El abandono que trae muertes
La Declaración de Purmamarca, como se conoció ese documento del 12 de febrero de 2016, se selló con una selfie de los ministros. Y a mediados del mismo año se reconvirtió en el «Compromiso por la educación», presentando por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Fue más de lo mismo.
Hasta la fecha, en lugar de una «revolución educativa» el Estado nacional viene encabezando una imparable devastación de la educación pública, desde los jardines de infantes a la universidad.
Entre 2003 y 2006 se sancionaron leyes clave para la educación argentina: la que fija un calendario de 180 días de clases, que obliga al Estado nacional a asistir a las provincias que no puedan afrontar los salarios y garantizar así las jornadas escolares (2003). La de educación técnico profesional, proyectada en un modelo de país apoyado en la industria nacional, y la de financiamiento educativo, que fijó un 6 por ciento del PBI progresivo (meta que se logró en 2010), ambas aprobadas en 2005. En 2006 se sanciona la ley de educación sexual integral (ESI) y la de educación nacional que convierte en obligatorio el secundario.
Desde diciembre de 2015, cada una de esas normas han sido sistemáticamente desconocidas y vulneradas, empezando por los fondos necesarios para sostenerlas. Un informe de la Ctera —presentado en octubre de 2017— advierte sobre el incremento de los pagos de servicio de la deuda externa en detrimento de la inversión educativa: «El pago de los servicios de la deuda externa se ha duplicado a partir del 2016, pasando de un 7,7 por ciento del gasto total en 2015 al 14,5 por ciento en 2016 y a un 11,1 por ciento sólo en el primer semestre del 2017». Y al momento del informe no se había sellado aún el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas recetas son todas de ajuste en el sector público.
Esos números se traducen en lo que deja de llegar a las aulas. «Un caso emblemático es el de la construcción de jardines de infantes (…) hasta el día de la fecha se observa que de los 150 jardines de infantes prometidos para 2016 y los 450 para el 2017, no se ha construido ninguno» (Informe de Ctera 2017). Y que si asoman es a cuentagotas. Así se podría seguir con otros programas socioeducativos. Además de la decisión que por estos días se cocinaba en el gobierno nacional de dejar de abonar el «incentivo docente», una partida nacional conquistada con la Carpa Blanca y que representa hasta un 11 por ciento de los salarios del sector. Y a la que debió retroceder.
No hay un solo dato que demuestre preocupación oficial de la Nación por garantizar el derecho a educarse en la Argentina: borra por decreto la paritaria nacional docente, niega las leyes de educación vigentes y somete a la docencia argentina a una sistemática persecución ideológica, de desprestigio y castigo, en una realidad enmarcada por el endeudamiento, la pobreza, la inseguridad y el desamparo. Las chicas y los chicos han vuelto a las escuelas para comer antes que aprender. Y es en ese panorama que se demanda a las docentes que proyecten una educación para el futuro y que sean innovadoras.
«¿Es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?» se preguntaba a fines de mayo la gobernadora María Eugenia Vidal, en una cena organizada por el Rotary Club de Buenos Aires. La sonrisa permanente se le desdibujó cuando las redes se inundaron de miles testimonios de quienes se abrieron paso en la pobreza y se graduaron en la universidad pública.
La doble moral de la gobernadora Vidal le permite reclamar por las «dos vidas» y al mismo tiempo clausurar el futuro de miles y miles de niñas y niños bonaerenses que viven en la marginación y en la inseguridad de un gobierno que los abandona. La doble moral de una gobernadora que manda a vigilar y controlar en las escuelas quiénes se adhieren a los paros pero no lo hace para saber qué pasa con las condiciones edilicias.
Las muertes de Sandra Calamano (vicedirectora) y Rubén Rodríguez (portero) por una explosión de gas en la Escuela N° 49 de Moreno (provincia de Buenos Aires) es el corolario de este panorama de corrimiento estatal. Lamentablemente no serán las únicas muertes mientras el gobierno nacional siga entregando la enseñanza al mercado.
La comunidad, los representantes de la democracia, tendrán que estar más alerta que nunca a las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las escuelas argentinas. Porque la idea es no arreglarlas, no invertir un peso. Y aún las provincias que decidan hacerlo, en este plan de ajuste fiscal que sostiene el gobierno nacional, tienen los días contados. Hay que preguntarse entonces si están garantizadas las condiciones seguras para enseñar y aprender.
Los sindicatos docentes lo reclaman, lo demandan en cada paritaria jurisdiccional. No lo pueden hacer a nivel nacional porque el gobierno ha desechado este derecho a dialogar en una mesa de negociaciones, por decreto (52/2018).
Las redes mostraron en estos días una partecita del trabajo de Sandra Calamano, contaban que además de ayudar a preparar el mate cocido se ocupaba de que la música no dejara de entrar en su querida escuela. En un video se la ve reclamar por la continuidad de los Programas de Orquestas: «Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está en vigencia un derecho y que mañana por obra y gracia de alguien ya no». Sandra llevó música, inclusión, amor y el gobierno en lugar de cuidarla le devolvió con la muerte. Lo mismo le pasó a su compañero de tareas Rubén.
Ni el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, ni la gobernadora Vidal, ni el titular de la cartera educativa bonaerense Gabriel Sánchez Zinny tuvieron una sola palabra para acompañar tanto dolor. Y cuando aún no habían despedido a Sandra y a Rubén, con el mayor de los cinismos el presidente de la Nación aludía al hecho público como «ese problemita de la pérdida de gas».
Ayer, las maestras y los maestros llevaron las orquestas y coros escolares frente al Ministerio de Educación de la Nación. Llevaron música y vida, en memoria de Sandra y Rubén, para recordar que la desidia y el abandono del Estado no pueden quedar impunes. Para que las escuelas sean siempre lugares de cuidado y no donde encontrar la muerte.
Por Marcela Isaías
LA CAPITAL
