La importante crecida del río Paraná, que comenzó en diciembre y que promete extenderse hasta el invierno, provoca una matanza inusual de fauna autóctona por aplastamiento por parte de automóviles y camiones en la traza vial Rosario-Victoria, una zona ambientalmente protegida en los papeles, pero que en la práctica no cuenta con ningún dispositivo de control para casos como este, que además del daño ecológico significa un riesgo elevado para la seguridad de los automovilistas.
Durante todo el verano fue usual ver restos de nutrias y carpinchos al borde de la ruta o en la zona de las rotondas, donde los animales se agolpan a la fuerza, al estar las islas donde viven inundadas desde hace meses, algo que suma además mucho peligro para los conductores.
Esto provocó que desde la organización ambientalista El Paraná No se Toca alertaran sobre la necesidad de que los responsables de controlar esa ruta —la empresa Caminos del Río Uruguay, y el Estado en todos sus niveles—, tomaran medidas especiales para extremar precauciones.
«Presentamos notas a la concesionaria, al Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), a Fauna Silvestre de la Nación, a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pedimos que en estos casos se disminuya la velocidad a 80 kilómetros por hora para los autos, y a 60 para los camiones, y para eso pedimos radares», contó Victoria Dunda, abogada y miembro de esa organización.
Concientización. Al no haber obtenido ninguna respuesta hasta ahora por parte de ninguno de los organismos contactados, desde El Paraná No Se Toca organizarán una volanteada de «concientización vial» el próximo sábado 2 de abril en inmediaciones del peaje y sobre la cabecera a Victoria.
«Es una situación que pone en riesgo la vida de las personas porque se cruzan animales todo el tiempo», enfatizó Dunda, quien agregó que, por fuera de la emergencia, lo que debería haber son pasos de fauna en lugares específicos al tratarse de un área ambientalmente protegida según una ordenanza del departamento de Victoria que declara a todas las islas como reserva natural de usos múltiples.
La concesionaria. Desde Caminos del Río Uruguay, la empresa que tiene la concesión de la traza desde septiembre de 2014 -concesión denunciada en su momento por el entonces diputado Pablo Javkin por falta de licitación pública- dijeron que «no están al tanto de la anomalía», y además expresaron que no cuentan con datos precisos para saber si la cantidad de animales muertos «es mucha o es poca».
Respecto de qué estipula, para estos casos de crecientes excepcionales, el estudio de impacto ambiental original de la traza vial, desde la empresa afirmaron que «no tienen en su poder dicho estudio», aunque se comprometieron a rastrearlo en un término de «15 a 20 días».
«No nos dieron el estudio de impacto ambiental cuando se hizo el traspaso de la concesión anterior, aunque estoy casi seguro de que se hizo, porque me comentaron que formó parte del pliego», dijo Martín Elizalde, el gerente de explotación de la concesión.
Elizalde subrayó que la empresa «no tiene datos respecto a lo que pasa ahora en la traza Rosario-Victoria», ya que «no están contando la cantidad de animales muertos», por lo que «no tienen ningún comentario para agregar».
Sin datos comparativos. «No sé si en crecientes anteriores ha sucedido lo mismo, por eso no tengo datos para comparar respecto a otras veces», explicó, para agregar que en 1997 tuvieron una situación parecida en la zona de Zárate, donde la empresa opera el corredor 18, cuando recibieron una presentación de ambientalistas por mortandad de carpinchos. «Si bien presentamos nuestros cómputos, después no tuvimos ningún feed-back».
Para Elizalde «aparece una preocupación de gente que tampoco tiene datos. Me parece mal que lancen al ruedo una preocupación sobre la cual no tienen información». En ese sentido agregó que el problema, en todo caso, fue desde mediados de enero hasta principios de febrero, pero que durante los últimos 45 días «fue dos veces y no vio ningún animal muerto».
Por último, afirmó que «no figura entre las obligaciones de la concesión registrar ese tipo de información», aunque dijo que si reciben un pedido «se puede hacer algo».