El titular del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, brindó un panorama de la situación de las cárceles de la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sánchez sostuvo que en las cárceles de la provincia la situación está “bastante tranquila” y detalló que “hay 2.487 personas alojadas en toda la provincia, 826 en la Unidad Penal 1 de Paraná y 72 mujeres en la Unidad 6”.

Mencionó que “se puede observar la proporcionalidad de las medidas que se tomaron porque al inicio de esta declaración de emergencia había 98 alojadas y con las domiciliarias se llegó a 70, aunque ingresaron dos más en estas semanas”.

Respecto del pedido para salir a cobrar la Asignación Familiar de Emergencia (IFE), que fue rechazado por los titulares de los Juzgados de Ejecución de Penas de Paraná y Gualeguaychú, explicó que “se notificó a los internos que habían presentado la solicitud para ser trasladados y no hubo mayor inconveniente”.

“Esas medidas fueron ordenadas por los jueces que son quienes autorizan o no el egreso para cualquier actividad de los internos fuera del establecimiento, y acompañando la decisión que nosotros tomamos de tener puertas adentro a toda la población penal y circunscribir lo mayor posible el egreso y el ingreso de personas extrañas a las unidades penales, es que se ha tomado esta decisión, más allá de la naturaleza o la esencia de esta prestaciones”, explicó.

Asimismo, indicó que “se mantiene la suspensión” del régimen de visitas, medida que se tomó el 24 o 25 de marzo en forma conjunta con los Juzgados y el contacto es a través “del servicio de telefonía semipública en los pabellones, y también algún que otro teléfono que han solicitado para mantener la comunicación con el medio externo”.

En tal sentido, aclaró que “no hubo más de 10 autorizaciones en toda la provincia para la tenencia de esta telefonía” y agregó que “con los abogados la comunicación también se puede efectuar a través del teléfono semipúblico o con las oficinas administrativas de las unidades”.

“Es casi nula la concurrencia de los abogados, hubo muy pocos y si se acercan lo hacen con todas las medidas de bioseguridad porque determinamos evitar el contacto de la población penal con el medio externo y eso incluye a los abogados, aquellos grupos educativos y de asistencia religiosa o espiritual”, puntualizó.

También dijo que “el taller de laborterapia ejecuta algunas obras que tienen que ver con el mantenimiento de las unidades penales y sólo hay contacto entre el interno y el personal penitenciario. Está reducido y no se está trabajando a pleno”.

Asimismo, informó que “en la escuela no concurren las autoridades educativas, ni maestros ni profesores, y se trabaja con un sistema virtual donde el coordinador educativo se encarga de bajar todo el material y se lo transmite a los internos”. “Se trabaja a través de plataformas virtuales al igual que como en las escuelas del medio externo”, explicó.

Consultado por los detenidos de mayor edad, explicitó que “hasta la semana pasada había un interno de 83 años y hoy quedan dos internos de entre 74 y 75 años, que continúan detenidos uno por una condena a perpetua por un homicidio y otro por un caso de abuso a la integridad sexual”.

En ese marco, sostuvo que “hay unos 75 adultos mayores en el sistema, y las autoridades judiciales trataron de externalizar a estas personas pero nos encontramos con que no tienen vínculos o los mismo vínculos familiares muchas veces no los aceptan”.

Finalmente, marcó que “sigue habiendo 421 casos de detenidos sin condena, porque no hubo mucha actividad judicial, aunque en esta emergencia se está aplicando un sistema novedoso como es la video conferencia  lo que ha permitido que los internos tengan su asesoramiento legal y contacto con las autoridades judiciales”. “Hubo dos o tres casos donde se celebraron las audiencias de sentencia con el interno dentro de la cárcel pero participando de la audiencia o el debate a través de una videoconferencia”, culminó.