El Poder Ejecutivo envió esta noche al Congreso un proyecto de ley para prorrogar hasta diciembre las atribuciones que le había otorgado el propio Parlamento, mientras se analiza una nueva movilidad jubilatoria.

El Poder Ejecutivo Nacional envió hoy a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para prorrogar hasta diciembre la facultad de aumentar los haberes de jubilados y pensionados por decreto, mientras el Congreso analiza un nuevo mecanismo de actualización de los haberes.

La comisión mixta de funcionarios y legisladores emitió un dictamen recomendando al gobierno y al Congreso prorrogar los artículos 55 y 56 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que suspendió la ley de movilidad aprobada en 2017 por la administración de Mauricio Macri y habilitó al Poder Ejecutivo disponer hasta este mes por decretos los aumentos.

Con estas facultades el gobierno otorgó en marzo una suma fija de $ 1.500, más una suma extra del 2,3%, que en el caso de las jubilaciones mínimas significó un aumento del 13%, mientras en junio el aumento será del 6,2%.

El proyecto de ley -firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero-, deberá ser analizado por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara baja para emitir el dictamen que se debatirá en sesiones del cuerpo.

La propuesta es rechazada por Juntos por el Cambio, que esta noche volvió a insistir en que se mantenga la ley aprobada en 2017, señaló el diputado radical Alejandro Cacace.

El proyecto oficial girado a Diputados propone prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida por el macrismo.

También extiende en ese mismo plazo la facultad para que el Poder Ejecutivo determine el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de «preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y a las beneficiarias de menores ingresos».

El gobierno sostuvo que debido a la crisis económica, que se agravó con la pandemia, «resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales establecidos por la ley.»

«Aún al momento de elevarse a consideración este proyecto de ley, es científicamente imposible determinar a ciencia cierta cómo habrá de evolucionar la pandemia del COVID-19, ya que ello depende de innumerables factores tanto epidemiológicos, biológicos, sanitarios como de comportamientos sociales, entre otros», agregó.

Señaló que «en virtud de ello, es imposible efectuar estimaciones serias sobre cuándo y cómo se levantarán las restricciones, totales o parciales, que afectan innumerables actividades económicas; cómo se restablecerá el comercio y el consumo; cómo y con qué tendencia evolucionará la recaudación general, la de los impuestos total o parcialmente afectados al sistema previsional, y la de aportes y contribuciones; cómo evolucionará la situación de empleo, y así, con las demás variables económicas».