El diputado nacional Fabián Peralta (GEN de Santa Fe), presentó un proyecto esta semana en el seno de la Cámara, con el objeto de conformar una Comisión Investigadora para conocer lo actuado por la ex concesionaria Puentes del Litoral SA y lo ocurrido con la cesión a nuevos responsables.

Sostuvo que la empresa no cumplió y las auditorías realizadas marcaban 35 irregularidades que se habían detectado en el 2004 y 2005. “En una de ellas explicaban que los pliegos se habían modificado sustancialmente a través de renegociaciones entre el Estado y la firma. El OCCOVI, que ha tenido una actitud poco crítica, señaló que se había pagado 10 % por encima del contrato. Incluso el Fiscal de Administraciones Administrativas –hoy diputado– había presentado una demanda penal por defraudación”, remarcó.

Con estos antecedentes amerita que se investigue sobre esta situación, sostuvo, y por otro lado consideró que subyace una conducta poco menos que “criminal” por la siniestralidad que se ha producido en el viaducto. Según datos oficiales se produjeron 842 accidentes hasta el año pasado, a pesar de que las ONG hacen referencia a un número superior, y hasta fines del 2013 se produjeron 40 muertes.

La obra había sido pensada como autovía, después no se construyeron las banquinas y solo quedan escasos metros entre la carpeta asfáltica y la pronunciada pendiente de los laterales. Este sector no es únicamente un lugar para detenerse sino que representa la posibilidad de escape ante una colisión frontal. Según las estadísticas nacionales, 3 de cada 4 son accidentes de este tipo.

Por otro lado en los pliegos se establecía que cuando se duplicara el tránsito era necesaria construir la autovía. “La cantidad de tránsito aumentó al doble y no se han construido banquinas”, señaló.

Otro aspecto

El otro aspecto es el ecológico, según Peralta, varias instituciones alertaron que debía realizarse la menor cantidad de terraplenes sobre los humedales, actualmente el 80 % son ruta es consolidada  y el resto puentes.

Por otro lado hay dos juicios importantes, uno iniciado por Puentes del Litoral contra el Estado por no haberle permitido reajustar el valor de peaje que se presentó ante el CIADI (1), el otro por parte de la empresa holandesa que construyó los terraplenes, contra la concesionaria, por falta de pago. Además hay un cúmulo de juicios menores que se sustancian en distintos juzgados.

“Mi temor es que el Estado, que puso el grueso del dinero con que se hizo la obra (alrededor de 257 millones), tenga que hacerse cargo de pasivos por este motivo. Hubo una concesionaria que hizo la obra y después cobró el peaje. ¿Qué responsabilidad le cabe?”, se preguntó.

Nuevos concesionarios

Cualquier planteo debía pasar por mantener la fuente laboral en la concesión, como ocurrió con Caminos del Río Uruguay, pero a criterio del legislador era una oportunidad inmejorable para que el OCCOVI (Organismo de Control de Concesiones Viales) hiciera una evaluación sin apresuramientos. Consideró que no es casual esto que pasó que Puentes del Litoral abandone la concesión. “Hace 10 años que se hacía referencia a dudas con respecto a la viabilidad económica de la administración”.

Sostuvo además –en diálogo con Paralelo 32- que a los organismos de Control no los tiene que haber tomado por sorpresa, y a su criterio era el momento ideal para blanquear toda la situación.

En principio evaluar que el Estado se pudiera hacer cargo, porque se desprende de acuerdo a todo lo antes explicado, que hay que realizar obras sobre todo destinadas a la seguridad. “El tránsito se incrementará por la importancia de la unión que se ha transformado en una vía de conexión  bioceánica, sumado al crecimiento demográfico”.

Preguntamos al legislador sobre la forma en que tomaron conocimiento de esta situación. Al respecto explicó: “nosotros tomamos conocimiento a través de los delegados sindicales y después apareció una Resolución del OCCOVI –haciendo entrega en forma directa a Caminos del Rio Uruguay SA-, de la que dudamos desde el punto de vista jurídico”.

El objetivo del proyecto para que se constituya una comisión investigadora, contempla que se revise todo, desde la construcción, la administración de Puentes del Litoral, y los nuevos concesionarios a los que se les otorga en forma directa.

“Cuando el Estado termina pagando juicios los pagamos todos, y si hubo responsabilidad administrativa o jurídica de funcionarios, se deberá actuar en consecuencia”, remarcó.

Proyecto

El proyecto de ley está a la firma de los pares para reunir la mayor cantidad de adhesiones y hay una cantidad importante de razones para que se constituya la bicameral, que tendrá que actuar durante 6 meses, prorrogables por otro tiempo similar. “Debemos llegar a una conclusión y poner negro sobre blanco el tema”, dijo. Según adelantó ayer, el proyecto ya cuenta con la firma de los diputados Jvkin, Barletta y Rogel, pero aún faltaban otros pares que firmarían el mismo.

(1) CIADI:  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias,   es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y naciones  de otros Estados. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales