La empresa Bema Agri, de capitales chilenos y holandeses, que cerró alrededor de 20.000 hectáreas en las islas para la siembra de soja, a pesar de las prohibiciones que existen al respecto, no sólo continúa con esta actividad desde el año 2009, sino que ahora construye una planta de silos y un galpón de aproximadamente 150 metros de largo.

La obra, que se observa parcialmente en la fotografía que ilustra esta nota, se lleva adelante sin que medie autorización alguna de la comuna de Victoria, ya que no puede otorgar una autorización legal para este tipo de emprendimientos, en la medida en que contradice todas las ordenanzas que regulan la actividad en esa parte del ejido urbano. Podría, en todo caso, hacerlo mediante una autorización especial del Concejo Deliberante, pero nunca se trató ni ingresó proyecto alguno en ese sentido.

Como se recordará, cuando desde Victoria se llevó el reclamo legal a la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó la apelación de dos concejales (José Molla y Rodrigo Juárez), quienes en calidad de ciudadanos y a través de un amparo ambiental, pedían su intervención para el cese de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación.

Si bien hacia 2009 desde la Municipalidad se notificó formalmente a la empresa sobre la irregularidad de su emprendimiento, este siguió creciendo, secando una superficie de casi el doble del damero.

Los magistrados de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Carlos Alberto Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, consideraron que la Justicia no es la vía de resolución del caso, sino que el propio «municipio de Victoria «, cuenta con las herramientas suficientes para resolverlo, por eso recomendaron que se vuelva a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación, ante el Juzgado Civil y Comercial.
Los expedientes derivaron en el Juzgado de Instrucción local, que consideró que no era la vía adecuada de reclamo, de allí que ambos denunciantes recorrieron al STJ, sin éxito. una es la La empresa holandesa Bema Agri adquirió inicialmente en marzo de 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas del ejido victoriense y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas, con una inversión de unos 3,5 millones de dólares.

El emprendimiento se montó sin autorización de la comuna, que está en condiciones de aplicar una serie de normas municipales que prohíben la siembra en la zona de islas del Delta, tales como las ordenanzas:

-N° 2.185, que declara «área natural protegida» la zona de islas, que pertenecen al ejido municipal. En la normativa se especifica que, en esas tierras, no se puede cultivar oleaginosas sólo están permitidos cultivos orgánicos.

También, se establece que no se podrán realizar obras, salvo las viviendas de los isleños.

-Ordenanza Nº 1.787, promulgada el 13 de julio del 2008, que prevé que todo «emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante».

-Ordenanza Nº 2.472 que establece que el suelo litoral, que comprende los terrenos del ejido ubicados en la zona de islas en lo referente a usos de la tierra no está admitida la «agricultura y actividades productivas industriales. Excepcionalmente, se admitirán usos agrícolas de cultivos orgánicos en parcelas de unidades de explotación que estén territorialmente ubicadas en el suelo litoral como continuidad del suelo firme y que a la fecha de la aprobación de la norma esté perfectamente delimitada».

A través de las redes sociales se dio a difusión una solicitada en la que se indica que «Como victorienses le pedimos al Ejecutivo que tome cartas en el asunto. Se solicita un proyecto de ley antisiembra y fumigación en el humedal, el cual aún no prospera en la Legislatura entrerriana. A la inacción siguieron los infructuosos amparos, por lo que ahora resta conocer qué decisión tomara el Ejecutivo municipal con respecto, a este tema y veremos si realmente hay una decisión política, porque está visto que la Justicia le está dando instrucciones e instrumentos precisos para tomar cartas en el asunto».