prostibulos

El Diario de Paraná publica hoy en su portada un informe que generó asombro en la comunidad victoriense. Se mencionan nombres de prostíbulos y referencia la posibilidad que en la ciudad de las Siete Colinas se cometan delitos de explotación sexual.

Un informe de Gendarmería advirtió sobre la presencia de mujeres en situación de vulnerabilidad que eran obligadas a prostituirse en locales de Victoria. La justicia federal consideró que no era un caso de trata de personas y remitió la causa a la provincia para determinar si había una explotación de la prostitución ajena.

La justicia federal remitió a los tribunales provinciales una investigación tendiente a determinar si en la ciudad de Victoria existe una red ilegal de prostíbulos donde había mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución.
Si bien el juez no cree que exista trata de personas, advirtió que el funcionamiento de prostíbulos está prohibido por una ley nacional vigente desde hace más de ochenta años y, entonces, no descartó que las mujeres hayan sido explotadas por terceros que se les quedaban con parte de su ganancia.
Lo cierto es que la investigación tiene una compleja trama. Se inició en el año 2012 a partir de un informe remitido por Gendarmería donde se advertía sobre la presencia de mujeres en situación de vulnerabilidad que ejercían la prostitución en los locales denominados La Vuelta, El Bambi, El Águila II, Play Boy, Papillón y Pentágono. Si bien todos se encontraban dentro del ejido municipal, los dos últimos estaban sobre la ruta provincial 11. De ellos, cuatro eran regenteados por mujeres.
Sin embargo, el juez consideró que de los testimonios de las mujeres que no se advierte que hayan sido reclutadas mediante “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación”. Y la Cámara Federal de Apelaciones ratificó esa postura advirtiendo además que “a más de tres años de iniciada la investigación, no se logra advertir sospecha alguna de que las mujeres involucradas hayan estado sometidas a un posible señorío por parte de los propietarios de los locales en cuestión”, es decir, si bien las mujeres se encuentran “en una situación vulnerable” y “en estado de desigualdad estructural”, no implica esa circunstancia “un abuso de esa situación por parte de los propietarios o regentes de los locales investigados”.

Clausura y después. El funcionamiento de prostíbulos está prohibido en Entre Ríos, pero no existe ninguna legislación que penalice el ejercicio libre de la prostitución. Sí está penada la explotación de la prostitución ajena. Eso ha generado discusiones (no saldadas) respecto de cuál es el límite entre el ejercicio de la prostitución y la trata de personas.
La trata de personas es, por definición, el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad. Una de las formas es la explotación sexual en la prostitución ajena.
En Entre Ríos, la clausura de los prostíbulos fue dispuesta en diciembre de 2012, tras la sanción de la Ley Nº 10.186, por la cual se prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”. En los meses siguientes se cerraron más de un centenar de prostíbulos en toda la provincia. Seis de ellos, en Victoria.
El cierre de los prostíbulos fue determinante para el destino de la investigación. El subjefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Victorino Borré, que encabezó los procedimientos, una madrugada de febrero de 2013, aseguró que “en los boliches no se detectaron situaciones de explotación y trata de personas, e inclusive muchas de ellas ya habían sido licenciadas, por lo que las mujeres que estaban trabajando fueron identificadas y se les permitió retirarse a sus domicilios”.
Sin embargo, unas semanas antes, la fiscal federal Marina Herbel había realizado una serie de imputaciones a los regentes de los prostíbulos.
En lugar de eso, ahora, tres años después, la justicia federal remitió la causa a los tribunales provinciales para que se investigue la posible comisión del delito de administración y/o regenteo de una casa de tolerancia, previsto en la Ley Nª 12.331, sancionada en 1937, y un delito conexo que es la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

Los prostíbulos y sus regentes 
La Policía de Entre Ríos clausuró en febrero de 2013 los seis prostíbulos que había en Victoria: La Vuelta, de Sandra Graciela Cardozo; Play Boy, de Ignacia Amarilla Gómez; El Águila II, de Alicia Beatriz Loaiza; El Bambi, de Carlos Esquivel y a cargo de Patricia de Vincenzo; Papillón, de Gustavo Sergio Spaldone (sobre la ruta provincial 11); y Pentágono, de Juliana Virgen Tesuri (sobre la ruta provincial 11). La medida se dispuso en cumplimiento de la Ley Nº 10.186, por la cual se prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”.

Fuente: El Diario de Paraná