El ministerio de Desarrollo Social lanzará en los próximos días un plan de créditos no bancarios a tasa del 3% anual, con un agresivo subsidio del Estado, para los cuentapropistas de la economía informal. Podrán acceder gasistas, electricistas, carpinteros, modistas y jardineros, entre otros oficios.

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El objetivo del plan es auxiliar con recursos públicos a los que en los últimos tiempos padecieron la caída de las “changas” por la recesión económica, y se endeudaron con tasas de hasta el 200% anual en el sistema financiero informal para intentar subsistir.

La tasa de interés que impondrá el Gobierno es simbólica, dado que no alcanza a cubrir en un año ni siquiera la inflación de un mes. Por ello, más que un crédito es un subsidio directo a una parte de ese 40% de la población que trabaja en la economía informal.

Estos aportes habían sido anunciados por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción en la Asamblea Legislativa del martes. “Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares: por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”, dijo.

Allí afirmó también que la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. En Desarrollo Social dijeron que los créditos serán para cualquier área en el que haya emprendedores cuentapropistas que necesiten un incentivo.

La encargada del monitoreo de plan será la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami). Esa dependencia ya ofrece créditos para microemprendedores, que van de los 5.000 a los 30.000 pesos. Su actividad, hasta aquí, suele crecer en los años electorales. Durante el kirchnerismo cobraba tasas de interés de hasta 6% anual, pero en los últimos cuatro años cobró tasas de entre el 44% y el 50% anual.

Podrán acceder gasistas, electricistas, carpinteros, modistas y jardineros, entre otros oficios. Y habrá control sobre el uso del dinero. La intención oficial financiar el acceso a bienes de capital (máquinas, herramientas, insumos o materiales) para mejorar la productividad y no para gastos corrientes.

No obstante, se analizaba la posibilidad de permitir que las personas usen el dinero para cancelar créditos tomados en financieras a sola firma o con DNI, dado que allí pagan tasas de interés que oficialmente se consideran como “usurarias”. “Hay personas endeudadas con los prestamistas de sus barrios, quienes les cobran por día convirtiendo la vida de los endeudados en un calvario”, señalaron.

Como la demanda de servicios está deprimida por la recesión y la caída del salario real por la alta inflación, en el Gobierno explican que estas medidas se conjugarán con la suba de salarios para empleados públicos, jubilaciones y el bono selectivo para los trabajadores del sector privado con ingresos más bajos. Así, dicen, se pondrá en marcha la microeconomía.

Para poner en marcha el plan, desde el Tesoro realizarán un aporte de dinero extrapresupuestario a la cartera que conduce Daniel Arroyo. Las fuentes consultadas descartaron que vaya a usarse fondos provenientes de la ANSeS, una caja utilizada tanto por el kirchnerismo como por el macrismo desde 2008 para financiar planes de incentivo al consumo.

En el marco de la ley de emergencia económica, se incrementará de 27.000 a 40.000 millones de pesos el presupuesto para atender la emergencia alimentaria. No obstante, el dinero para los créditos no saldrá de allí sino que habrá reasignación de partidas, una facultad que por ley tiene el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.