTA. “Casi un tren fantasma”, criticó esta mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni. Ajenos a la chicana política, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confeccionaron un reloj que muestra, con una cuenta regresiva, cuánto presupuesto le queda a esa casa de altos estudios. Al momento de comenzar la marcha, el dinero alcanzaba para 37 días.

La multitud que marchó hoy por las calles de gran parte de la Argentina lo hizo a pesar del anuncio hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner en práctica nuevamente el llamado “Protocolo antipiquetes”. Los estudiantes ya lo habían hecho en los últimos días cuando, en la puerta de varias facultades, dictaron clases al aire libre y cortaron las calles. Inclusive anoche llevaron adelante una vigilia en varios edificios universitarios anticipando la marcha de hoy a la Plaza de Mayo. En ese contexto, Milei celebró en un discurso pronunciado en cadena nacional haber alcanzado un superávit de 0,2% del PIB en tres meses y afirmó: “La era del supuesto Estado presente ha terminado”. El documento leído en la Plaza de Mayo destacó, justamente, que “más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades”.

Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación en más de 27 años, señaló días atrás un informe elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de datos oficiales. El documento contempló los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y relevó las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año. Así llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en casi 30 años. Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023.

“Esta marcha va más allá de las consignas”, dijo a elDiarioAR Flavio Durante, profesor de la materia “Análisis Matemático” en la UBA y en el Instituto Superior del Profesorado Dr. “Joaquín V. González”. A su criterio, la movilización también tuvo como objetivo “detener este plan sistemático de destrucción de la educación, la salud pública y las jubilaciones” puesto en práctica, a su criterio, desde el Poder Ejecutivo. “Yo fui educado en instituciones públicas: desde el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria y secundaria, el terciario y la UBA. Para mí, la importancia de la educación y la universidad pública es vital. Es el ideal de una sociedad para vivir, desarrollarse y alcanzar sus objetivos. Eso es lo que quieren destruir”, sostuvo.

Un ajuste sin precedentes

Con un cartel que decía “Si la universidad se vacía, con qué llenamos el futuro”, Gabriela Linardo, que es maestra y psicopedagoga en una escuela primaria bonaerense, opinó que el recorte presupuestario implementado por el Gobierno demuestra “un desprecio a la educación pública y gratuita” y conspira en contra de que el “conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología esté repartido. Un país que no prioriza con recursos a la educación -sostuvo- es un país que no distribuye los saberes. Yo creo en otro modelo de país: uno que vea a la educación como una herramienta de transformación social y, en general, de la realidad. Y hoy también marcho –comentó a elDiarioAR– porque soy madre y quiero que mis hijos, cuando tengan la edad y las ganas de ir a la universidad, puedan hacerlo y elegir por una institución pública y gratuita”.

Cerca de ella, Miranda Mongiano, egresada de una de las escuelas secundarias dependientes de la UBA y alumna del Ciclo Básico Común (CBC), consideró que la educación pública propicia, “en un sentido amplio, igualdad de condiciones” para todos los estudiantes sin importar, inclusive, si son argentinos o extranjeros. “Vine a esta marcha, además, para luchar por nuestra cultura, la salud y la educación pública, que son parte de la soberanía nacional”.

Además de reclamar un presupuesto actualizado acorde al nivel de inflación y el aumento de los salarios para los trabajadores docentes y no docentes –el 60% de ellos percibe salarios por debajo de la línea de pobreza–, la marcha exigió la revalorización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, que apenas llegan a los $20.000, y el sostenimiento del el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para evitar una nueva “fuga de cerebros”, la partida de científicos hacia otros lugares del mundo en busca de mejores oportunidades laborales y de investigación.

Desde su llegada al poder, Javier Milei modificó la convocatoria a Becas Doctorales del CONICET que había sido aprobada y evaluada entre mayo y noviembre de 2023. En aquel momento, la iniciativa había alcanzado a 1.300 postulantes, pero el actual Gobierno redujo ese número hasta dejarlo en 600.

Además, el Ejecutivo suspendió la implementación de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia, desestimando así lo planteado en Ley de Financiamiento y el Plan Nacional 2030, y paralizó completamente todas las obras de infraestructura científica y universitaria que estaba en ejecución. Los trabajos, por ende, quedaron sin terminar y los obreros de la construcción, despedidos.

Al respecto, horas antes de comenzar el feriado extra largo de Semana Santa, el Gobierno distribuyó cientos de mails entre los trabajadores de ciencia y tecnología anunciando que no se les renovarían los contratos. Lo hizo sin evaluación de su desempeño y con una fuerte presencia policial en las distintas instalaciones.

Alejandro Presta, docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EPA), el primer terciario en su tipo de Latinoamérica, es uno de los educadores afectados por la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado en 1998 y cuyo objetivo era reforzar el salario de los maestros y profesores de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales. Para los docentes, la eliminación de este fondo representa una pérdida de entre 10 y 20% en sus salarios. Para Alejandro, que hoy cumple años, “hay mucha ignorancia” de parte del Gobierno nacional acerca de lo que representan la universidad pública y el CONICET. “Me parece que directamente están queriendo cambiar un paradigma que lleva más de un siglo vigente”, comentó a elDiarioAR.

Este domingo en su newsletter de opinión pública y análisis político, la consultora Zuban-Córdoba y Asociados destacó que en distintas encuestas las universidades públicas se encuentran al tope de los rankings de confianza. Ante la pregunta si “la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”, el 87.4% de los consultados coincidió con la frase. “Es un consenso social casi unánime de validación”, indicó. Un consenso que también alcanza a los hospitales universitarios: solo bajo la órbita de la UBA funcionan seis centros de salud e investigación en los que se atendieron más de medio millón de personas durante 2023.

Al reclamo de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades nacionales se sumaron cientos de profesores de otras casas de altos estudios privadas como la Universidad de San Andrés (UdeSA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). También lo hicieron los alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Marcela Pérez Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos, opinó que el Gobierno “no puede poner en duda la educación pública porque es el motor de su crecimiento. Tampoco creo que pueda separarse el desarrollo de un país de las posibilidades con las que cuentan los habitantes de ese país de poder educarse, algo que está relacionado con la igualdad”, señaló en declaraciones a elDiarioAR.

Y agregó: “La educación pública, en muchos aspectos, también es para mí un lugar de contención. Desde aquella maestra de segundo grado que me daba cositas para hacer porque mi mamá no llegaba a tiempo a buscarme hasta la beca del Ministerio de Educación que recibí para poder estudiar en la UBA mientras alquilaba y trabajaba. Mucho de lo que soy como persona y profesional se lo debo a la educación pública”, indicó.