Representantes del sector resaltaron la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para sostener a las empresas y cuidar el empleo, y plantearon la necesidad de que estas ayudas por parte del Estado se sigan otorgando de manera automática.

Las entidades pymes resaltaron hoy la importancia que tuvo para el sector la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para sostener a las empresas y cuidar el empleo, y plantearon la necesidad de que estas ayudas por parte del Estado se sigan otorgando de manera automática, mientras perduren restricciones por la pandemia de
coronavirus.

A poco más de dos meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el vicepresidente de la Fundación Protejer, Jorge Sorabilla, dijo a Télam que «pese a la grave situación económica», están «agradecidos de tener un Gobierno que entiende lo que sucede a nivel productivo y tiene vocación de ayudar y resguardar a las empresas».

Por su parte, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Daniel Mafud, indicó que las medidas contempladas en el programa ATP «son positivas y todas están llegando» aunque «no a la velocidad que se hubiera querido» en un principio.

Ante el impacto económico generado por la pandemia y las restricciones impuestas para mitigar la propagación del coronavirus, el Gobierno implementó una batería de políticas tendientes a cuidar las empresas y el nivel de empleo.

Entre esas medidas, se cuentan la suspensión del 95% de contribuciones patronales; la extensión de la moratoria de la AFIP; la suspensión de cortes de servicios y de aumentos de alquileres; y la oferta de créditos bancarios a tasas del 24%.

De todas ellas, la más significativa fue el pago de salarios de empresas privadas a través del ATP que benefició este mes a más de 2,2 millones de trabajadores de más de 247.000 compañías, número que se incrementará en junio, de acuerdo con lo anunciado oficialmente.

El 98,7% de las adjudicatarias del ATP fueron pymes de hasta 100 empleados que en conjunto contratan al 62,9% de los trabajadores alcanzados por el programa.

«El ATP es reparador de la falta de ingresos de las compañías; nos da el aire que nos faltaba», sostuvo Sorabilla y consideró que «por los próximos seis meses se debería seguir dando en forma automática».

Pensando en el mediano plazo, el dirigente textil avizora un escenario difícil para un sector que en los cuatro años anteriores ya «había perdido un 30% del nivel de actividad», situación que la Covid-19 profundizó en extremo «hasta alcanzar un parate del 85% ó 90%».

Con la reciente y paulatina reapertura económica, principalmente en las provincias poco aquejadas por la pandemia, Sorabilla estimó que «la actividad está hoy en un 25%», pero aclaró que la demanda es muy limitada ya que la gente está priorizando otros consumos y perdió poder adquisitivo».

En este marco, para evitar quiebras de pymes, el directivo de Protejer propuso «mantener el ATP por seis meses, ampliar la moratoria fiscal con planes de pago impositivos a diez años e inyectar vía Anses recursos para capital de trabajo equivalentes a la nómina salarial de cada empresa multiplicada por seis».

«Esto permitiría que las firmas cuenten con recursos para reactivar la producción rápidamente, una vez normalizado el escenario», agregó.

Por su parte, Mafud explicó que en su rubro, a las medidas del Gobierno se le suman «una buena voluntad y coordinación entre los trabajadores, a través de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y las cámaras empresarias para sostener el empleo».

«Vemos con buenos ojos la política sanitaria del Estado nacional y creemos que hay que seguir abriendo lo máximo posible, en la medida que los criterios de salud lo permitan», añadió.

Respecto a la recuperación pos crisis pandémica, el empresario de la construcción advirtió que «atender el déficit de viviendas, escuelas, centros de salud, y centros culturales» sería una buena salida para recomponer un sector que presenta más de 18 meses de caída consecutiva.

De acuerdo a sus observaciones, las pymes emplean al 80% de la mano de obra de la construcción por lo cual también pidió ser «incorporados como Cámara a la mesa de discusión tripartita entre Estado, sindicatos y empresarios».