A poco de asumir la presidencia, Alberto Fernández, además de solicitarle a la CGT que acepte aumentos salariales fijos a cuenta de futuras paritaria, les pidió una segunda muestra de colaboración con el flamante gobierno peronista: que no reclamen la denominada cláusula gatillo, un mecanismo que fija la actualización automática de los salarios de acuerdo con la inflación, les permitió durante buena parte de la administración de Mauricio Macri que los aumentos quedaran atados al costo de vida. Este tipo de acuerdo fue la clave para que, por ejemplo, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal pudiera celebrar acuerdos con los docentes en la provincia.

Los principales popes sindicales aceptaron la propuesta. En primer lugar porque están comprometidos con la gestión del actual mandatario. Y segundo, porque la mayoría de los gremios privados, y sobre todo los grandes, en 2019 no incluyeron cláusulas gatillo en las paritarias.

Lo más parecido a esto fueron las negociaciones en los gremios de Construcción y Sanidad. Allí se pactó un régimen de actualización trimestral según la inflación pasada.

No son cláusulas gatillos en sentido estricto, ya que cada trimestre tienen que volver a negociar, es decir, que el aumento no se dispara automáticamente, pero en la práctica han tenido ese efecto.

En cambio, la inmensa mayoría sí firmaron “cláusulas de revisión”.

Algunas ya se activaron, como en los casos de aceiteros y UTEDyC. Otros todavía no y están en plena negociación, como Comercio, Alimentación o Metalúrgicos.

Por este motivo varios integrantes de la CGT, con quienes había hablado Fernández, entendieron como “innecesario” que él mismo Presidente se expusiera ante los medios sosteniendo que ese mecanismo de la cláusula gatillo era innecesario.

“El Estado está haciendo su parte en todo esto, lo que nosotros necesitamos es que cada uno haga su parte. Tengo mucha confianza en la dirigente gremial. Siento que ellos comprenden la magnitud del problema, dando muestras sobradas de colaboración”, dijo en un claro mensaje al sector sindical durante un reportaje en el canal de noticias C5N.

Antes había expresado: “La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación”, y remató “una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Lo que tenemos que hacer todos es desindexarla”.

Uno de los más importantes líderes sindicales, en diálogo con Infobae, no dudó en asegurar que el pedido público del mandatario “es un tiro por elevación para los docentes, sobre todo para (Roberto) Baradel, que ya se reunió con el jefe de Gabinete y no le fue muy bien. A él también ya le aclararon que en el sector público no se cerrarán las negociaciones salariales con la cláusula gatillo, y que las paritarias docentes las cerrará cada provincia”.

Esta visión también tiene su ascendente entre los funcionarios de los gobiernos nacional y bonaerense.

Se convocará a la paritaria docente nacional -para la semana que viene-, como lo solicitan los maestros, y como se comprometieron Alberto Fernández y su ministro de Educación, Nicolás Trotta. Pero no se fijará allí ningún tipo de incremento salarial. “Nosotros, desde la CGT, apoyamos que cada provincia negocie su propia paritaria docente, no vamos a tolerar ningún aumento a la baja”, aseguran desde la CGT, que monitorean cada paso de Baradel, de ATE y de la CTA.

Donde sí se incluyeron las cláusulas gatillo el año pasado fue en el sector público. A nivel nacional, los docentes universitarios. A nivel provincial, en varias jurisdicciones y sectores. Por ejemplo, docentes en las provincias de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Santa Fe, como también en los estatales de La Pampa, donde a principios de este año se pagó un bono de $12.500 y habrá una cláusula gatillo que estará entre el 13 y 15% para el sueldo del mismo mes.

En Tucumán hay un conflicto muy fuerte ya que el gobierno de Juan Luis Manzur decidió hace unos días dejar sin efecto el aumento que correspondía por la cláusula gatillo del último trimestre del año.

Luis Campos, a cargo del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, realizó un amplio estudio sobre el tema salarial en el cual explica que en los primeros días del año las discusiones sobre el sueldo de los trabajadores “han estado centradas en el aumento de $4.000 otorgado por el Gobierno nacional” y que “este incremento se da en un contexto donde el salario real ha experimentado un fuerte retroceso en los últimos cuatro años”.

Razona, además, que esto “marca un cambio en la orientación de la política salarial gubernamental. Sin embargo, la concreción de este aumento no debe quitar el foco de la atención sobre el estado de las negociaciones salariales, tanto de aquellas paritarias que ya se encuentran vencidas como de las que tienen pendientes cláusulas de revisión”.

Campos recuerda que el “año paritario” difiere del “año calendario” y es más, algunas actividades actualizan salarios con una frecuencia menor (trimestral o semestral).

Campos sostuvo que: “Si a eso le sumamos las cláusulas de revisión, nos da como resultado negociaciones a lo largo de todo el año. En 2019, la pauta inicial de los acuerdos salariales se ubicó en torno del 30%-35% anual, mientras que la inflación estuvo muy por arriba (cercana al 55% anual). Mientras que algunas actividades estuvieron cerca de empatarle a los precios, otras tenían previsto revisar los acuerdos a partir de noviembre”.

Roberto Fernández, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), es otro de los dirigentes sindicales que por estos día debe negociar con las cámaras del sector la revisión de su paritaria 2019 que aún no está cerrada, ya que vence en abril.

Si bien en diálogo con este medio Fernández insistió que aún le queda por concretar “una revisión por cláusula gatillo”, tanto Campos como desde el Ministerio de Trabajo aclararon que la UTA tiene “actualizaciones trimestrales”, es decir que se debe negociar la pérdida de poder adquisitivo según la inflación. Un tema que no es sencillo, y menos en este momento, donde el Gobierno ya congeló tarifas, entre ellas la del transporte automotor, y solicita “aumentos de salario moderados”.