El Senado de la Nación volverá a sesionar con la intención de debatir varios proyectos de ley vinculados con la política judicial y la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, entre los que se destaca la iniciativa para castigar la filtración de escuchas judiciales.

La sesión fue acordada entre los principales bloques de la Cámara alta y se llevará a cabo el miércoles desde las 14, aunque el horario preciso será determinado durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará el martes por la tarde.

La intención de los bloques del oficialismo y la oposición es sesionar esta semana con los proyectos de ley que fueron dictaminados el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y volver a sesionar el miércoles 25 de abril para recibir el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El proyecto, que sse aprobará hoy, lleva la firma del peronista salteño Rodolfo Urtubey y está respaldado por el jefe de la bancada de interbloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto, y por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.

La decisión de afianzar la cadena de custodia alrededor de las escuchas ordenadas por la justicia había sido conversada por Pinedo y Pichetto durante las múltiples reuniones parlamentarias que mantuvieron, y la decisión de resolver la cuestión se hizo más urgente a medida que se iban conociendo los diálogos entre la ex presidenta y actual senadora bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner, y su ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.

El proyecto sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a jueces y fiscales que faciliten su difusión.

El expediente que fue respaldado por todas las bancadas, a excepción de Unidad Ciudadana- en la que participa Fernández de Kirchner-, responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.

Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual depende.

También se les requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.

El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a los jueces y a los fiscales.