El gobierno de Entre Ríos dio por finalizada la negociación con los gremios docentes. Fue luego de que se conociera la decisión del congreso de Agmer de rechazar la oferta y convocar a nuevas jornadas de paro que perjudican a miles de familias. Se descontarán los días no trabajados y se implementará un nuevo sistema para registrar las inasistencias.
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El paro docente en Entre Ríos es innecesario e  injustificado y los principales perjudicados son los niños y sus familias que ven resentido el derecho al acceso a la educación, en especial los que asisten a la escuela pública.

El gobierno lamenta profundamente la decisión del congreso extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), celebrado este jueves 22 de marzo en la ciudad de San Salvador, que rechazó la oferta superadora de la provincia para los trabajadores de la educación.

Cabe destacar que la propuesta realizada a los cuatro gremios docentes no sólo era superadora de otras anteriores, sino que se ubica entre las más beneficiosas del país, ya que de las 13 provincias que llegaron a un acuerdo, 10 lo hicieron con ofertas por debajo o igual a la de Entre Ríos, que incluso se encuentra muy por encima de los acuerdos paritarios alcanzados en el sector privado.
Ante esta penosa decisión de la dirigencia gremial, que interrumpe definitivamente la mesa de diálogo con los gremios docentes, la provincia se reserva el derecho de acudir ante las instancias pertinentes a los efectos de garantizar el acceso a la educación pública para los más de 400.000 alumnos entrerrianos.

El llamado a nuevas jornadas de paro nada tiene que ver con el clima de diálogo que venía garantizando este gobierno, y perjudica severamente el derecho al acceso a la educación, y en especial a los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela pública.

Durante el transcurso de los últimos dos meses, la provincia garantizó numerosas instancias de diálogo con los representantes de los cuatro gremios docentes entrerrianos a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio y responsable que tuviera en cuenta las necesidades de los trabajadores de la educación así como también las posibilidades financieras de la administración provincial.

En ese contexto, el propio gobernador Gustavo Bordet se comprometió a que ningún trabajador público cobre por debajo de la inflación, y así lo aseguró incorporando la cláusula de revisión permanente en la negociación con las organizaciones gremiales docentes.